Un pie de cueca protagonizaron en la inauguración de las fondas del Parque O’Higgins la ministra secretaria general de la Presidencia (Segpres), Macarena Lobos (independiente), y el titular del Interior, Álvaro Elizalde (PS).

Tras el baile, ambos se abrazaron luego de semanas de tensión y de sospechas en el oficialismo producto de la discusión de las reformas electorales: una para multar a los ciudadanos chilenos que no concurran a las urnas y otra para limitar el derecho a sufragio de los extranjeros, que hasta hoy pueden elegir a autoridades con solo tener cinco años de residencia temporal y discontinua.

En la mañana, Elizalde había tenido otro gesto con Lobos. Tras semanas de ausencia, este martes reapareció en el Congreso para tratar de persuadir a los diputados socialistas, quienes junto a otros legisladores se habían alzado especialmente en contra del proyecto que fijaba la multa. Las gestiones del ministro dieron resultados y varios diputados PS salieron en la tarde a remarcar que apoyarían el acuerdo alcanzado por la ministra de la Segpres.

Con ello, ambas iniciativas, que ya cuentan con un respaldo transversal, finalmente se votarán el lunes 29 de septiembre, al regreso de las Fiestas Patrias, en una sesión especial extendida que se realizará entre las 16 y 20 horas. Si de aquí a ese lunes no hay ningún hecho político nuevo, aquellas votaciones le podrían dar al Presidente Gabriel Boric un nuevo acuerdo legislativo, tal vez el último que pueda lucir a meses de dejar su mandato.

El recorrido y el desenlace, sin embargo, no fueron sencillos. La tramitación estuvo marcada por aquella rebelión de diputados oficialistas que, a inicios de septiembre, se negaron a aprobar la multa debido al impacto electoral que tendría en los comicios de este año. En represalia por ello, los senadores y diputados opositores acordaron un bloqueo legislativo que duró cerca de una semana.

El problema de ello es que la rebelión dejaba en una incómoda posición a la ministra Lobos, quien, incluso, llegó a firmar un acuerdo con los senadores de oposición para convencer a los parlamentarios de gobierno de que la derecha se abriría a restringir el sufragio de los inmigrantes (no nacionalizados) a partir de 2026.

Este cambio a la Carta Fundamental -que tenía ribetes históricos, al alterar una disposición que existe desde 1980- era una demanda sentida por el oficialismo debido a que, a futuro, no en estos comicios, reducirá la incidencia de la mayoritaria comunidad venezolana, hoy crítica de la izquierda. No obstante, para el Ejecutivo, regular el voto extranjero también era una necesidad de Estado, ya que a la larga se podría traducir en una vulnerabilidad para la soberanía y la seguridad nacional ante la actual oleada migratoria.

Convencer a las partes en juego requirió semanas. De hecho, en el mismo oficialismo admitían que en el propio gobierno no todos estaban de acuerdo con avanzar con este acuerdo, básicamente por el diagnóstico electoral de que la multa -que refuerza el carácter obligatorio del voto- perjudica la postulación presidencial de Jeannette Jara (PC) y, por otro lado, favorece a José Antonio Kast (republicano) y a Franco Parisi (PDG), quienes se muestran más interpeladores a la clase política y se nutren de un votante disgustado y apático que es obligado a concurrir a las urnas.

Esos intereses alimentaron durante semanas que había una fractura entre dos almas en La Moneda, por un lado, la ministra Lobos y el Presidente Boric -que eran proclives al acuerdo- y, por otro lado, la postura de Elizalde, avalada, además, por los cálculos del comando de Jara.

Si bien en Interior y en la Segpres siempre negaron que hubiera un quiebre, algunos admiten que había diferencias tácticas y estratégicas de cómo abordar la negociación.

Elizalde vetado

Originalmente fue Elizalde quien tomó el control de las tratativas iniciadas en la Cámara de Diputados. Sus interlocutores eran el presidente de la corporación, José Miguel Castro (RN), y la diputada Joanna Pérez (Demócratas), autora del proyecto que fijaba la multa por no votar.

Entonces no estaba sobre la mesa la reforma para restringir el sufragio extranjero. La única concesión que hacía la derecha era excluir de la sanción económica a los migrantes (no nacionalizados). Elizalde, sin embargo, exigió más a cambio, pero los negociadores de oposición no aceptaron.

