La familia Diéguez, exdueña de la empresa sanitaria Disal, presentó una querella criminal por un presunto fraude de más de $4.286 millones. La acción de Inversiones ADM SpA, sociedad vinculada al grupo familiar, apunta a los presuntos delitos de administración desleal, negociación incompatible, infracciones a la Ley de Mercado de Valores y a la Ley de Sociedades Anónimas.

La querella está dirigida contra nueve personas naturales y dos sociedades ligadas al Grupo Sartor. Entre los principales querellados figuran Pedro Pablo Larraín, presidente de Sartor Administradora General de Fondos (AGF) y de Asesorías e Inversiones Sartor; Rodrigo Bustamante, director en ambas firmas; y Alfredo Harz, exgerente de inversiones de Sartor AGF. También fueron incluidos Miguel León, Carlos Larraín y Michael Clark, todos directores de Asesorías e Inversiones Sartor, así como Óscar Ebel, ingeniero civil y director en ambas compañías, quien además es controlador de Azul Azul a través del FIP Tactical Sport.

La acción penal también apunta a Sartor AGF y Asesorías e Inversiones Sartor en su calidad de personas jurídicas.

El patrimonio de la familia Diéguez proviene principalmente de la venta de Disal en 2021 al grupo brasileño Ambipar, a través de su filial Environmental ESG Participações. La transacción se acordó por 800 millones de reales, equivalentes a unos US$161,6 millones de la época.

Disal se dedica al manejo y tratamiento de residuos industriales, sanitarios y peligrosos. La operación significó la salida definitiva de la familia que fundó y controló la empresa durante más de 30 años.

En la querella, el abogado Gonzalo Diéguez Salgado, quien administra los negocios de la familia, explicó que “el trato recibido por parte de los querellados, en especial de Pedro Pablo Larraín y Rodrigo Bustamante, se alejaba de los protocolos impersonales habituales del mundo financiero, adoptando en cambio una dinámica de cercanía, familiaridad y trato directo”.

Diéguez relató que la relación con los querellados era tan cercana, que tanto él como su padre eran atendidos personalmente por ellos. Aseguró que ambos estaban al tanto del detalle de sus inversiones y los convocaban con frecuencia a reuniones en las oficinas de Sartor para informarles sobre el estado de su cartera y ofrecerles nuevas oportunidades de inversión.

El abogado sostuvo que “el daño no se limita al ámbito económico”. “Las consecuencias humanas y relacionales han sido igualmente devastadoras”, indicó. “No solo quedaron gravemente afectados quienes confiaron en mi recomendación —confiados en que yo jamás los expondría a un riesgo de esta naturaleza—, sino que fui personalmente desacreditado, viéndome despojado de toda seriedad, solvencia y credibilidad ante mis propios vínculos más cercanos. La traición a esa confianza repercutió directamente en la quiebra de lazos personales que habían sido construidos durante años”, manifestó.

La querella de Inversiones ADM SpA es patrocinada por el abogado Héctor Marambio.

El abogado de Sartor AGF, Jaime Winter, explicó a Pulso que “no hemos tenido acceso al escrito aludido, pero de los elementos preliminares es posible advertir dos errores u omisiones graves: todas las inversiones realizadas siguieron las instrucciones del aportante y cumplieron con los estatutos de los distintos fondos, y el escrito contiene diferentes errores, incluyendo antecedentes y participaciones accionarias que no son reales o están desactualizadas, y que haremos valer en las instancia jurisdiccional respectiva”.

“Está demostrado que hasta la intervención ilegal de la CMF, Sartor siempre cumplió en forma y tiempo con sus clientes. Este tipo de acciones son una forma lamentable de acercarse a resolver temas civiles a través de acciones penales que buscan el oportunismo”, concluyó.

Bajo precio y sin OPA

La querella acusa a los ejecutivos de Sartor de vender, a un precio muy inferior al del mercado, las acciones que controlaban de Azul Azul, justo cuando enfrentaban una inminente liquidación forzosa por deudas y una investigación de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). Según el documento, en diciembre de 2024, Michael Clark —a través de su sociedad Antumalal— compró el 100% del fondo Tactical Sport, que controlaba el 63% de Azul Azul, por un monto que equivale a solo $219 por acción, pese a que en bolsa se transaban en $550, y también inferior al precio que Tactical Sport pagó en 2021 cuando adquirió ese mismo paquete accionario mediante una OPA a US$0,55 por acción (equivalente a $387,97 de la época).

El escrito argumenta que esta operación se realizó sin llevar a cabo una nueva Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA), a pesar de que correspondía según la normativa vigente al tratarse de un cambio en el control indirecto de una sociedad anónima abierta. Añade que la venta se concretó un día después de que BCI Corredores de Bolsa comunicara su intención de solicitar la liquidación forzosa de Asesorías e Inversiones Sartor S.A., lo que luego fue judicializado en enero de 2025.

Según la querella, al momento de la operación, los involucrados tenían conocimiento tanto de ese proceso judicial como de una investigación administrativa de la CMF. Y acusa un posible “vaciamiento patrimonial” de Sartor, en una jugada para ocultar activos, perjudicar a los acreedores, e impedir el pago de contratos de inversión vigentes.