Lío de platas: diferencias de criterio del Consejo de Auditoría en gobiernos de Boric y Piñera marcan sesión de comisión investigadora

La comisión investigadora de la Cámara de Diputados sobre convenios con fundaciones espera recibir a 50 invitados.

En la reunión de este lunes, expusieron la subsecretaria general de la Presidencia, Macarena Lobos, y el exsubsecretario de la misma cartera, Máximo Pavez. El jueves habrá una nueva sesión, para la que está programada la intervención de la directora de Presupuesto, Javiera Martínez.


Este lunes, en una cita que se extendió por dos horas y media, sesionó la comisión investigadora de la Cámara de Diputados, instancia creada para indagar y recabar antecedentes sobre los eventuales traspasos irregulares de recursos desde reparticiones públicas a fundaciones.

Si bien la comisión de creó e inició sus labores el pasado martes 8 de agosto, la sesión realizada durante esta jornada fue la primera que contó con la participación de invitados, citados para entregar información relativa a los líos de platas, y en específico a aquellos relacionados a convenios en el marco del programa de asentamientos precarios del Ministerio de Vivienda.

A la reunión de este lunes asistieron la subsecretaria general de la Presidencia, Macarena Lobos, la directora de Presupuesto, Javiera Martínez, la auditora general de Gobierno, Daniela Caldana, y el ex subsecretario general de la Presidencia, Máximo Pavez.

La sesión estuvo marcada por un tenso cruce entre la diputada de Revolución Democrática, Ericka Ñanco, y el presidente de la comisión, José Miguel Castro (RN), luego que la parlamentaria solicitó que se inhabilite a su par del cargo por un posible conflicto de interés.

En concreto, Ñanco pidió la censura de Castro, la cual se votará el próximo lunes por los miembros de la comisión. La congresista advirtió días atrás que solicitaría la censura del presidente, ya que durante la pandemia, la Seremi de Salud de Antofagasta del gobierno anterior, Rossana Díaz (UDI), habría otorgado, vía trato directo, $513.128.000 a Hotel Altos del Sol, el cual pertenece al grupo empresarial Korlaet, en el que tiene participación la esposa del legislador.

Castro había abordado esta acusación al inicio de la reunión, pero luego de la intervención de Ñanco respondió que “es bien irrisorio ser cuestionado ahora, porque los delincuentes y tránsfugas por los cuales hoy estamos acá y tiene a todo Chile con las manos en la cabeza, son sus compañeros de partido”.

La respuesta de Castro molestó a la parlamentaria, quien le replicó en el mismo tono: “No me falte el respeto, si nos ponemos a comparar a compañeros de partidos tránsfugos entonces tenemos casos en la UDI y RN, como Torrealba”. Además, insistió en que Castro debería inhabilitarse “por un tema ético”.

Por algunos minutos, ambos parlamentarios continuaron la discusión: Ñanco pidiendo respeto, mientras que Castro solicitando silencio para responder a los cuestionamientos.

Diferencias de criterios del Consejo de Auditoría

En cuanto a los invitados, debido a lo extenso de las presentaciones y a las preguntas de los diputados de la comisión, en la jornada solo expusieron la subsecretaria Lobos y el exsubsecretario Pavez.

Las intervenciones, tanto de la representante del Ejecutivo, como de quien fuera parte del segundo gobierno del expresidente Sebastián Piñera, estuvieron destinadas a explicar los criterios del Consejo de Auditoría Interna de Gobierno (CAIGG) en cada una de las administraciones.

La primera en exponer fue Macarena Lobos, quien explicó que el órgano, que depende justamente de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), tiene entre sus tareas asesorar, proponer y hacer recomendaciones, “pero no tiene facultades decisorias”. “El Consejo de Auditoría General de Gobierno no es un órgano de control”, aseguró.

Asimismo, apuntó que el consejo, que actualmente es presidido por ella, en su rol de subsecretaria de la Presidencia, “no tiene facultades para hacer auditorías directamente a entidades del Estado, ya que carece de facultades para ello” y tampoco “puede hacer sumarios administrativos.”

En esa misma línea, y respondiendo a las consultas de los diputados, Lobos enfatizó que en el caso de los convenios que están siendo investigados en la actualidad por el Ministerio Público, “no se advirtieron irregularidades, ya que los informes contenían información agregada, y que no necesariamente era fidedigna, porque era autoinformada”.

Como ya lo había explicado semanas atrás el ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde, la subsecretaria comentó que la decisión de dejar de reportar las transferencias a terceros fue técnica y no política, y que fue tomada por la auditora general de Gobierno, y respaldada por los miembros del consejo, vale decir, ella como presidenta, la subsecretaria de Hacienda y la directora de Presupuesto.

“No hay un relajo de controles, hubo un cambio de foco de reportabilidad, un criterio técnico, como el control financiero contable le corresponde a Contraloría, la prioridad iba a estar en aquellas labores que son propias del consejo, y no abocamos a auditorías en terreno”, detalló.

Por su parte, Máximo Pavez manifestó su desacuerdo con Lobos, respecto a que los informes del consejo cuenten solo con información agregada: “Señalar que no están las herramientas técnicas no es cierto, son las mismas las de la Contraloría”, aseguró.

Según el exsubsecretario, durante la segunda administración de Piñera, uno de los mandatos al Consejo de Auditoría Interna fue reportar las transferencias a terceros.

“Entre 2018 y 2022 se detectaron varias irregularidades y se corrigieron, se intentaron corregir con los medios que teníamos”, dijo a este respecto Pavez.

De la misma forma, cuestionó que durante el actual gobierno el consejo no haya sesionado todavía.

“No hay razón jurídica, administrativa ni política para no haya sesionado, no sesionar es una infracción a la normativa”, recalcó.

En esa misma línea, expuso que “la actual administración solo a partir de junio de 2022 tuvo una auditora general de Gobierno”, y además “se demoró 11 meses en dictar sus objetivos”.

Finalmente, la exautoridad señaló que “la instrucción de no reportar no está en el DS 12 (decreto supremo que creó el Consejo de Auditoría Interno), lo va determinando cada administración”, agregando que “nosotros le pusimos empeño de hacerlo de manera adecuada, nosotros tratamos de tener más información, el actual gobierno parece que quiere tener menos información”.

Nueva sesión el jueves

La comisión investigadora de la Cámara volverá a sesionar el jueves, reunión a la que están invitados nuevamente Lobos y Pavez, además de la directora de Presupuesto, Javiera Martínez, y la auditora general de Gobierno, Daniela Caldana, que no alcanzaron a exponer este lunes.

En tanto, el próximo lunes están invitados la recién asumida ministra de Culturas, Carolina Arredondo, el ministro de Vivienda Carlos Montes, el exministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, además de los ministros de la administración anterior, Cristián Monckeberg y Felipe Ward.

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