La última apuesta de Piñera por crear un nuevo Código Penal

Desde 2013, el Mandatario ha intentado modificar el texto normativo que establece qué es delito y cuáles son sus penas. La Tercera conoció el detalle de los nuevos delitos y sanciones que contendrá el anteproyecto que se entregará a fin de mes al ministro de Justicia.


El 10 de marzo de 2014, a solo horas del término del primer mandato del Presidente Sebastián Piñera, el Ministerio de Justicia envió al Congreso una propuesta para establecer un nuevo Código Penal. Este texto normativo determina qué conductas constituyen delitos y qué sanciones deben aplicar los tribunales en cada caso.

Justamente esta trascendencia es la que ha entrampado la realización de reformas profundas al texto legal promulgado el 12 de noviembre de 1874, hace 144 años. Desde que entró en vigencia hasta la fecha, hay registros de cinco intentos fallidos por modernizar el Código Penal. El último de ellos data de marzo de 2014.

Tras asumir la presidencia, la Mandataria Michelle Bachelet ordenó revisar el trabajo realizado por la comisión y complementar su labor con nuevas propuestas. Para ello, Justicia convocó a otro grupo de académicos quienes, el 2 de julio de 2015, entregaron una anteproyecto a la entonces ministra del ramo, Javiera Blanco. Sin embargo, éste nunca llegó al Parlamento.

Según académicos que trabajan la elaboración de estas propuestas, para la actual administración llevar adelante esta reforma cobra especial relevancia tras el revés sufrido en 2014. Por esta razón, recalcan, tras asumir su segundo mandato una de las primeras tareas que encomendó Piñera al ministro de Justicia, Hernán Larraín, fue concretar el envío al Congreso del nuevo Código Penal, la que sería su última apuesta por cambiar este cuerpo normativo.

¿Qué modificaciones contendrá este nuevo Código Penal?, ¿Cuánto ha desembolsado el Estado para concretar estos cambios? Estas son algunas de las preguntas que La Tercera logró responder, tras acceder a documentos del Ministerio de Justicia en que se detallan algunos cambios centrales propuestos por la comisión de expertos, los cuales serán plasmados en un anteproyecto que a fin de mes se entregará al ministro Hernán Larraín (ver recuadro).

Cambios

Según los antecedentes recabados, los cambios propuestos por esta comisión apuntan principalmente a “superar la actual dispersión normativa; sistematizar las estructuras penales y los delitos; actualizar la normativa penal incorporando hechos que no se encuentran sancionados actualmente; modernizar el sistema de penas y, en general, actualizar la legislación penal”, detalla un documento de Justicia. Entre las modificaciones destacan siete puntos:

* Sistematización de las normas penales

De acuerdo al mismo documento del Ministerio de Justicia, la comisión apunta a agrupar en el Código Penal “muchos delitos que se encuentran dispersos en la legislación sectorial, desde la Ley de Mercado de Valores hasta la Ley General de Ferrocarriles”. Con ello se busca que “en el Código Penal se concentren todos los delitos”.

* Un Código expansivo

Los cambios también traen consigo sanciones a nuevos tipos de delitos. Así, según el documento, “habrá más delitos”, entre los cuales destaca el “hostigamiento o acoso, tomado del anteproyecto de 2013, que sanciona a quien, contra la voluntad de una persona y afectando gravemente las condiciones de su vida privada, la siguiere, intentare tomar contacto con ella, la llamare constantemente o le enviare comunicaciones”.

Además, se acordó tipificar como delito la difusión de imágenes ofensivas de terceras personas, en especial si éstas tuvieron vínculos amorosos pasados. Del mismo modo, se incluye en los delitos económicos el cohecho entre privados, iniciativa que ya había sido incorporada en un proyecto de ley anticorrupción, pero que se perfeccionaría en el nuevo Código Penal. Este ilícito permite, por ejemplo, sancionar a quienes en el mundo privado paguen coimas para adjudicarse licitaciones.

* Nuevo catálogo de penas

En el trabajo de la comisión se acordó asimismo que el anteproyecto establezca un “sistema que contemple las siguientes penas principales: prisión; reclusión parcial en establecimiento penitenciario o en el domicilio, libertad restringida, multa, trabajo en beneficio de la comunidad (como sustitución, salvo de la pena de prisión)”.

* Nuevo sistema para aplicar las penas

De acuerdo con los antecedentes del Ministerio de Justicia, dentro de la propuesta de modificaciones al Código Penal se encuentra “un nuevo sistema de penas que transforma radicalmente la estructura del sistema actual”. De esta forma, se detalla, “en el nuevo sistema las penas se expresan en años (prisión de 2 a 6 y no ‘presidio o reclusión menor en su grado máximo’). De esta forma se espera reducir el margen de interpretación para sancionar una conducta delictiva específica y se obliga a los jueces a aplicar la sanción que establece este nuevo Código.

* Cómo operará el nuevo sistema de penas

Durante los casi cinco años de análisis del Código Penal, la comisión de expertos detectó una serie de debilidades a la hora de aplicar sanciones para quienes cometen delitos. Producto de este análisis, plantean la necesidad de que se imponga “directamente la naturaleza y magnitud de la pena a cada delito (no hay un sistema general de sustitución). ‘El que haga X, será condenado a reclusión y multa’”, detalla el texto.

Asimismo plantean que “salvo razones de consideración o circunstancias muy calificadas, la magnitud de la pena que puede imponer el juez se corresponde con la que dispone el legislador. La pena de prisión se cumple de manera efectiva (cárcel), salvo que sea menor a un año, caso en el cual se convierte en otra pena”, argumentan.

