Mayor gremio salmonero acude a la Contraloría por oficio que paraliza concesiones y acusa “efectos perjudiciales” y contrarios a la Constitución

Imagen Arturo Clement 15

SalmonChile presentó la semana pasada un requerimiento ante la Contraloría para solicitar un pronunciamiento sobre la legalidad del oficio que emitió el Ministerio del Medio Ambiente, que suspende el otorgamiento de concesiones por la entrada en vigencia de la Ley N° 21.600 que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP). El gremio, que cuenta con 47 miembros permanentes, entre ellas grandes salmoneras, acusó una "una excesiva dilación en los procedimientos vinculados a las concesiones de acuicultura".


SalmonChile, el mayor gremio salmonero del país, solicitó el pasado 14 de noviembre a la Contraloría General de La República (CGR) un pronunciamiento sobre la legalidad del Oficio Ordinario N°234053 de la Subsecretaría del Medio Ambiente que frena las nuevas concesiones acuícolas. Esto luego de la puesta en marcha de la Ley N° 21.600 que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP).

El 22 de septiembre, la cartera liderada por la ministra Maisa Rojas emitió un oficio para aclarar “algunos efectos que resultan aplicables” en el marco de la entrada en vigencia de la Ley SBAP. En el documento, firmado por Ariel Espinoza como subsecretario (s) del Medio Ambiente, establece que las concesiones sectoriales que recaigan en áreas protegidas se seguirán por sus leyes respectivas, pero la nueva ley establece el requisito de que el área en que esté la concesión cuente con un plan de manejo y que la actividad sea compatible con sus objetivos. el caso es que la circular establece que el otorgamiento de una concesión requiere un informe favorable del SBAP. Pero al no estar en funcionamiento aún, este documento depende de otras instituciones como la Subsecretaría del Medio Ambiente y Conaf.

En su presentación, la asociación presidida por Arturo Clément, sostuvo que la Subsecretaría de Medio Ambiente carece de las facultades para fijar las normas de carácter general en materia de planes de manejo de las empresas salmoneras. Según la entidad, el oficio imparte órdenes a otros órganos de la administración del Estado, como la propia Subpesca y Conaf. Asimismo, el libelo sostuvo que el oficio genera efectos contrarios a la Constitución Política de la República (CPR), como la igualdad ante la ley; el derecho a desarrollar actividades económicas; el libre acceso a bienes; el derecho de propiedad y la afectación a la seguridad jurídica.

El oficio impone restricciones no previstas en la Ley N°21.600, excediendo sus competencias y vulnerando diversos derechos constitucionales y principios de orden jurídico-administrativo. Con ello. se generan efectos perjudiciales para una actividad económica relevante, afectando a concesiones de acuicultura que se encuentran en tramitación, así como aquellas válidamente otorgadas conforme con la normativa vigente, por cuanto el oficio también alcanza las solicitudes de relocalizaciones o modificaciones de sus proyectos técnicos”, consignó el escrito patrocinado por el abogado Eduardo Cordero, socio de Guerrero y Olivos.

Por su parte, Salmoneros de Magallanes optó por presentar una carta al Ministerio del Medio Ambiente en la que piden aclarar los efectos del oficio y manifiesta su preocupación por la ralentización en trámites vinculados a concesiones acuícolas. Mientras, el Consejo del Salmón presentará en los próximos días un requerimiento a la Contraloría y cuenta con la asesoría legal del exministro del Medio Ambiente, Javier Naranjo, hoy socio de Jara Del Favero.

SalmonChile agrupa a las principales empresas productoras y proveedoras de salmón atlántico, coho y trucha. La asociación es conformada por 47 socios de empresas nacionales y multinacionales, de las cuales 15 son empresas productoras y/o exportadoras, 9 son pisciculturas y productoras de ovas, y 23 son proveedores del sector, como laboratorios, plantas de alimentos, fármacos, servicios de logística y equipamiento, transporte envases y veterinarios, entre otros.

Según el gremio, “la industria del salmón se ha convertido en un factor clave de la economía chilena. Hoy, Chile es el segundo productor de salmónidos en el mundo después de Noruega, concentrando el 28% de la producción mundial. Es el segundo producto más exportado en el país después del cobre. Durante 2021, las exportaciones de salmónidos se recuperaron de la pandemia del Covid-19, volviendo a superar los US$5.100 millones”.

“Las exportaciones de salmónidos han crecido a un mayor ritmo que el resto de las exportaciones del país. En 2010 representaban un 2,9% del total de exportaciones de bienes y en 2022 representaron un 7% de ellas, además en 2022 representaron un 12,72% del total de las exportaciones de bienes distintos del cobre”, acotó.

MultiX, Australis, Cermaq, Camanchaca, Ventisqueros y Cooke son parte de los socios de SalmonChile.

Retrasos

SalmonChile explicó que “se ha experimentado en el último tiempo una excesiva dilación en los procedimientos vinculados a las concesiones de acuicultura, los que en una importante cantidad se encuentran paralizados”.

“En la actualidad existen diversos procedimientos en materia de concesiones de acuicultura ante las autoridades administrativas, particularmente la Subpesca, sin embargo, una cantidad importante se encuentran totalmente paralizados o sin un avance relevante”. “Esta situación como se puede apreciar, no solo afecta la actividad que desarrollan nuestros asociados, generando incertidumbre y serios perjuicios económicos, sino que también constituye una infracción a los deberes eficiencia y eficacia conforme a los cuales debe actuar todo órgano y servicio público”, explicó.

Con el oficio, según el gremio, “la Subsecretaria ha vulnerado los principios de eficiencia y eficacia, ya que la suspensión indefinida en el tiempo impide la conclusión de un acto terminal y un pronunciamiento sobre las solicitudes formuladas por los interesados, todo ello dentro de un plazo razonable”.

Lo anterior, “ha implicado en los hechos que diversos procedimientos administrativos vinculados con concesiones de acuicultura, como sucede con la autorización para las relocalizaciones y modificaciones de proyectos técnicos que se llevan ante la Subpesca, se encuentren paralizados o sin un avance sustantivo, superando con creces los plazos para que se imita un pronunciamiento a este respecto”

“Es relevante que se emita un pronunciamiento a este respecto en relación con el deber de emitir un pronunciamiento expreso dentro de un plazo razonable”, concluyó.

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