El pasado lunes, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) inició un proceso de formulación de cargos en contra de los integrantes del consejo directivo del Coordinador Eléctrico Nacional (CEN) y de ocho empresas del sector, por su responsabilidad en el inicio y la expansión del apagón que afectó al 98% de la población del país el pasado 25 de febrero.

Y a sólo dos días de ese hecho, el Coordinador inició su defensa pública, mediante el envío a la comisión investigadora de la Cámara de Diputados, presidida por Jorge Brito, de un estudio elaborado por un grupo de cinco ingenieros eléctricos de tres universidades chilenas (Universidad de Chile, Técnica Federico Santa María y de Santiago de Chile) y presidido por la profesora de la U. de Chile, Claudia Rahman, el que centra la responsabilidad del masivo corte de luz principalmente en las empresas.

El informe reafirma indirectamente la llamada “cultura del incumplimiento” de las compañías eléctricas de la cual hablaban los consejeros del Coordinador en una entrevista con Pulso el pasado domingo 27 de julio, a la que el ministro de Energía, Diego Pardow, respondió el 2 de agosto, poniendo en duda lo que ha hecho el mismo organismo técnico para cumplir su rol y así frenar aquella serie de anomalías de las empresas.

“El análisis del evento del 25F reveló una serie de vulnerabilidades del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) tanto en materia de infraestructura como en los sistemas de control y protección, junto con un número significativo de brechas en el cumplimiento de las disposiciones normativas vigentes”, sostiene el informe de los académicos.

Dardos a la SEC

En sus conclusiones, Rahman y sus colegas sostienen que detectaron incumplimientos de las empresas que incidieron tanto en el evento que detonó el corte de luz, en su propagación y en su extensión horaria, que en algunos casos superó las 12 horas.

“En materia de reportabilidad y entrega de información, se constataron incumplimientos por parte de algunos coordinados, evidenciados en la entrega extemporánea, incompleta o deficiente de informes de falla, así como en la limitada disponibilidad de registros provenientes de las PMUs (equipos de medición de las instalaciones)”, acusa el informe.

“El análisis de los IF (informes de falla) que las empresas coordinadas deben presentar al Coordinador –a las 48 horas y a los 5 días posteriores a la fecha del evento– reveló un alto nivel de incumplimiento de la NTSyCS (Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio), tanto en términos de la entrega de dichos informes como en la provisión de registros de la operación real del sistema. Si bien estos incumplimientos pueden obedecer a distintas causas, las más probables se relacionan con sanciones poco disuasivas, limitada acción del organismo fiscalizador (SEC), o bien deficiencias en la reportabilidad de incumplimientos por parte del coordinador", advierte.

“La falta de completitud, trazabilidad y calidad en la información técnica asociada al evento del 25F limita significativamente la posibilidad de reconstruir con precisión la secuencia temporal de eventos ocurridos durante la falla”, sostiene el reporte.

“El análisis realizado evidencia falencias significativas en el cumplimiento de las obligaciones asociadas a la información por parte de los coordinados, tanto respecto de los plazos como del contenido mínimo y calidad de los registros entregados. Estas deficiencias, sumadas al elevado nivel de incumplimiento constatado, ponen de manifiesto la necesidad de fortalecer los mecanismos de fiscalización y sanción, de forma que garanticen el cumplimiento de las obligaciones de reportabilidad establecidas en la normativa vigente”, agrega, en una alusión a la eventual responsabilidad que le cabría también a la autoridad fiscalizadora, la SEC, en la prevención de los hechos.

Un elemento que se repite en otros aspectos del informe es el papel de la superintendencia y su coordinación con el CEN. Por ejemplo, en la demora en la implementación del Plan de Defensa Contra Contingencias Extremas (PDCE), donde el reporte habla de que es difícil comprender que haya tardado tanto, por lo que insiste en fortalecer las capacidades de supervisión y de sanción existentes.

“Tras cinco años y varios oficios por parte del Coordinador, el PDCE de la zona norte aún no se encuentra implementado en su totalidad. Esta situación no solo pone de manifiesto serias deficiencias en los procesos institucionales y en los mecanismos de fiscalización existentes, sino que también evidencia un bajo nivel de coordinación y comunicación entre el CEN y la SEC, toda vez que resulta difícil comprender que un retraso de tal magnitud en la puesta en servicio de un esquema crítico para la seguridad del SEN no haya derivado en acciones correctivas por parte de las autoridades competentes”, agrega.

La propagación

Respecto a la propagación de la falla, el reporte también apunta al mal desempeño de las instalaciones de las empresas.

“Durante el evento del 25F, la desconexión anticipada —y sin justificación técnica— de al menos 11 centrales generadoras tuvo un efecto determinante en la estabilidad del SEN (...) Si todas las unidades de generación se hubiesen mantenido conectadas durante la falla —y los recursos de control de contingencias hubiesen operado según lo instruido por el Coordinador—, habría sido posible mantener la estabilidad de ambas islas y evitar así el colapso total del SEN", manifiesta.

Otro de los elementos a los cuales hace referencia la SEC en la formulación de cargos es que el Coordinador habría permitido la transmisión de una potencia de energía superior a la norma, dado que en ese momento la línea de transmisión Nueva Maitencillo-Nueva Pan de Azúcar de la empresa ISA Interchile, donde se produjo la falla original, transportaba 1.800 MW, cuando se supone que el máximo seguro era de 1.600 MW.

Sin embargo, el informe de los profesores universitarios respalda la defensa del Coordinador, aludiendo a un estudio emitido por el CEN a fines del año pasado.

“En diciembre del 2024, el CEN emitió la versión preliminar del Estudio de Restricciones en el Sistema de Transmisión (ERST), en el cual se definen restricciones asociadas a la máxima potencia que puede ser transmitida por las líneas del sistema para ciertas condiciones”, recuerda.

“Considerando que el día 25 de febrero, las condiciones de operación del sistema mostraban una transferencia de potencia del orden de 1.800 MW a través de dicho corredor (la línea de ISA Interchile) , se verifica que su operación se encontraba dentro de los límites establecidos en la versión más reciente del ERST emitido por el CEN, cumpliendo así con lo dispuesto en la NTSyCS”, concluye.