Finalmente, a través del Senado, el gobierno ingresó la reforma que entrega una nueva facultad constitucional al Presidente de la República para desplegar a las Fuerzas Armadas en la frontera sin necesidad de una aprobación periódica del Congreso.

El 8 de octubre pasado, el Presidente Gabriel Boric anunció esta medida en una visita a Colchane, con el fin de tener una política militar permanente en zonas fronterizas.

Sin embargo, ello generó particularmente incomodidad en el oficialismo, que le exigió al Ejecutivo tener algún mecanismo de control parlamentario.

En respuesta, el proyecto, del que se dará cuenta esta semana, incluirá una herramienta revocatoria de parte del Poder Legislativo, además que las autoridades gubernamentales estarán obligadas a dar reportes al Parlamento cada cierto tiempo.

Separar normas

Si bien la Carta Fundamental ya contempla, desde 2023, gracias a una reforma aprobada en este gobierno, que los militares sean empleados en resguardo de la frontera y de la infraestructura crítica, la normativa actual obliga a que, al cabo de tres meses, el Ejecutivo tenga que pedir la aprobación de la Cámara y el Senado para renovar la presencia de tropas.

De acuerdo a la disposición, solo el primer decreto no requiere de la venia parlamentaria, pero después es necesario someter cada prórroga al consentimiento, por mayoría simple, de ambas ramas del Poder Legislativo.

La idea del Ejecutivo es separar lo que es resguardo de la frontera (por lo general, zonas deshabitadas) y la protección de infraestructura crítica (obras públicas, centrales energéticas, establecimientos de salud, lugares de abastecimiento de alimentos y agua potable, etc.), ya que tienen definiciones completamente distintas. Sin embargo, en la pasada tramitación quedaron ligadas.

De acuerdo al análisis del gobierno, el resguardo de fronteras, a raíz de la crisis migratoria, necesita de una política de más largo plazo, mientras que la protección de infraestructura crítica es más bien circunstancial.

Por ello, la principal novedad del anuncio de Boric era ahorrarse el control efectivo del Parlamento.

Controles

“La diferencia es el tema de la renovación (del despliegue militar del Congreso cada 90 días), pero igual va a haber una facultad para efectos de que el Parlamento pueda revocarlo con cierto quórum”, explicó la ministra secretaria general de la Presidencia, Macarena Lobos, quien agregó que, además, se mantiene la lógica de reportabilidad al Congreso con entrega periódica de información.

La reforma igualmente dotará de atribuciones especiales a las FF.AA. para el control de identidad, el registro de personas y la detención por flagrancia para poner a disposición de las policías, además de la posibilidad de colaboración a las autoridades migratorias.

La ministra añadió que la reforma surgió producto “de la buena evaluación que hemos tenido de la colaboración de las Fuerzas Armadas en el resguardo de zonas fronterizas”.

Por ello, precisó que se decidió fijar esto “de manera permanente, porque efectivamente la renovación (cada tres meses) genera una dificultad respecto de la planificación”. Lobos agregó que la idea “es como independizar” el resguardo de la frontera de la infraestructura crítica, porque “son realidades distintas”.