Por 105 votos a favor frente a 46 en contra, este martes la Sala de la Cámara de Diputados despachó a ley el proyecto de Escuelas Protegidas, iniciativa del gobierno de José Antonio Kast que establece medidas de seguridad, orden y respeto para la comunidad educativa.

En la vereda del gobierno, además de la ministra de Educación, María Paz Arzola, en esta etapa de la tramitación tuvo especial injerencia la subsecretaria General de la Presidencia, Constanza Castillo, quien realizó diversas gestiones políticas para evitar que el proyecto terminara en Comisión Mixta.

La iniciativa aprobada contempla una serie de medidas preventivas y sancionatorias en establecimientos educacionales, entre ellas la revisión de mochilas, la prohibición del uso de capuchas, y la pérdida del beneficio de la gratuidad en educación superior con la incorporación de un nuevo requisito para poder acceder. A los tres que ya contempla la ley actual, el proyecto añade la condición de “no haber sido condenado por sentencia firme y ejecutoriada por delitos que atenten contra la vida, la integridad física o psíquica de las personas, contra la propiedad o la infraestructura pública”.

Pero durante la votación los diputados Juan Santana (PS), Héctor Ulloa (Independiente) y Emilia Schneider (FA) pidieron reserva de constitucionalidad para ciertos artículos, acusando que vulneraban garantías constitucionales de los estudiantes.

Santana, por ejemplo, hizo reserva en el artículo de la pérdida de gratuidad por considerar que el establecimiento de una doble sanción -pena judicial y pérdida de gratuidad-, y que la regulación se derive a reglamento contraviene las garantías del debido proceso y desproporcionalmente el derecho a la educación".

Mientras, en la oposición también argumentan que la propuesta del Ejecutivo que incorpora una revisión a las vestimentas y efectos personales del estudiante resulta en una afectación del principio de proporcionalidad.

En esa línea, en un punto de prensa en el Congreso, la diputada Daniela Serrano (PC), integrante de la Comisión de Educación, acompañada de Schneider, Santana y del diputado Boris Barrera (PC), anunció que como oposición presentarían un requerimiento ante el Tribunal Constitucional (TC). Eso se esperaba concretar vía correo electrónico bien avanzada la jornada.

“Lamentablemente, en la Cámara se ha agotado el diálogo, porque cuando proponemos de manera reiterada, incluso normas que puedan ayudar a darle precisión jurídica, a ayudar también a dar certidumbre en materia de derechos, de indemnidad de niños y niñas, estos son de manera reiterada rechazadas”, había indicado temprano Serrano.

En ese sentido, señaló que, “lo que corresponde ahora es que un grupo de parlamentarios y parlamentarias hagamos este requerimiento al TC, porque no podemos permitir que por un gusto ideológico, tanto del Presidente de la República como de diputados y diputadas acá, se pasen a llevar derechos constitucionales, consagrados en nuestra Constitución".

La diputada Serrano hizo énfasis en que no se debería permitir que “se prive del derecho a educarse a aquellos estudiantes más pobres, porque aquel estudiante que tiene los medios para ir a la educación superior, no va a recibir una doble sanción”.

Consultada sobre las reservas de constitucionalidad, la ministra de Educación, María Paz Arzola, afirmó tras aprobado el proyecto que han estudiado sus disposiciones y esto no los inquieta. “Estamos tranquilos con lo que se ha discutido, con lo que se ha tramitado, y pensamos que la reserva de constitucionalidad es parte del proceso”, afirmó. “Los parlamentarios están en su legítimo derecho de poder recurrir a este tipo de instancias, pero nosotros estamos tranquilos, hemos estudiado bien las disposiciones que contiene este proyecto, esta ley”.

En ese sentido, afirmó que “estamos solamente esperando para poder poner a disposición de los colegios las herramientas que son necesarias. Este proyecto viene a formalizar prácticas a las que los colegios ya están teniendo que recurrir, y por lo tanto necesitamos avanzar con ellas cuanto antes en su implementación”.

Debate en sala

En la discusión parlamentaria la mayoría de los diputados oficialistas se manifestaron a favor del proyecto, apuntando que era una iniciativa necesaria frente a la violencia que se vive en los establecimientos.

“La oposición nos acusa de incriminar. Nada más alejado de aquella realidad”, manifestó al respecto en el debate el diputado Andrés Celis (RN). “Protegemos el derecho a estudiar en paz de la inmensa mayoría de los jóvenes de nuestra región y de nuestro país, aislando las conductas delictivas”.

Por su parte, desde la Democracia Cristiana, el diputado Jorge Díaz, si bien indicó que votaba a favor, hizo un punto en cuanto a que el proyecto no incluye presupuesto, “lo que es una clara amenaza para un sistema cuyos recursos, se sabe desde ya, son insuficientes”.

Desde la oposición en tanto, el diputado Luis Cuello (PC) manifestó que pese a las modificaciones planteadas por el Senado, éste “sigue siendo un proyecto que criminaliza y no resuelve el problema de la violencia en la sociedad que se expresa en las escuelas”.

Emilia Schneider (FA) por su parte, si bien indicó que “sin duda este proyecto se mejoró sustantivamente en el Senado”, cuestionó que no fuesen escuchados desde su sector en la discusión en primer trámite en la Cámara.

“Nosotros desde el Frente Amplio le dijimos al gobierno, le dijimos a la ministra de Educación, le propusimos distintas mejoras para poner límites a los abusos que eventualmente podría justificar este proyecto (...) pero el gobierno no escuchó, la ministra no escuchó y no quiso dialogar con nosotros, quisieron tramitar este proyecto a tontas y a locas”.