Ley de Responsabilidad Parental: Orellana advierte que propuesta de nueva Constitución “podría trabar” aplicación de la normativa

La ministra de la Mujer, Antonia Orellana, entrega un balance respecto seis años de la promulgación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.
La ministra de la Mujer, Antonia Orellana.

La normativa más conocida como "Ley Papito Corazón”, faculta a los tribunales a investigar el patrimonio de los deudores de pensión alimenticia, con el propósito de encontrar recursos que salden esa deuda. Uno de los procedimientos extraordinarios de la ley, permite buscar los recursos en los fondos previsionales del deudor. Es por ello, que han surgido cuestionamientos respecto de la propuesta de Nueva Carta Magna, que establece que los fondos previsionales no se pueden expropiar.


La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana manifestó este sábado que la propuesta de nueva Carta Magna “podría ser una posibilidad para trabar el trámite” en la aplicación de la Ley de Responsabilidad Parental (”Ley Papito Corazón”), que faculta a los tribunales a investigar el patrimonio de los deudores de pensión alimenticia, con el propósito de encontrar recursos que salden esa deuda. Uno de los procedimientos extraordinarios de la ley, permite buscar los recursos en los fondos previsionales del deudor.

Consultada sobre un eventual peligro para la aplicación de la ley, relacionada al artículo de la propuesta constitucional que establece que los fondos de las AFP no pueden ser expropiados, Orellana explicó que “uno de los problemas que estamos teniendo con la aplicación de la ley y que buscamos mejorar tiene que ver con los tiempos de respuesta de tribunales y de los bancos”.

“Es por eso que en la Ley de Presupuestos 2024 por segundo año consecutivo (...) se incrementan de nuevo los recursos para los tribunales de Familia para que haya más dotación, es decir, más funcionarios para que hagan esta tarea, y más recursos para la Comisión del Mercado Financiero (CMF)”, explicó a Mega. “La CMF es el órgano regulador de los bancos, y, por lo tanto, para acelerar la respuesta de ‘aquí no hay plata, no hay monto para pagar y pasen a la siguiente etapa’, necesitamos acelerar eso”, complementó.

En ese sentido aseguro que “podría ser una preocupación porque habría un nuevo tribunal al que acudir, lo que entorpecería el proceso, porque si hay algo que tenga en duda su constitucionalidad, entonces se recurriría al Tribunal Constitucional”.

En relación a si la ley estaría en riesgo con lo estipulado en la propuesta, Orellana contestó que “mi consideración personal es irrelevante, lo que hemos analizado con la división jurídica es que podría ser una posibilidad para trabar el trámite de cada una de las causas”.

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