Más de siete semanas han pasado desde que el Senado resolvió no “despachar a ley” la reforma política -impulsada por el anterior ministro del Interior, Álvaro Elizalde (PS)-, con el fin de hacerle un último retoque a esa iniciativa en una comisión mixta.

El problema es que esa instancia, que supuestamente se iba a conformar a la brevedad -por cinco senadores y cinco diputados- para zanjar el último nudo de ese proyecto, ni siquiera se ha constituido.

Sin ningún tipo de “urgencia” por parte del Ejecutivo, esta iniciativa que buscaba mejorar la “gobernabilidad” del Congreso y otras reformas políticas que se han ido acumulando en los últimos meses, siguen esperando alguna señal de la actual administración del Presidente José Antonio Kast.

La reforma de Elizalde

En lo esencial, la pendiente reforma política del exministro Elizalde -que ya fue aprobada en gran parte por el Senado y la Cámara- busca fortalecer a los comités parlamentarios y elevar restricciones para la conformación y el financiamiento de partidos, además de los requisitos para candidaturas independientes.

Aun cuando la norma también apodada “Ley Antidíscolos II”, tenía un respaldo político transversal, en casi todo el articulado, desde el PC a los republicanos, los senadores resolvieron que era mejor pulir la redacción respecto de una exigencia sobre las declaraciones de principios de los partidos.

Sin embargo, la totalidad de las otras modificaciones realizadas por la Cámara Baja fueron visadas por una amplia mayoría en el Senado. Ello ocurrió el martes 9 de junio, en una votación que ya se venía posponiendo desde marzo, ya que, al asumir, la administración del Presidente Kast no tenía esta reforma como una de sus prioridades legislativas.

De hecho, a pesar de que el Presidente Gabriel Boric mantuvo hasta el final a esta iniciativa con carácter de discusión inmediata (máximo seis días por cada cámara), el gobierno de Kast nunca le dio un respaldo explícito.

Aunque para el Ejecutivo, este proyecto y otras reformas políticas no son necesariamente contradictorias con su programa, ninguna iniciativa de esta naturaleza hoy cuenta con algún nivel de “urgencia” (atribución que tiene el Presidente de la República para apurar discusiones legislativas).

La única excepción, sin embargo, fue una moción heredada por el expresidente de la Cámara, José Miguel Castro (RN), que buscaba elevar el quórum para revertir las inadmisibilidades de proyectos de ley. El problema es que esa moción fue rechazada y no se puede volver a discutir en un año.

Por mientras, las otras iniciativas de corte político, no solo del gobierno anterior, sino también algunas presentadas por legisladores, tanto del oficialismo como de la oposición, siguen esperando que La Moneda les dé el visto bueno, ya que es difícil que avancen sin algún grado de patrocinio gubernamental.

Aunque las autoridades del Ejecutivo no descartan apoyar en algún momento iniciativas de este tipo, el problema es que las reformas políticas, al igual que la agenda valórica -que fue destapada por el proyecto antiaborto de los libertarios “Escucha su corazón”-, se escapan del relato de un gobierno de emergencia.

En su programa gubernamental, Kast fijó que sus prioridades debieran estar en las tres emergencias en materia social, económica y de seguridad. Sin embargo, no hay alusiones explícitas a la necesidad de modernizar la institucionalidad política.

Creciente demanda

No obstante, a poco andar en el gobierno, el propio oficialismo se ha comenzado a dar cuenta del mismo diagnóstico que tenía la administración de Boric (y antes la del fallecido Sebastián Piñera y antes la de Michelle Bachelet), de que el sistema político requiere un ajuste, ya que el fraccionamiento partidista y parlamentario, perjudica el ejercicio de las mayorías para aprobar proyectos de interés gubernamental.

Ello se ha evidenciado, por ejemplo, en la tramitación de la megarreforma de reconstrucción y reactivación económica, que ha obligado a los ministros Jorge Quiroz, Claudio Alvarado y José García a depender y negociar votos del PDG, de la DC, de la Frevs, del PPD, de los libertarios y de ciertos independientes para evitar derrotas. Cada negociación, sin embargo, implica hacer concesiones y dar preferencia a exigencias de estos grupos minoritarios, incluso por sobre las demandas de legisladores aliados.

“Sin duda hay otras urgencias, evidentemente, pero estos temas son importantes. El procedimiento condiciona el resultado. Y no hay dos lecturas en que el sistema político requiere cambios profundos que terminen con la fragmentación extrema que tenemos hoy y la mala calidad de la política. Es importante rebajar la cantidad de parlamentarios, bajar la cantidad de parlamentarios electos por distritos y aumentar el número de distritos de manera que sean más pequeños y que exista una mayor cercanía de las personas con sus representantes”, comentó la diputada Constanza Hube (UDI), quien parte de una incipiente coordinación para avanzar a un paquete de reformas políticas.

Sorpresivamente a esa idea también se plegaron los republicanos, que hasta hace algunas semanas seguían sosteniendo que estos cambios no eran prioritarios.

Paralelamente, un grupo de legisladores coordinados por el senador Luciano Cruz-Coke (Evópoli) y el diputado Diego Schalper (RN), presentaron reformas para elevar los requisitos de las acusaciones constitucionales, que se han transformado en mecanismos de presión de minorías y que desvían la agenda del Congreso. Esta arremetida es compartida por parlamentarios de derecha y también del PS, el PPD y la DC.

Adicionalmente, en la Cámara de Diputados sigue congelada otra reforma constitucional que establece un umbral para que los partidos puedan acceder a su representación en el Congreso. Esa iniciativa fue presentada en 2024 por un grupo transversal de senadores de Evópoli, de la UDI, de RN, del PS, del PPD y un DC. La moción -de la que el ministro García y la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN) son algunos de los autores-, ya fue aprobada por la Cámara Alta.

“Hay que darle primera prioridad a las reformas políticas. Estas reformas me parece que servirían mucho para perfeccionar el sistema político y, me parece, que en todas en general hay un acuerdo bastante transversal. Yo mismo le he solicitado esto, a los ministros Alvarado y García Ruminot. Una vez superada la Ley de Reconstrucción y, obviamente, las últimas emergencias, sería bueno pasar a las reformas políticas”, señaló el senador Cruz-Coke, quien además es presidente de Evópoli.

En esta aún difusa agenda de reformas políticas calzaría, además, el anuncio de este lunes del propio Presidente Kast para crear un test obligatorio de drogas en la Carta Fundamental, que, si bien tiene una justificación administrativa del punto de vista de seguridad y de combate al narcotráfico, también establece una causal de cesación de cargo a ciertas autoridades que consuman sustancias ilícitas.