Sin ningún acuerdo cerrado, Castro decidió hacer una medición de fuerzas y citó a una sesión especial para votar la multa. En respuesta, el oficialismo mayoritariamente rechazó la idea de legislar, en línea con las exigencias de Elizalde. Pese a ello, la oposición, junto a la DC, que era partidaria de la multa (bajo la suposición de que ello incide en un voto moderado), lograron aprobar en general la iniciativa. La resistencia socialista fue liderada por el diputado Daniel Manouchehri (uno de los parlamentarios cercanos a Elizalde), quien presentó indicaciones para alargar la discusión.

En esos momentos, el diálogo entre diputados de oposición y el gobierno estaba quebrado. Incluso, Elizalde fue “vetado” por las bancadas opositoras para cualquier discusión.

Para bajar las tensiones, el ministro del Interior decidió replegarse y delegar las negociaciones a Lobos.

La decisión era arriesgada, pues en el pasado, en la discusión por la reforma que permitió excepcionalmente la realización de elecciones en dos días, ella y el actual jefe de gabinete ya habían protagonizado un cortocircuito precisamente por el mismo tema: la multa y el voto extranjero. En la anterior ocasión, Elizalde -quien era ministro de la Segpres- hizo un cambio repentino en el texto que durante meses había trabajado Lobos. La idea del secretario de Estado era que la sanción económica excluyera a los migrantes, debido al efecto electoral.

Esa irrupción de Elizalde molestó a Lobos y congeló la relación entre ambos durante semanas, a pesar de que siempre se han tenido respeto. Si bien aquel episodio fue superado, la exsubsecretaria y actual ministra secretaria general de la Presidencia había decidido, hasta ahora, no volver a jinetear reformas electorales y políticas para no volver a tener un choque con el jefe de gabinete.

Al asumir el control de este tema, la primera tarea de Lobos fue tratar de recomponer confianzas, además, abrió una negociación paralela con los senadores de oposición para regular el voto extranjero en una reforma constitucional, ante la cual la derecha se allanó, siempre y cuando la multa por no votar pudiera regir este año y que el cambio para los extranjeros se aplazara para los comicios del 2028 en adelante.

En el oficialismo, sin embargo, comentan que Elizalde era partidario de dar una lenta tramitación a la multa -medida demandada por la oposición- para obligar a que la derecha cediera un poco más en las restricciones al voto de inmigrantes.

El problema es que nuevamente, sin tener un acuerdo cerrado, el presidente de la Cámara llamó a una nueva sesión para votar el proyecto de la diputada Pérez sobre la sanción monetaria. En aquella jornada del 2 de septiembre, el oficialismo en bloque logró rechazar el artículo de la multa, despachando un texto al Senado sin su capítulo principal.

Ello volvió a alimentar las sospechas de que Elizalde otra vez estuvo detrás torpedeando la iniciativa.

Respaldo de Boric

El escenario era complicado para Lobos, que a esas alturas ya estaba comprometida con los senadores de avanzar simultáneamente con ambas reformas electorales. Incluso, algunos legisladores temían que la ministra presentara su renuncia, debido a que los diputados oficialistas no se estaban ciñendo a su estrategia.

En el gobierno admiten que fueron los días más difíciles para la secretaria general de la Presidencia. No obstante, hubo una reunión clave de ella con el Presidente Boric el jueves 4 de septiembre, en la que le dio el respaldo a su plan legislativo. Al día siguiente, tras un consejo de gabinete realizado el 5 de septiembre, el Mandatario instó públicamente a apoyar el acuerdo para regular la multa en la ley (ya que el voto obligatorio existe en la Carta Fundamental) y hacer una modificación por los extranjeros.

Salvo algunos descuelgues, los senadores del oficialismo se plegaron al llamado de Boric y junto a la derecha aprobaron ambas reformas el miércoles 10 de septiembre.

Sin embargo, la resistencia persistía entre los diputados oficialistas. Por ello, la ministra, para no correr riesgos, convenció al presidente de la Cámara de no poner en tabla ambos proyectos esta semana. Castro, por fin, le hizo caso y pospuso las votaciones para el 29 de septiembre.

Ayer en la tarde, tras asistir a la Comisión de Constitución, donde sus integrantes dieron una aprobación unánime a la reforma sobre los extranjeros, Lobos pudo recién respirar aliviada y junto al subsecretario Nicolás Facuse (PS), quien fue su principal aliado en estas tratativas partieron rápidamente a Santiago para participar de la inauguración de las fondas.