Las últimas y duras señales de deterioro del mercado laboral en el país generaron más de una incomodidad en La Moneda y redoblaron las preocupaciones que arrastraba el círculo más cercano de José Antonio Kast desde la campaña de 2025. Si bien el programa del republicano ya anticipaba una serie de cambios, los temores de que las altas tasas de desempleo se transformen en un lastre que acompañe al gobierno durante gran parte de sus cuatro años ha activado el diseño de un plan laboral que enfrente la desocupación.

En un intento por preparar el terreno para nuevas alzas de la tasa de desempleo en la etapa invernal que se avecina, el propio Kast reconoció la semana pasada lo que se viene. “Julio, agosto, septiembre, octubre son meses difíciles”, dijo el Presidente.

“(El desempleo también tiene) algún componente cíclico, sobre todo estos meses que nos estamos acercando al invierno. No es sorprendente que veamos algunas alzas en las tasas de desempleo”, complementó el ministro del Trabajo, Tomás Rau, el día siguiente a la intervención de Kast.

Más allá de la megarreforma

Y es que la tasa de desempleo de 9,1% del trimestre febrero-abril de 2026, la más alta registrada desde abril-junio de 2021, cuando se sentía con intensidad el impacto de la pandemia sobre el mercado laboral, activó las alertas en el oficialismo. Gran parte del mundo técnico ha alertado que el aumento de los costos laborales de los últimos años producto de alzas sustanciales del salario mínimo, la progresiva reducción de la jornada laboral y el alza de las cotizaciones previsionales han influido y seguirán impactando en la tasa de desocupación.

Pero más allá de las medidas específicas contenidas en la megarreforma -como el crédito al empleo- y la reciente reactivación del emblemático proyecto de Sala Cuna, cuyo objetivo es promover el empleo formal femenino, el gobierno tiene en carpeta una decena de cambios laborales que ya ha activado o busca empujar en 2027.

“Desde el Ministerio del Trabajo se está trabajando en distintas medidas de adaptabilidad laboral. Tanto desde el punto de vista regulatorio/administrativo como en proyectos de ley. Más que una reforma laboral, se está trabajando cambios en pro de la adaptabilidad laboral, muy necesarios en la realidad productiva del país”, dicen desde la cartera liderada por el ministro Rau.

“Hay algunas ya en curso o anunciadas recientemente. Por ejemplo, se le dio patrocinio al proyecto de ley de ‘contrato por horas’ y se está terminando el articulado para el ‘Estatuto Laboral del Turismo’ junto con el Ministerio de Economía. Se le quitó el veto a la Ley Integral de Personas Mayores, la cual ya es ley, que tiene un módulo laboral con medidas de flexibilidad de jornadas para personas mayores”, complementan desde Trabajo.

Más adaptabilidad

Fue el propio ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, el que adelantó la semana pasada algunas de las medidas que incluye el menú laboral del gobierno. Una de ellas es hacer modificaciones para que la implementación de las 40 horas semanales sean contabilizadas como promedio anual y no mensual, como es en la actualidad, lo que podría beneficiar a sectores económicos con alta estacionalidad como el turismo, comercio, construcción o el sector agrícola, entre otros.

En la actualidad, la ley permite distribuir la jornada en ciclos relativamente acotados (hasta 4 semanas, una vez en régimen). “Estamos evaluando ampliar esos ciclos para acomodar de mejor manera actividades que tienen una demanda estacional o fluctuante durante el año. Por ejemplo, en los países de la OCDE los promedios de las horas semanales se toman en ciclos amplios de hasta 52 semanas”, afirman fuentes del Ministerio del Trabajo.

Con todo, desde el gobierno destacan que el objetivo no es aumentar las horas trabajadas. “Las 40 horas semanales promedio se mantienen. Lo que buscamos es entregar más flexibilidad para organizar el trabajo y los descansos de manera eficiente, beneficiando tanto a trabajadores como a empleadores”, precisan inmediatamente.

Benjamín Villena, académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Andrés Bello, considera que la propuesta es razonable y destaca que la medida ayudaría a sectores económicos con fuerte estacionalidad.

“Facilita aumentar el esfuerzo laboral en momentos en que hay más actividad económica. También puede ayudar a formalizar empleo y a una mayor eficiencia en diferentes sectores. Obviamente, la medida debe tener ciertas limitaciones, pero es importante dar un margen de flexibilidad a empleadores y a trabajadores también”, afirma Villena, quien integra la Mesa de Reactivación Laboral convocada por Trabajo y que lidera David Bravo. El grupo entregará un paquete de propuestas laborales para promover el empleo la próxima semana al ministro Rau.

El abogado y exdirector del Trabajo, Marcelo Albornoz, reconoce que el sistema laboral chileno ha destacado históricamente por su rigidez extrema en materia de jornada de trabajo y destaca que anualizar, semestralizar o trimestralizar las jornadas es una práctica recurrente en países de Europa. “Por ejemplo, en Francia se puede anualizar la jornada, pero con acuerdo al sindicato. La ley va dando opciones, abriendo un abanico de alternativas de distribución más flexible. Avanzar en esto también permitiría dejar de llenarte de estatutos especiales de jornada para el turismo, transporte de carga y de pasajeros, para los portuarios”, sostiene Albornoz.

