Oposición ingresa acusación constitucional contra Intendente de Santiago

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El borrador preliminar, tal como adelantó La Tercera, acusa a la autoridad de haber infringido la Constitución al impedir la libertad de circulación y el derecho de reunión, al desplegar -desde el 20 de diciembre- una estrategia de "copamiento" para evitar las manifestaciones no autorizadas en el sector de Plaza Italia.


Este jueves a las 9.30 horas la oposición ingresó a la Cámara de Diputados la acusación constitucional contra el Intendente de Santiago, Felipe Guevara.

El borrador preliminar, tal como adelantó La Tercera, acusa a la autoridad de haber infringido la Constitución al impedir la libertad de circulación y el derecho de reunión, al desplegar -desde el 20 de diciembre- una estrategia de "copamiento" para evitar las manifestaciones no autorizadas en el sector de Plaza Italia.

El libelo establece el 17 de diciembre como el día en que  Guevara "modificó su política de manejo de las manifestaciones sociales". En este sentido, consignan que "el plan de 'copamiento' de Plaza Italia no cumplió con su objetivo, luego de que manifestantes pudieran igualmente llegar hasta el monumento a instalarse y protestar25. Además, contrario a las anteriores oportunidades de las últimas semanas (como el concierto del pasado viernes 13 de diciembre), y a raíz del plan dispuesto por la Intendencia, la jornada estuvo marcada por la violencia y enfrentamientos entre Carabineros y manifestantes".

En el texto se lee que "la actuación conforme a la Constitución por parte del señor Intendente Metropolitano debe conducirse y propiciar actividades que tengan por propósito la concreción del derecho a la reunión, no existiendo norma constitucional ni legal que permita promover acciones tendientes a hacer llamados de la autoridad a no participar. Todo lo contrario, es justamente quien se encuentra a cargo de velar por el orden y seguridad pública en el territorio local, el funcionario mandatado por el Estado para generar las condiciones que promuevan el correcto y libre ejercicio del derecho a reunión".

En la oposición están confiados en que lograrán los 78 votos que requieren para aprobar la ofensiva en la Cámara, donde nuevamente serán clave los respaldos de la DC y del PR, consignó La Tercera. En la DC, al menos, existe una crítica transversal a la gestión del intendente. Y fuentes de esa bancada aseguran que la mayoría estará por aprobar la acción. "Hay elementos plausibles para impulsar esta acusación, la que, de todas formas, juzgaremos en su mérito", dijo el diputado Matías Walker.

Además, en el resto de la centroizquierda ven con optimismo que uno de los impulsores del libelo haya sido el jefe de bancada falangista, Gabriel Ascencio, quien el lunes incluso firmó la solicitud que será ingresada a la Cámara junto a Ricardo Celis (PPD), Luis Rocafull (PS), Tomás Hirsch (PH), Gael Yeomans (Convergencia Social), Claudia Mix (Comunes) y Karol Cariola (PC).

Reacciones

Una vez ingresado el libelo, el jefe de los diputados del PPD, Ricardo Celis explicó -en diálogo con CNN Chile- que "a los intendentes se les acusa por la acción, y aquí hay un accionar de su parte que ha sido errónea. Y lo que ocurrió el 31 demostró que su decisión había sido errónea. Después del 31 sentí que que cambió su vocabulario. Pero en esta ocasión sí creo que la acusación constitucional tiene lugar".

Y agregó que "hubo dos viernes donde el intendente tomó una decisión, la cual trajo graves violaciones a los derechos humanos. Por eso lo hicimos".

El diputado Ascencio, en tanto, indicó que "esta acusación también tiene un mensaje, y es para todas las autoridades de gobierno que están incumpliendo la Constitución. Y que los intendentes sepan que no pueden hacer lo que se les ocurra, que hay una Constitución que nos garantiza el derechoa todas las personas y ese mensaje a juicio mío es clarito".

"Pero también que existen los ministros, que hay un ministro del Interior que es bien responsable por lo que sucede y que hay otras autoridades que también tienen que entender que o arreglamos el país en su conjunto o nosotros haremos valer nuestros derechos", añadió.

Mientras que su par del PS, Manuel Monsalve, aseguró que "orden público todos queremos, pero lo que no podemos normalizar en Chile es que para lograr orden público se haya que violentar los derechos humanos. Y aquí el intendente a través de sus decisiones políticas ha vulnerado derechos humanos que están en la Constitución".

Gobierno y Chile Vamos respaldan gestión del Intendente

"Le pediría a la oposición que en esta materia actúe con responsabilidad. El intendente está cumpliendo con su deber, y su deber es resguardar el orden público". Con esas palabras, el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, se refirió el lunes a la ofensiva. En la misma línea, su par de la Segpres, Felipe Ward, advirtió que "no se puede estar anunciando y presentando acusaciones constitucionales de forma permanente".

En esta línea, el presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, sostuvo que "el intendente lleva apenas dos meses, es imposible atribuirle responsabilidad en ningún hecho delictual, él está haciendo su trabajo, por lo tanto, creo que está acusación no tiene lugar, me parece incorrecta".

La senadora Jacqueline Van Rysselberghe, presidenta de la UDI, calificó la medida como un "asesinato político". "Me parece que uno tiene que resguardar la libre circulación de las personas. Desde el punto de vista de seguridad no sé si es la más efectiva o no, pero uno podrá estar de acuerdo o no con esa medida, desde el punto de vista de los resultados. Pero me parece que tratar de acusarlo constitucionalmente y asesinarlo políticamente me parece excesivo".

En el Ejecutivo afirman que será el ministro Gonzalo Blumel quien encabezará las gestiones para evitar que la ofensiva opositora avance al Senado, donde -en todo caso- requerirán 2/3 de los votos para aprobarla y destituir, de esa manera, a Guevara.

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