Según el documento, la comisión plantea que “la regla general es la alternatividad de las penas de prisión, reclusión o libertad restringida. La multa es tanto pena alternativa como copulativa, según el caso. ‘El que haga X será condenado a la pena de libertad vigilada, reclusión o prisión de 1 a 3 años’”, proponen.

Otro punto que analizaron en este sentido es la sustitución de las sanciones: “Solo se sustituyen la reclusión, libertad restringida y multa, por trabajo en beneficio de la comunidad”.

En el caso de la multa, la comisión propuso que sea considerada “como una pena con una finalidad importante en muchos delitos, principalmente en los económicos. Se expresa en ‘días-multa’, en donde un día multa corresponde al promedio diario de ingresos de una persona de un año anterior a la condena (también con reglas para el caso que una persona quisiera esconder esos antecedentes). La intención es afectar mediante una pena de igual magnitud al condenado”.

* Consecuencias adicionales a la pena

De acuerdo a la propuesta planteada por la comisión, además de buscar sancionar a quienes cometen delitos, también se busca crear un “catálogo amplio de consecuencias adicionales a la pena: comiso, inhabilitaciones, registro de huellas genéticas, registro de antecedentes”. Un ejemplo de esta “consecuencia adicional” ocurriría en el caso del comiso de ganancias para una persona condenada por delitos tributarios o económicos, “por el cual se priva a una persona de activos patrimoniales cuyo valor corresponde a la cuantía de las ganancias obtenidas a través del hecho, los que se transfieren al Estado”.

* Responsabilidad penal de las personas jurídicas

Otro de los puntos que considera los cambios al Código Penal es la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

La novedad en este aspecto radica en que “se prescindirá de un sistema de catálogo y, en su reemplazo, la propia persona jurídica deberá determinar qué delitos, de conformidad con su actividad empresarial, deberá prever y prevenir”.

Sin embargo, detalla el documento de Justicia, “se asegura que, en toda empresa se prevengan ciertos delitos (por obligaciones internacionales). Así por ejemplo, una empresa minera deberá tener un sistema robusto de prevención de delitos medioambientales, y una empresa de contabilidad (que probablemente en su giro no provoque contaminación) deberá tener un sistema robusto de prevención de delitos tributarios”.

Los costos asociados

Los casi cinco años de espera por concretar los cambios al Código Penal, han significado destinar recursos públicos en los gobiernos de Piñera y Bachelet.

Según los registros del Ministerio de Justicia, entre 2013 y 2015, fechas en que trabajaron ambas comisiones de expertos, el Estado desembolsó $ 114,5 millones por concepto de pago de honorarios a los profesionales que trabajaron en estas instancias asesoras.

Este año, sin embargo, el trabajo que realizan los siete miembros del comité de académicos, sería a través de la modalidad ad honórem; es decir, sin percibir retribución económica por su trabajo.

Para el trabajo realizado por la comisión de 2013, convocada en el primer gobierno de Sebastián Piñera, se pagó por el trabajo de siete expertos. En promedio, cada uno recibió $ 10 millones en total por casi nueve meses de trabajo. En total, según los registros, en 2013 se pagaron $ 65 millones.

Luego, entre diciembre de 2014 y marzo de 2015, el Ministerio de Justicia destinó $ 49,5 millones para pagar los honorarios de seis expertos. Solo en el caso del abogado Héctor Hernández, según los registros de pagos que mantiene en su poder el ministerio, se continuó pagando sus honorarios entre septiembre y diciembre de 2015, los cuales ascendieron a $ 7,5 millones.

Según los registros del gobierno, sólo dos profesionales han participado en todas las comisiones formadas para este fin. Se trata de los abogados y académicos Juan Domingo Acosta y Héctor Hernández. Ambos también fueron convocados por el Ministerio de Justicia para participar en la elaboración del anteproyecto de 2018.

Jorge Bofill, Juan Pablo Cox, Francisco Maldonado y Álex van Weezel son otros de los abogados que participaron en comisiones anteriores y que, tras alejarse de esta instancia, retomaron sus labores este año. El abogado Jaime Couso es otro de los académicos que mantuvo su continuidad.

De acuerdo con las estimaciones de los expertos, la entrega del anteproyecto al ministro de Justicia estaría proyectada para fines de este año.

Los plazos que fijó el gobierno

Quienes conocen de cerca el trabajo que realiza la comisión de Código Penal estiman que para fines de este mes de septiembre la instancia entregará al ministro de Justicia, Hernán Larraín, el anteproyecto que contiene todas las modificaciones al cuerpo normativo.

Luego de recibir el documento, la cartera de Justicia comenzará una segunda etapa: la revisión de todos los cambios propuestos.

Una vez efectuada esta tarea, se dará paso a un trabajo en conjunto con cada cartera del Estado. Así, por ejemplo, si se realizaran cambios en materia medioambiental, Justicia trabajará junto al ministerio del ramo para determinar si los cambios son competentes o no. Lo mismo ocurrirá en el caso de los delitos del área de la salud, donde la opinión de los expertos del Minsal será clave para dar luz verde para el envío del proyecto del gobierno.

Según quienes han trabajado de cerca en esta instancia, el envío final del documento al Congreso para su revisión y eventual aprobación estaría fijado para fines de este año, plazo que habría marcado el Ministerio de Justicia para dar curso a este proyecto que, por cinco años, ha sido esperado por el Presidente Sebastián Piñera.

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