Un retiro de hasta cinco millones de pesos, a modo de autopréstamo desde los fondos de ahorros previsionales, propone un proyecto de los diputados Rubén Oyarzo (radical), Jorge Durán (RN), Félix González (ecologista) y Karen Medina (independiente DC).

La iniciativa, presentada el año pasado, pretende ser reactivada por sus autores a tres meses de las próximas elecciones parlamentarias y presidenciales.

“Es necesario reflotar el autopréstamo. Vamos a ir a la Comisión de Constitución a exigir que se ponga este proyecto”, dijo Oyarzo, quien, en todo caso, no asistió esta semana a la instancia donde se encuentra radicada y congelada la iniciativa.

Esta se suma a un conjunto de mociones parlamentarias presentadas o reactivadas en los últimos días, que tienen un objetivo claro de generar visibilidad en el período electoral, o bien, aprovechar estos tiempos de campaña para reducir la resistencia de quienes se oponen, en vista de que son temas que concitan supuestamente apoyo popular.

El proyecto de autopréstamo es distinto a los retiros previsionales que propone la diputada Pamela Jiles (PDG), quien el año pasado presentó otra reforma en ese sentido y que también se encuentra en la Comisión de Constitución.

No obstante, todavía es un misterio si la legisladora, hoy aliada del candidato presidencial Franco Parisi, activará su presión pública, ya que por sí sola ella no podría abrir la discusión, dada la conocida resistencia del presidente de la comisión, el diputado Jorge Alessandri (UDI).

Esta semana la presentación de iniciativas de ese perfil popular no disminuyó. Incluso, fue tema de discusión al inicio de las sesiones de la Cámara, ya que se saltaban las facultades del Primer Mandatario, llegando a poner en tela de juicio el régimen presidencialista chileno.

El lunes, el mismo Oyarzo, con el apoyo de los diputados Miguel Ángel Calisto (indep. Demócratas), Karol Cariola (PC) y Marcela Riquelme (indep. ex Frente Amplio) presentaron una reforma constitucional para darle una atribución nueva a la Cámara “que obligue al Presidente de la República a renegociar los contratos eléctricos”, con el fin de reducir las cuentas de luz.

Esta semana, además, tras los reparos de la Contraloría por el uso del pase escolar, inmediatamente se presentaron dos mociones para permitir el uso “incondicional”, “permanente” e “ilimitado” de esta credencial de transporte público. Una de las iniciativas era de la DC y la otra, del oficialismo.

En tanto, la diputada Camila Musante (indep. PPD) anunció la presentación de un proyecto para declarar feriado el próximo 17 de septiembre, tema que inmediatamente generó debate en el Congreso. Algunos respaldaron la idea, otros derechamente le reprocharon el objetivo electoral.

En la Cámara Alta, en tanto, el senador José Miguel Durana (UDI) presentará un proyecto para suspender la implementación de la Convención de Ottawa. Este tratado internacional, suscrito por Chile, busca erradicar el uso de minas antipersonales, que en el caso de nuestro país fueron instaladas en los años 70 en la frontera norte en medio de tensiones con Perú.

A pesar de que el Ministerio de Defensa completó hace cinco años el proceso de desminado, Durana propone renunciar a la convención y volver a sembrar algunos explosivos para inhibir el flujo migratorio irregular y el tráfico ilegal a través del desierto. Dado que esa sería una facultad exclusiva del Presidente de la República, el senador UDI presentará un proyecto para "suspender indefinidamente los efectos del Decreto Supremo N° 4 de 2002, del Ministerio de Relaciones Exteriores", que promulgó la Convención de Ottawa.

A pesar de que algunas de estas iniciativas difícilmente tengan destino sin el apoyo del gobierno, tuvieron una amplia repercusión mediática, especialmente en canales de televisión.

Aunque muchos de estos proyectos no son del agrado del Ejecutivo -pues interfieren en facultades exclusivas del Presidente-, los ministros prefieren ahorrarse una polémica con legisladores que promueven estas medidas, ya que ni siquiera serán sometidas a discusión en la Cámara y el Senado, y posiblemente quedarán congeladas indefinidamente.

Solo en aquellos casos en que estos proyectos han tomado vuelo en instancias legislativas el gobierno ha puesto algún reparo en forma clara y tajante.

Por ejemplo, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, y su par de la Secretaría General de la Presidencia, Macarena Lobos, al ser consultados por la prensa o requeridos por los propios parlamentarios, han cuestionado la reforma que busca eliminar cobros en unidades de fomento y la iniciativa que elimina el tope de las indemnizaciones por años de servicio.

“Sería un terremoto para el mercado hipotecario”, dijo Marcel al cuestionar la iniciativa en contra de la UF, presentada por el diputado Daniel Manouchehri (PS), quien salió a precisar que su apuesta era simplemente acotar el margen de uso de este instrumento, que hoy se emplea en colegios, en gimnasios y en el sistema de salud.

El problema de Marcel, sin embargo, recién se avecina. La discusión de la Ley de Presupuesto que comienza en octubre, probablemente se convertirá en el principal objetivo de la creatividad parlamentaria en tiempos electorales.

La tramitación del erario nacional, de hecho, facilita que los diputados y senadores agreguen glosas de distinta índole para tratar de condicionar el gasto público o bien permitir medidas y adquisiciones de interés popular.