Las bancadas de diputados de la oposición presentaron este lunes la acusación constitucional en contra del exministro de Energía, Diego Pardow, el documento cuenta con dos capítulos infringidos y fue firmado por 11 parlamentarios.

A través de una declaración pública firmada por las bancadas de la UDI, Renovación Nacional (RN), Evópoli, Republicanos, Nacional Libertarios, Demócratas, Amarillos y el Partido Social Cristiano (PSC), anunciaron la AC en contra del ex secretario de Estado, tras conocerse el error de cálculo en las tarifas de luz.

La decisión definitoria se tomó luego que se reveló que la empresa transmisora Transelec realizó cobros extras por 100 millones de dólares y que esto fue informado al Ministerio de Energía hace un año, con Pardow encabezando la cartera.

En un punto de prensa, los diputados informaron que el documento cuenta con dos capítulos infringidos y argumentaron bajo el artículo N°8 de la Transparencia, que “establece el principio de publicidad y transparencia, reconociendo el derecho de acceso a la información pública, excepto en casos de reserva legal”.

El jefe de bancada RN, Frank Sauerbaum, indicó que: “Esperamos que los colegas del gobierno voten esta acusación constitucional y la estudien debidamente, sin hacer una defensa corporativa y más bien analizando los argumentos jurídicos que se presentan de una manera contundente”.

“Esperamos también que voten en conciencia en favor de la ciudadanía y no en favor de un ministro que ha demostrado nada más que ineptitud”, añadió.

Mientras que, la diputada Pamela Jiles (PDG) también formó parte de los firmantes señalando que “quienes estamos firmando esta acusación estamos convencidos de que nuestro rol fiscalizador no nos hace optativo el firmarla, es una obligación que tenemos con la ciudadanía, es una obligación constitucional frente a las innegables faltas que hay en este caso, que son, yo diría, el corolario de una larga lista de ineptitudes de ministros de este gobierno, pero que aquí se hacen más evidentes que nunca”.

El jefe de bancada de UDI, Henry Leal, apuntó que “él fue negligente al firmar el decreto tarifario. Era un ejército de abogados, nadie lo revisó, y ese error inexcusable, esa negligencia, afectó el bolsillo de todos los chilenos. No solamente eso, eso provocó una alza del IPC, subieron las cuentas de los hipotecarios, de todas las cuentas en UF, y eso lo pagaron todos los chilenos, esa era la negligencia del ministro Pardow”.

La acusación

El documento consta de 40 páginas y formula dos hechos precisos que se atribuyen al exministro. Según señalaron quienes la redactaron “es fundamental además tener en cuenta que la acusación se sostiene en hechos precisos en que incurrió el exministro, los que deben analizarse siempre en relación con la extensión de las consecuencias perjudiciales que le ocasionaron a millones de chilenos y familias del país”.

Al Sr. Pardow se imputan dos hechos en dos capítulos acusatorios diferentes en base al articulo N°8 de la Transparencia:

1. Infracción del deber de la Probidad Administrativa en sus faces de eficiencia y eficacia con ocasión del Decreto Tarifario que fijó los precios de la electricidad desde enero de 2024: En este capítulo, indican que Pardow intervino en la expedición del Decreto Tarifario que estableció el Precio Promedio que las empresas eléctricas cobran a los usuarios finales. En esta actuación el ministro se limitó a refrendar el Informe que previamente elabora la Comisión Nacional de Energía, sin reparar en que había un craso error en este Informe que era el empleo de una metodología errada que consideró dos veces el efecto de la inflación en relación con los reajustes de precios. En efecto, por un lado aplicó el Índice de Precios al Consumidor y por otro lado una tasa de interés nominal. El precio final a los usuarios quedó así mal establecido desde enero de 2024 y ello supuso cobros abultados por prácticamente dos años, los que fueron recién detectados en octubre por la Comisión Nacional de Energía al elaborar el Informe Técnico Preliminar para los precios que regirán en 2026.
2. Infracción del deber de Probidad Administrativa en relación con normas de actuación contenidas en la Ley Orgánica del Ministerio de Energía con ocasión de omitir actuaciones ante información advertida por Transelec y que implicó cobros adicionales en perjuicio de los usuarios: fue conocido que la empresa Transelec, única distribuidora de energía eléctrica del país, comunicó al Ministerio un error en la valorización de su capital, lo que repercutía en cobros erróneos y alza en perjuicio de los consumidores. Se tomó conocimiento de esta situación por parte del ex Ministro en 2024, pero este no realizó actuación alguna para corregir o enmendar esta actuación. Incluso en 2025 concretó un viaje oficial a China donde se reunió con controladores de la empresa, desconociéndose completamente los resultados de estas tratativas. La total inacción del ex Ministro supone nuevamente una infracción de lo previsto en el artículo 8 de la Constitución (Probidad Pública) en relación con aquellas normas administrativas y propias del Ministerio de Energía que le exigían obrar con rapidez ante esta situación en resguardo del interés general de los usuarios del país.