Compañías de seguros esperan instrucciones del regulador para conocer la operativa de los “retiros” en rentas vitalicias y alistan artillería legal

Ya están sacando cálculos sobre eventuales montos que podrían tener que pagar y activos que podrían liquidar. Pero ninguna estimación es precisa, ya que tienen más dudas que certezas sobre cómo será toda la parte operativa, temas que tendrá que definir la CMF mediante una normativa. En paralelo, se preparan para acudir a tribunales locales e internacionales. ¿La mayor preocupación? La afectación de la certeza jurídica.


Meses de suspenso han tenido las compañías de seguros de vida producto del “retiro” en rentas vitalicias que se ha tramitado en varios proyectos en el Congreso.

Aunque asignaban una muy baja probabilidad de que se promulgue una iniciativa de este tipo, ayer eso cambió de un golpe tras la decisión del Tribunal Constitucional de no acoger a trámite la solicitud de inconstitucionalidad que presentó el gobierno, y tras el anuncio que hizo el Presidente Sebastián Piñera sobre la rápida promulgación del proyecto. Al interior de la industria, lo ocurrido ayer cayó como un balde de agua fría.

Y la preocupación de las compañías de seguros por este “retiro” que aprobó el Parlamento es grande. La sorpresa también. En comparación a los preparativos que tenían las AFP para el primer retiro del 10%, las aseguradoras están más atrasadas en este punto, pero ya han hecho cálculos de cuánto sería el monto que eventualmente tendrían que pagar, y a cuántos afiliados.

Eso lo tienen desde la semana pasada, pero hay más dudas que certezas respecto a cómo se concretaría todo este proceso, ya que el proyecto que despachó el Congreso solo dedica tres párrafos a este ítem, por lo que será la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) la que tendrá que tomar una serie de definiciones sobre cómo se hará toda la operativa.

En tanto, mientras más cálculos tratan de hacer en la industria, tienen más dudas e incertidumbre respecto a cómo se podría concretar. También están mirando sus carteras de inversiones para ver qué activos podrían liquidar. Y de más está decir que todo terminará judicializándose, ya que aseguran que esto es una “expropiación” que está haciendo el Estado.

En lo inmediato, la mayor preocupación es cómo funcionará toda la parte operativa de recibir solicitudes. Ese es el mayor desafío, ya que en el caso de las AFP, gran parte de los afiliados son jóvenes, y tienen manejo de internet. En el caso de los pensionados por rentas vitalicias, son personas mayores, por lo que estiman que las solicitudes presenciales serán proporcionalmente mayores, y todo eso en un momento de pandemia.

Y si bien ya varias han tomado contacto con proveedores para poder crear un sistema online de recepción de solicitudes, este tema no estaba del todo en marcha, no tienen lista la infraestructura, a diferencia de las AFP que ya tienen experiencia de dos retiros en esto, y la rápida promulgación del proyecto los tomó por sorpresa, por lo que comenzaron a acelerar todos los procesos de cara a los “retiros”.

Tampoco han tenido un contacto fluidos con la banca para hacer todos los preparativos, a diferencia de lo que ocurrió en el caso de las AFP con el primer retiro del 10%, que a estas alturas ya tenían conversaciones avanzadas. En ese sentido, uno de los temas que tendrán que hacer pronto, es firmar todos los convenios con los bancos, tema que probablemente tomará más tiempo que en el caso de las AFP, porque estas últimas son 7 empresas, pero aseguradoras que tienen rentas vitalicias son 16.

En el largo plazo, la mayor preocupación de la industria, advierten que es la certeza jurídica para invertir en el país.

Lo que no está resuelto

El proyecto que despachó el Congreso propone que “los pensionados o sus beneficiarios por renta vitalicia podrán, por una sola vez y de forma voluntaria, adelantar el pago de sus rentas vitalicias hasta por un monto equivalente al 10% del valor correspondiente a la reserva técnica que mantenga el pensionado en la respectiva compañía de seguros para cubrir el pago de sus pensiones, con un tope máximo de UF150”.

