Hoy no, mañana tal vez. El ingreso del megaproyecto del Presidente José Antonio Kast, con el que pretendía dar un impulso legislativo a su plan de un gobierno de emergencia, sigue en suspenso.

Sin embargo, adelantándose a la presentación de la iniciativa miscelánea -que plantea ajustes tributarios, modificaciones a la permisología medioambiental, medidas para la reconstrucción por los incendios en Valparaíso y el Biobío y restricciones para la gratuidad en educación superior-, la mayoría de las bancadas de la Cámara ya maneja un preacuerdo para tramitar la propuesta presidencial.

En la reunión de comités del lunes, el presidente de la corporación, Jorge Alessandri (UDI), propuso a los jefes de bancadas derivar la iniciativa a más comisiones como Medio Ambiente y Vivienda. Ello implicaría no tramitarla exclusivamente en la Comisión de Hacienda, como pretendía el Ejecutivo, a solicitud del ministro Jorge Quiroz.

El diseño tenía como objetivo descomprimir el ambiente en la Cámara, ya que la mayoría de las fuerzas opositoras amenazaban con recurrir al Tribunal Constitucional para reclamar la vulneración de las atribuciones del Congreso para discutir una iniciativa. Incluso, soterradamente había una amenaza de censura contra el presidente de la corporación si es que no actuaba con ecuanimidad y no defendía los intereses de la institución, al resolver este punto.

A juicio de algunos legisladores, la apuesta de la administración de Kast perjudicaba el debate democrático -al emular prácticas legislativas de Donald Tump en EE.UU. y Javier Milei en Argentina-, enviando un proyecto misceláneo, que, además, tenía que tramitarse en un plazo reducido de tiempo y solo por una comisión.

En respuesta, el gobierno argumentaba que las leyes misceláneas, a través del proyecto de reajuste del sector público, existen desde los años 90.

Sin embargo, desde la oposición replicaban que esas iniciativas de reajuste -que modifican diversos cuerpos legislativos- suelen ser precedidas de un consenso previo, por lo tanto, no son una mera imposición del Poder Ejecutivo como lo sería este megaproyecto.

El plan de Alessandri, avalado además por la recomendación jurídica del secretario de la Cámara, Miguel Landeros, planteaba ceñirse en lo posible a los plazos del gobierno, pero ampliando las comisiones. No obstante, consideraba algunas innovaciones que se apartaban de la expectativa gubernamental.

Según lo que se conversó en la reunión de comités, la idea sería que el megaproyecto partiera su tramitación en la estratégica Comisión de Hacienda, que preside el diputado Agustín Romero (republicano) y que luego fuera derivado a las instancias de Vivienda (para analizar los temas de reconstrucción y beneficios habitacionales) y Medio Ambiente (para revisar las medidas de permisología).

La propuesta consideraba, además, una fórmula creativa: que las comisiones de Vivienda y Medio Ambiente sesionaran en forma simultánea para no retrasar la tramitación de este combo legislativo.

A pesar de esas concesiones, el diseño planteado por Alessandri cayó mal en el Ministerio de Hacienda, ya que los planes de Quiroz se basan en acotar el margen de tramitación a la comisión de la cartera para tratar de tener despachado el texto por parte de la Cámara antes de 1° de junio, según planteó en una reciente entrevista en El Mercurio.

Esa estrategia, además, fue acordada en la etapa en que Kast tenía aún la calidad de presidente electo, por lo tanto, contaba -al menos hasta ahora-, con el apoyo de la Presidencia de la República, incluyendo al propio Mandatario y a su equipo de asesores.

La jugada del presidente de la Cámara, en todo caso, tenía el respaldo de la UDI, RN y contaba con cierto beneplácito de los ministerios del Interior y de la Secretaría General de la Presidencia, cuyos titulares, Claudio Alvarado (UDI) y José García (RN), han mostrado una faceta más pragmática en las últimas semanas en comparación con el estilo más dogmático de Quiroz.

De hecho, García y Alvarado estuvieron detrás de la decisión de eliminar del proyecto la restricción a la gratuidad universitaria para los mayores de 30 años, a contrapelo de lo que sostuvo hasta el final el ministro de Hacienda.

En este caso, la innovación para tramitar el megaproyecto tiene como trasfondo una señal de autonomía de la Cámara ante el Ejecutivo y Quiroz, cuya relación con algunos legisladores del oficialismo y la oposición sigue siendo tirante desde que se aprobó el proyecto que buscaba atenuar el alza de los combustibles.

La postura del ministro de Hacienda, en todo caso, sigue siendo apoyada por los diputados republicanos y algunos legisladores gremialistas como Jaime Coloma (UDI), quienes ya no tendrían los votos suficientes para cambiar la fórmula de tramitación que propondrá Alessandri cuando ingrese el proyecto.