Un cambio forzoso de sus prioridades legislativas debió realizar este lunes el Ejecutivo, que contaba con despachar esta semana desde la Cámara la reforma política que busca “promover la gobernabilidad”, frenar la creación de nuevos partidos y tratar de controlar el discolaje parlamentario.

Este proyecto, empujado por el ministro del Interior, Álvaro Elizalde (PS), iba a discutirse “hasta total despacho” en la Comisión de Gobierno este lunes para que, al día siguiente, el martes, se votara en la Sala de la Cámara. Para ello, el gobierno le había puesto discusión inmediata.

Sin embargo, este lunes el presidente de la comisión, el diputado Rubén Oyarzo (radical), quien tiene una dura resistencia al proyecto por su efecto contra candidaturas independientes y partidos pequeños, fue contactado por las autoridades de gobierno para comunicarle que se le quitaría la urgencia legislativa, debido a que el ministro Elizalde hoy está abocado plenamente a la emergencia por los incendios en el Biobío y el Ñuble.

Con ello, Oyarzo -en uso de sus atribuciones reglamentarias- canceló la cita para este lunes, por lo que la reforma política de Elizalde perdió una semana más en su tramitación.

“El gobierno tomó contacto conmigo para solicitar postergar la votación del proyecto complementario del sistema político”, dijo el legislador radical, exmilitante del PDG, quien explicó que “hoy la prioridad está en responder a la emergencia”.

“En coordinación con el gobierno, fijaremos el itinerario legislativo de este proyecto de ley”, añadió Oyarzo, cuya resistencia a la iniciativa ha sido avalada por legisladores independientes y por colectividades detractoras de esa reforma.

Otra semana perdida

Esa decisión también incidirá en la tabla de este martes. Aunque la reforma del Ejecutivo aparecía en primer lugar, al no contar con urgencia, sus detractores podrían recurrir a maniobras dilatorias toda vez que tampoco habrá un informe de la comisión. Por lo tanto, ya era un hecho que este martes ya no se votará.

El problema de este nuevo aplazamiento -por tercera semana consecutiva- es que instala graves dudas de que este proyecto y la otra reforma constitucional, redactada por un grupo transversal de senadores, puedan ver la luz antes del inicio de un nuevo período parlamentario.

Si bien tras las elecciones se generó un consenso de que había una reducida ventana de tiempo para despachar ambas reformas políticas, antes de la instalación de un nuevo Congreso, esa oportunidad se ha ido estrechando. Hoy solo quedarían dos semanas de trabajo legislativo (una en enero y otra a inicios de marzo), ya que en febrero se entra en un obligado receso.

Aunque el futuro Congreso podría seguir debatiendo estas iniciativas, la posibilidad de un acuerdo se diluye, ya que habrá cerca de un centenar de parlamentarios nuevos, que tal vez ni siquiera compartan el diagnóstico de los problemas de gobernabilidad, discolaje y fragmentación del sistema político. Es más, el próximo gobierno también podría tener otras prioridades.

Por ello, varios legisladores han comenzado a plantearle al gobierno que el realismo político recomienda posponer indefinidamente tanto la reforma del gobierno como la de los senadores.

“Toda la energía del gobierno y creo que la energía parlamentaria tiene que estar enfocada en resolver esta grave crisis, producto de los incendios en el Biobío y en Ñuble. Sería inentendible para la opinión pública que el mundo político esté dedicado a mirarse el ombligo y resolver sus problemas políticos, cuando hay miles de chilenos que en este minuto la están pasando mal. Muchos de ellos perdieron la vida. Muchísimas familias han perdido su vivienda. Tiene que haber un reordenamiento de las prioridades para avanzar también en un proceso de reconstrucción, y no estar para resolver problemas a la política”, dijo el vicepresidente de la Cámara, Eric Aedo (DC).

La semana pasada, incluso antes de los incendios, varios legisladores advertían que el escenario se había complicado para los cambios al sistema político.

“Yo observo dificultades objetivas para poder avanzar. Hay (otros) proyectos que tienen que ver con educación y con sala cuna, que son mucho más urgentes... Yo creo que esa discusión es tan profunda que tengo serias dudas de que se pueda dar en un espacio de semanas que nos quedan”, había dicho el diputado Luis Cuello (PC).

En la vereda completamente opuesta el diputado Luis Sánchez (republicano) había señalado la semana pasada que estos proyectos políticos “no eran una de las urgencias de los chilenos”.

Qué dicen las reformas

El proyecto gubernamental gestionado por el ministro Elizalde que modifica tres leyes orgánicas constitucionales (la de Partidos, la del Congreso y la de Votaciones y Escrutinios), hoy tiene discusión inmediata y se encuentra en la Comisión de Gobierno de la Cámara.

En lo esencial, la propuesta de La Moneda fortalece a los comités parlamentarios y eleva restricciones para la conformación y el financiamiento de partidos, además de los requisitos para candidaturas independientes.

La otra iniciativa es una reforma a la Constitución, impulsada por un grupo de senadores del PS, del PPD, de RN, de la UDI y de Evópoli, que fija un “umbral” (una barrera del 5% de los votos o contar con ocho parlamentarios) para que los partidos puedan elegir diputados. Además, establece una nueva causal de cesación del cargo parlamentario a aquellos que renuncien a sus partidos o bancadas.

Si bien la pérdida del cargo tiene apoyo desde el PC al Partido Republicano, el umbral es resistido por varias colectividades no solo de izquierda, también de derecha, como los libertarios y los socialcristianos.