Hasta ahora, la industria no tiene claridad respecto a cómo se realizará ese cálculo, si se hará solo respecto del monto que aportó el afiliado inicialmente, o también sobre la reserva técnica que aportó la compañía de su propio patrimonio, por lo que están a la espera de que la CMF lo determine mediante una norma.

La industria ve que hay una y mil casuísticas que no dejó resueltas la ley y que tendrá que normar la CMF. Más allá del modo en que se calcula el tema de las reservas técnicas, también hay que establecer, por ejemplo, los casos en que una persona recibe dos rentas vitalicias, una propia y otra como beneficiaria, ¿se calcula sobre una de ellas o ambas?

Tampoco está claro qué ocurrirá con los contratos que ya fueron firmados. El proyecto que aprobó el Congreso establece que “el retiro que efectúen los pensionados o sus beneficiarios que opten por solicitarlo, se imputará al monto mensual de sus rentas vitalicias futuras, a prorrata, en forma proporcional y en igual porcentaje que aquel que represente el monto efectivamente retirado”.

Esto significa que las personas que hagan el “retiro” de rentas vitalicias, luego verán una baja en sus pensiones, pese a que el contrato que firmaron dice que recibirán una pensión fija mensual. La CMF estimó que “la caída en las pensiones de los rentistas vitalicios sería de hasta un 7,2% en promedio”.

En ese sentido, especulan que probablemente habría que hacer un endoso de pólizas que modifique el contrato vigente, pero tampoco está claro cómo se hará.

Tampoco se sabe de qué manera se hará el cálculo de la menor pensión que recibirán los afiliados tras el “retiro”, ni por cuánto tiempo, ni cómo se informará esto a los clientes.

Desde la industria también señalan que como actualmente no se están vendiendo muchas rentas vitalicias, no les está llegando flujo para poder pagar los “retiros” con esos recursos, en vez de tener que liquidar inversiones.

Y si bien desde la industria creen que liquidar activos para este retiro no sería un gran problema, más allá de la pérdida que van a tener que asumir por tener que liquidar activos de forma apresurada, la mayor preocupación radica en qué va a ocurrir si se produce un segundo o tercer retiro de rentas vitalicias, lo que no ven muy lejano, pues ya existe el precedente del retiro en las AFP.

En ese último caso, advierten que el problema de las inversiones sería real, porque hoy tienen activos líquidos que pueden vender, pero no son infinitos, y no pueden salir a vender, por ejemplo, un edificio, en 30 días corridos.

Es por esto que advierten que si tienen que desarmar sus portafolios de inversiones para pagar estos retiros, se pondría en riesgo el pago de las pensiones futuras.

Sin ir más lejos, la CMF dijo en un oficio que envió al Senado que “eventuales problemas de solvencia y liquidez también podrían impactar la capacidad de las CSV afectadas para honrar, no sólo los compromisos contraídos con los pensionados, sino también los demás productos de seguros que ofrecen. Para dimensionar los impactos de estos riesgos, hay que considerar que las CSV tienen contratos de seguros de vida con 2,5 millones de personas; coberturas complementarias de salud para 7 millones de personas; y proveen el Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS) a toda la fuerza laboral que cotiza en las AFP en Chile”.

Y el desafío no solo es para las aseguradoras, también para la CMF, por la serie de normativas que tendrá que cambiar.

Uno de los mandatos que tiene la Comisión, es que la industria sea solvente bajo la regulación vigente, pero este cambio legislativo afectaría el patrimonio de las aseguradoras, por lo que tendrá que idear alguna fórmula para mantener lo anterior.

