Luego que tras reunión de comités se aceptara que se votara la iniciativa con quórum simple, este martes fue aprobado por 24 votos a favor y 20 en contra el proyecto de ley que buscaba tipificar como delito el ingreso clandestino a territorio nacional.

Además, se fijó plazo para presentar indicaciones hasta el 28 de mayo para ir perfeccionando el contenido del proyecto.

“Quisiera destacar simplemente que este es un proyecto que sin duda constituye una herramienta para enfrentar la emergencia en materia de migración irregular que hemos vivido en los últimos años en nuestro país”, destacó tras la aprobación de la iniciativa el ministro del Interior, Claudio Alvarado.

“Esta iniciativa sin duda incorpora un carácter disuasivo y tiene como finalidad la prevención y lo que es una de las características de las normas penales, prevenir”, añadió el representante del Ejecutivo.

En un punto la sesión tuvo que suspenderse para que, en sesión de comités, se llegara a un acuerdo para definir el quorum de la votación. Finalmente se estableció mantener la calificación simple con la que se votó desde la Cámara de Diputados.

El proyecto pasó a votarse en el pleno de la Cámara Alta luego de haber recibido un rechazo a la idea de legislar por parte de la Comisión de Gobierno del Senado.

Mientras tanto, la Cámara de Diputados lo aprobó en enero de 2024 por 88 votos a favor, 34 en contra y 14 abstenciones.

La iniciativa busca integrar una modificación a la Ley de Migración y Extranjería, de tal forma de sancionar con presidio el ingreso clandestino a territorio nacional.

En concreto, quienes incumplan la normativa se arriesgan a un castigo de presidio menor en su grado mínimo (61 a 540 días), además de una multa de 5 a 10 UTM.

Además, sube la pena a presidio menor en su grado medio a máximo (entre 541 días y 5 años) a quienes ingresen y además tengan prohibición vigente de ingreso a nuestro país.

Críticas de la oposición a efectividad de la medida y llamado a legislar del oficialismo

Desde la oposición, criticaron principalmente la efectividad que tendría la medida en el control efectivo de la migración.

El senador Pedro Araya (PPD) detalló que “transformar una infracción administrativa en delito no fortalece al Estado, al contrario, lo debilita porque desordena el sistema jurídico, tensiona principios básicos de la dogmática penal y genera una ilusión de control que no resiste análisis técnico ni evidencia empírica”.

Por su parte, Yasna Provoste (DC) señaló que el proyecto “por una parte lo que señala es tipificar el delito de ingreso clandestino, pero lo que hace en el fondo es que las personas que han ingresado clandestinamente a nuestro país se queden en nuestro país. Y al menos nosotros, desde el comité unido de la oposición, queremos que las personas que entraron de manera ilegal salgan del país”.

En la misma línea, Beatriz Sánchez (FA) detalló las aprehensiones que han exhibido sobre el proyecto de ley instituciones como la Corte Suprema, el Ministerio Público o la Defensoría Penal Pública.

“Si se busca que la entrada irregular provoque una expulsión pronta, esta legislación hará todo lo contrario, y no lo estoy diciendo yo, lo están diciendo varios de los organismos que recién mencioné”, enfatizó la parlamentaria.

Por otro lado, el senador Daniel Núñez (PC) señaló que la iniciativa habría ingresado a la Cámara durante 2022 en un contexto muy diferente al que se enfrenta actualmente en 2026, según las cifras entregadas por el director nacional de migraciones, Frank Sauerbaum.

“El objetivo que ustedes buscan, los precursores de este proyecto de ley, el año 2022 las condiciones cambiaron, y va a tener el efecto contrario”, señaló.

Mientras tanto, desde el oficialismo enfatizaron en la importancia de poder abrir la discusión en general sobre el proyecto.

En esa línea, el senador Andrés Longton (RN) señaló que resulta relevante tipificar el delito de ingreso irregular porque “las expulsiones administrativas hoy día dependen exclusivamente de la voluntad de los gobiernos”.

Además, el legislador resaltó que permitir una expulsión por vía judicial resulta “infinitamente más rápida que las expulsiones administrativas”.

“El que quiera ingresar a nuestro país tiene que tener claro que tiene que ingresar por pasos habilitados, que no le va a salir gratis, como le sale hoy día en que no tiene ningún costo cruzar las fronteras de nuestro país. Si el que no ha ido a Colchane, que lo vea con sus ojos”, agregó sobre el asunto.

Mientras tanto, Cristián Vial (Ind. Rep) señaló que “este proyecto es, en esencia, una advertencia jurídica contraria al efecto llamada que se produjo en el pasado. Desde el punto de vista técnico, además, no existe la criminalización de la migración, sino la asunción de una conducta específica, el ingreso clandestino muchas veces asociado a redes de tráfico, uso de documentación falsa o ilusión deliberada del control estatal”.

Por su parte, Alejandro Kusanovic (Ind.) resaltó que votaría a favor de la iniciativa, ya que “la falta de medidas oportunas y de acciones que estuvieran a la altura del gran problema migratorio que se estaba gestando generó incentivos indirectos hacia la irregularidad”.

“Es momento de corregir lo que no corregimos y de actuar, ya tuvimos suficiente falta de decisión, especialmente cuando estuvimos a tiempo de frenar el ingreso ilegal descontrolado”, añadió el legislador.