Otra medida que se analiza al interior del gobierno es la llamada polifuncionalidad o polivalencia (posibilidad de un trabajador para desempeñar múltiples funciones dentro de una empresa, más allá de un cargo o especialidad), aunque en el oficialismo reconocen que aún no hay una propuesta concreta.

“Creemos que es razonable analizar mecanismos que permitan una mayor adaptabilidad en empresas y sectores donde las funciones evolucionan rápidamente. Sin embargo, cualquier avance debe resguardar adecuadamente los derechos de los trabajadores y evitar situaciones de precarización o ampliaciones unilaterales de funciones. El desafío es encontrar un equilibrio adecuado entre flexibilidad y protección”, apuntan fuentes de Trabajo.

Marcelo Albornoz reconoce que la legislación chilena se abre a la polifuncionalidad, pero repara que aquella posibilidad se ha restringido por la jurisprudencia emanada de la Dirección del Trabajo en los últimos años. Recuerda un dictamen del organismo fiscalizador de 2022 en que prohibió la polifuncionalidad para el caso de operadores de tiendas de supermercados. “Si bien la ley no lo prohíbe, la jurisprudencia ha transformado la polifuncionalidad en una figura tan limitada que no tiene mucha aplicación”, sostiene Albornoz.

“El caso de los supermercados es un buen ejemplo porque ahí se está viviendo un gran proceso de automatización… con cajas de autoservicio. Los cajeros humanos están desapareciendo lentamente y, si no damos la posibilidad de que las personas tengan una cierta flexibilidad en el tipo de tareas que desempeñan en la empresa, ese cajero va a desaparecer”, añade Benjamín Villena.

Los temas clave

En el menú de opciones también aparece el beneficio del salario mínimo por hora tal como existe en Estados Unidos y otros países y la ampliación de las jornadas laborales fraccionales, como hoy rige para el caso de los restaurantes, por ejemplo.

“Se está patrocinando el ‘contrato por horas’ para regular jornadas de corta duración otorgando protección laboral y previsional a prestaciones de servicios que hoy, en muchos casos, se desarrollan en la informalidad”, responden fuentes de Trabajo al ser consultados por ambos temas.

Marcelo Albornoz interpreta que la ampliación del fraccionamiento de la jornada laboral que busca el gobierno apunta a crear “bolsas de empleo” en que se pueda dividir el trabajo diario o semanal en distintos horarios. “La idea es que se dé la posibilidad de trabajar en el turno de mañana y después volver en la tarde, por ejemplo, y establecer alternativas para que la gente opte. De todas formas, hay que colocar límites para que estas alternativas flexibles no se presten para situaciones de abuso laboral”, repara el abogado.

Benjamín Villena cree que las grandes beneficiadas de esta medida podrían ser las mujeres, dado que participan en mayor medida que los hombres en labores de cuidado y requieren de flexibilidad de horarios durante el día. “Esto es como ampliar la caja de herramientas de distintos tipos de contratos y que pueden ser útiles en ciertos contextos. Podrían aparecer empleos que hoy no existen y evitar que otros empleos que están en riesgo dejen de existir”, concluye el economista, quien también destaca la posibilidad de salarios mínimos por hora y no mensuales como es hoy.

“En la mayoría de los países los salarios son por hora y eso da mayor flexibilidad”, añade Villena. Albornoz, a su vez, dice que hoy la legislación permite el pago de salario por hora, pero consigna, al mismo tiempo, que la exigencia en Chile de mensualizar el pago de remuneraciones hace inaplicable la norma.

Sin embargo, una de las batallas emblemáticas que se podrían generar en este plan laboral del gobierno es el histórico anhelo del mundo privado de cambiar la actual indemnización por años de servicio en caso de despido por un mecanismo a todo evento. “El actual sistema de indemnización por año de servicio solo opera para despidos por necesidades de la empresa, que son un poco más del 20% de los términos de relaciones laborales, y tiene un alto costo para el empleador. Un sistema a todo evento, amplía el beneficio a todas las causales y la idea es acercar el beneficio al promedio de los países de la OCDE”, sostienen fuentes de Trabajo.

Recuerdan que el propio ministro Rau presentó en 2025 una propuesta de indemnización a todo evento en el libro “El Puente”, junto a otra decena de economistas. Ésta incluía un financiamiento con una cotización por parte del empleador a una cuenta individual que puede estar en el seguro de cesantía.

“Esta medida está siendo analizada por el gobierno. Es importante subrayar que cualquier cambio en esta materia debe garantizar que los trabajadores no pierdan derechos adquiridos, sino que, por el contrario, accedan a una protección más robusta y predecible. No estamos hablando de eliminar la indemnización, sino de modernizarla para que cumpla mejor su objetivo protector”, añaden desde el gobierno.

Ricardo Ruiz de Viñaspre, director Ingeniería Comercial Universidad Finis Terrae y exdirector del Sence, asegura que los altos costos que significa el sistema de indemnización actual para las empresas ha generado menos contrataciones y salarios que crecen a un ritmo menor.

“Lo mejor es tener indemnización a todo evento a través del seguro de cesantía, pero también es importante que cuando la empresa despide a un trabajador, esa persona pueda formarse rápidamente y reinsertarse en otro puesto de trabajo”, concluye Ruiz de Viñaspre.