La industria no sabe si esto significa aumentos de capital, pero dependiendo de cómo quede la regulación, podría ser mayor o menor la afectación sobre su patrimonio. Eso, sin considerar la pérdida que van a tener por vender instrumentos financieros de manera acelerada. En todo caso, creen que probablemente no será necesario una capitalización, debido a que también van a bajar los pasivos al hacer entrega de estos recursos.

A la justicia

Lo que aseguran desde la industria, es que esta ley tiene una serie de inconstitucionalidades. Detallan que va contra el derecho de propiedad, porque se cambian las condiciones del contrato de manera retroactiva a costa del patrimonio de las compañías. También dicen que afecta la igualdad ante la ley, y se le está imponiendo una carga pública a una industria de manera inequitativa.

Básicamente, aseguran que es una “expropiación”, y pedirán una indemnización. Es por esto que están evaluando recurrir a tribunales internacionales o nacionales. Las compañías que tienen matrices a nivel internacional evalúan la primera opción, mientras que las que son de capitales locales tienen en la mira la segunda alternativa.

Las 16 compañías que tienen rentas vitalicias son 4 Life Seguros, BCI Seguros Vida, BICE Vida, Renta Nacional, CN Life, Confuturo, Security, Penta Vida, Consorcio Nacional, EuroAmérica, Chilena Consolidada, BNP Paribas Cardif, Mapfre Vida, MetLife, Ohio National, y Principal. Estas últimas son de capitales internacionales.

Con todo, desde la industria de seguros creen que se está tratando de hacer un retiro sobre algo que no existe, que va a ser muy difícil de regular, y que sería difícil que no termine significando una pérdida patrimonial sobre las aseguradoras.

La mayor preocupación de la industria radica en que ven que se pondría en duda la certeza jurídica que hay en el país. De hecho, según ha advertido la CMF, “en ningún otro país” se han visto propuestas de retiro desde rentas vitalicias, a diferencia de los retiros que sí han existido en otros países de ahorros desde fondos individuales.

El mismo presidente del Banco Central, Mario Marcel, señaló que el “retiro” de rentas vitalicias “tiene un potencial efecto sobre la solvencia de las compañías de seguros de vida, la seguridad jurídica y la incertidumbre”. La CMF también dijo que “la moción en discusión afecta la certeza jurídica sobre la cual se construye el mercado de seguros”.

Es que un retiro en AFP es muy distinto al de una renta vitalicia: en el caso de la primera, los fondos son de propiedad de los afiliados; pero no ocurre lo mismo en el caso de la segunda.

Básicamente, las 645 mil personas que hoy tienen rentas vitalicias, firmaron un contrato donde se comprometieron a traspasar los fondos que acumularon en sus AFP, a una aseguradora para que esta última les entregue una pensión fija de por vida, por lo que el saldo traspasado ya no es de su propiedad.

Con esos fondos que se traspasan, las aseguradoras no crean una cuenta individual a nombre de cada afiliado, como sí ocurre en las AFP, sino que crean una reserva técnica con ese monto, y la compañía de seguros también constituye una reserva adicional sobre ese dinero, con su propio patrimonio, porque así lo exige la regulación con el objetivo de asegurar que la compañía tenga la solvencia suficiente para pagar esa renta vitalicia hasta que el cliente tenga 110 años, según lo establecen las tablas de mortalidad, aunque la probabilidad sea baja.

Así, mientras las aseguradoras van pagando pensiones, tienen que ir recalculando su reserva técnica, y eventualmente, poniendo más dinero, ya que siempre tiene que existir una reserva.

De hecho, según cálculos de la industria, un tercio de los rentistas vitalicios que hoy reciben una pensión mensual, ya agotaron todo el saldo que habían traspasado inicialmente a la aseguradora, por lo que sus pensiones están siendo íntegramente pagadas con la reserva técnica que constituyeron las compañías de su propio patrimonio. Esos afiliados, si hubiesen optado por un retiro programado, ya no tendrían pensión, ni podrían haber hecho ninguno de los retiros del 10% de las AFP.

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