La publicación, en enero de este año, del reglamento de la Ley de Plásticos de un Solo Uso (PUSU), la discusión para modificar la Ley Chao Bolsas Plásticas y el proceso de implementación de la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor (REP) abren una nueva etapa para la política ambiental chilena. A diez años de la promulgación de la Ley REP, autoridades, gremios y organizaciones sostienen que el desafío es conseguir que las normas funcionen de manera articulada, entreguen certezas a los distintos actores y aceleren la transición hacia una economía circular.

El Ministerio del Medio Ambiente afirma que su foco está precisamente en armonizar estas regulaciones para que operen como un sistema. La ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo, explicó que la Ley REP y la Ley PUSU “han sido herramientas fundamentales”: la primera incorporó la responsabilidad de los productores sobre los residuos derivados de los productos que comercializan, mientras que la segunda impulsó la reducción de artículos desechables y la reutilización.

Sin embargo, la secretaria de Estado advirtió que el siguiente paso es implementarlas de manera coordinada. “La economía circular no avanza con regulaciones aisladas, sino con un ecosistema normativo que entregue certezas, reduzca las ambigüedades, aproveche los efectos sinérgicos de cada instrumento y permita que las distintas herramientas se potencien mutuamente”, sostuvo.

Uno de los principales asuntos que ha abierto el debate es la entrada en vigor del reglamento de la Ley PUSU, que incorpora obligaciones para el comercio en materia de exhibición, oferta y recepción de botellas retornables. Desde el 7 de julio, los supermercados debían exhibir al menos un 30% de botellas retornables en las vitrinas destinadas a bebestibles. Sin embargo, los antecedentes presentados durante la discusión legislativa indican que solo dos grandes fabricantes cuentan con oferta de estos envases a gran escala.

Frente a esa brecha, la Comisión de Medio Ambiente del Senado aprobó una iniciativa que propone postergar hasta el 7 de enero de 2028 la entrada en vigor del reglamento. La medida debe completar su tramitación legislativa antes de que el aplazamiento pueda considerarse vigente.

La Cámara de Comercio de Santiago (CCS) respalda los objetivos ambientales de la normativa, pero advierte que su éxito dependerá de una aplicación con criterios homogéneos y responsabilidades claramente definidas. “Compartimos plenamente el objetivo de avanzar hacia una economía más sostenible y promover el uso de envases retornables. Sin embargo, para que la implementación de la Ley PUSU sea exitosa, es fundamental que las obligaciones y la fiscalización se centren en aquello que los supermercados realmente pueden controlar”, planteó el gremio.

La CCS sostuvo que no resulta razonable responsabilizar al comercio por una disponibilidad de productos que depende de fabricantes y proveedores. En esa línea, la ministra Toledo indicó que la cartera trabaja para establecer definiciones comunes y entregar mayor certeza a empresas, consumidores y organismos fiscalizadores, con el propósito de facilitar la inversión, la innovación y el cumplimiento normativo.

Fundación Basura también considera que el éxito de las normas dependerá menos de las sanciones que de la coordinación entre los actores involucrados. Su directora ejecutiva, Tamara Ortega, afirmó que “la Ley PUSU tiene un espíritu de fiscalización que no tiene que ser sancionar por sancionar”, sino acompañar la adaptación de los distintos sectores.

“Necesitamos un periodo de acompañamiento donde el foco sea resolver los cuellos de botella”, señaló. A su juicio, también es indispensable “homogeneizar el lenguaje” para que municipios, fiscalizadores y empresas interpreten de la misma forma las exigencias. “La ley está vigente, el reglamento está vigente. Entonces necesitamos que todos y todas entendamos lo mismo para poder pasar al paso ahora de la fiscalización y, más que eso, ver si se está cumpliendo la ley”, agregó.

Ese criterio también aparece en la discusión del proyecto que modifica la Ley Chao Bolsas Plásticas. Mientras la CCS plantea que la iniciativa debe resguardar la inocuidad de los alimentos y considerar su impacto económico sobre las pequeñas y medianas empresas, Fundación Basura propone mantener excepciones sanitarias temporales, impulsar subsidios para el ecodiseño y facilitar a las pymes el acceso a proveedores que cumplan la normativa.

“Si les vamos a estar exigiendo este tipo de materialidades, también debe ser justo para las pequeñas empresas”, afirmó Ortega.

En paralelo, la implementación de la Ley REP continúa avanzando como uno de los principales instrumentos para la gestión de envases y embalajes. Para el Pacto Chileno de los Plásticos, el desafío es conseguir que esta regulación dialogue efectivamente con la Ley PUSU.

Su directora ejecutiva, Alejandra Kopaitic, señaló que todavía existen brechas relevantes en infraestructura, educación ambiental y coordinación institucional, además de una falta de incentivos para el ecodiseño. “Ambas leyes son avances fundamentales, pero para cumplir las metas de 2030 necesitamos articular regulación, innovación, inversión e incentivos económicos”, aseguró.

Kopaitic añadió que la economía circular no se limita a gestionar mejor los residuos, sino que exige reducir su generación, eliminar los plásticos problemáticos o innecesarios, ampliar las soluciones de reutilización y diseñar desde el origen productos y envases que puedan mantenerse en circulación.

El siguiente paso para las empresas, agregó, será superar el mero cumplimiento regulatorio e incorporar la circularidad en sus decisiones de negocio. Esto supone rediseñar envases, aumentar el uso de material reciclado, fortalecer los modelos de reutilización y colaborar con otros actores de la cadena de valor.

A su juicio, tanto la Ley REP como la Ley PUSU deben avanzar con incentivos coherentes y mecanismos que premien el ecodiseño y la reciclabilidad, evitando que el reciclaje se transforme en la única respuesta cuando existen alternativas de prevención y reutilización.

Con miras a 2030, el Ministerio del Medio Ambiente prevé continuar ajustando el marco regulatorio mediante modificaciones legales, la revisión de los decretos que fijan las metas de la Ley REP y mesas de trabajo con los sectores involucrados. Para la ministra Toledo, el principal desafío es consolidar un sistema que impulse el ecodiseño, la reutilización y la innovación.

“Queremos que las empresas inviertan con certezas, que los consumidores tengan alternativas sostenibles y que las regulaciones sean capaces de generar impactos concretos en la reducción de residuos y en la competitividad de Chile”, afirmó. “En definitiva, debemos transitar desde la administración de residuos hacia la gestión de oportunidades”, terminó diciendo.