Por unanimidad, los cinco senadores integrantes de la Comisión de Seguridad del Senado aprobaron la idea de legislar de la llamada Ley Naín-Retamal, que recuerda a dos carabineros asesinados en actos de servicio y que contiene un paquete misceláneo de disposiciones para proteger y dar más facultades a las policías.

El punto más controvertido de la iniciativa es un artículo que concede a los funcionarios una presunción de uso justificado de su arma de servicio (legítima defensa privilegiada), cuando actúen en defensa propia, de terceros o bien para impedir un delito. En otras palabras, los funcionarios no quedaban automáticamente inculpados por usar su armamento, salvo que la investigación judicial llegue a una convicción contraria.

Por ello, con esta votación, la comisión que preside el senador Evópoli Felipe Kast quiso dar una nueva señal de entendimiento, a pesar de las visiones contrarias que existían en la Cámara Alta respecto de la iniciativa.

En la mañana, los representantes de bancadas opositoras y oficialistas ya habían dado otra señal en ese sentido y acordaron casi por unanimidad votar en la sala este proyecto hasta total despacho, el próximo martes.

La resolución no fue sencilla. En una reunión acalorada que comenzó pasadas las 10.00 -donde el republicano Rojo Edwards pedía zanjar la Ley Naín Retamal el mismo jueves, mientras los personeros del Frente Amplio Juan Ignacio Latorre y del PC Daniel Núñez abogaban por aplazar lo más posible la votación- se llegó al consenso de que era mejor esperar unos días para dar un debate más pausado.

La noticia trajo alivio a La Moneda, que desde el asesinato de la sargento Rita Olivares, en un operativo en Quilpué, estaba complicada por este proyecto. Inicialmente eran dos mociones distintas (una en recuerdo del cabo Eugenio Naín y otra en homenaje al sargento Carlos Retamal), que fueron fusionadas mediante una jugada reglamentaria de los diputados de derecha el lunes pasado.

Si bien el Ejecutivo compartía la necesidad de modernizar las Reglas de Uso de la Fuerza (no sólo para policías, sino que también para militares en tareas de orden y seguridad interna), tenía el temor de que la redacción de la norma quedara muy permisiva en el uso de armas o de “gatillo fácil”, como lo definió la ministra del Interior, Carolina Tohá.

A ello se sumaban reparos formales (por ejemplo, que el tema de la legítima defensa quedara alojado en el Código de Justicia Militar y no en el Código Penal) y también la misma división que existía en las bancadas oficialistas, lo que reducía el margen de maniobra del Ejecutivo.

El problema es que el gobierno siempre quedó desfasado respecto de la celeridad que le dio la Cámara a la Ley Naín-Retamal. Incluso, por la misma jugada reglamentaria de la derecha, el Ejecutivo no pudo presentar una propuesta alternativa en la Cámara. Al final -para no quedar en la indefinición y en vista de que la fractura oficialista ya era inevitable- la misma ministra Tohá llamó, el miércoles, a aprobar la iniciativa con la apuesta de poder perfeccionar el texto en el Senado.

Aquellas indicaciones del gobierno a la Ley Naín Retamal recién vieron la luz el martes, cerca de las 14.30. Las enmiendas, que fueron ingresadas a la misma Comisión de Seguridad del Senado, reorganizaban el tema de la legítima defensa y el uso de armamento dentro del Código de Justicia Militar con una redacción distinta.

Si bien se concedía a los funcionarios poder usar su armamento con “racionalidad” (principio demandado por las FF.AA. y las policías, ya que permite defenderse frente a un ataque con arma blanca o un elemento contundente), lo limitaba a situaciones en que estuviera en riesgo su vida o ante una agresión grave.

“Se entenderá que hubo necesidad racional en su uso (de armas de servicio) si se hace para impedir o tratar de impedir la consumación de delitos que atenten contra su vida o gravemente contra su integridad física”, se lee en la indicación presentada por el gobierno.

A diferencia, el proyecto despachado por la Cámara tenía tres hipótesis del uso de arma más amplias: 1) cuando se repele un ataque de arma blanca o de fuego, 2) una amenaza a su vida o su integridad de parte de dos o más personas desarmadas y 3) para impedir un delito.

En todo caso, dentro de sus indicaciones, La Moneda también hizo otras concesiones exigidas por la derecha y demandadas por las instituciones. Por ejemplo, que el funcionario policial no sea suspendido de su cargo mientras se aclara el uso de su arma ni se congele su remuneración. Igualmente, cuando sea citado a declarar judicialmente mantendría la calidad de testigo o, incluso, de víctima, pero no inculpado.

No obstante, las enmiendas sugeridas por el Ejecutivo no dejaron conforme a la oposición.

El senador y presidente de RN, Francisco Chahuán, consideró que atenuaban las medidas aprobadas por la Cámara y adelantó que las rechazarían. Lo mismo plantearon los senadores Edwards y Carmen Gloria Aravena, ambos de la bancada republicana.

La senadora RN Paulina Núñez afirmó que es una “muy mala señal” que no se votara en general, este jueves. “Yo sinceramente esperaba una actitud distinta de los senadores oficialistas”, dijo y apuntó al Presidente Gabriel Boric de asumir un liderazgo en este tema.

El presidente del Senado, Juan Antonio Coloma (UDI), señaló que prefería la propuesta emanada de la Cámara. “Creo que el espíritu del proyecto de la Cámara me parece correcto. Obviamente todas las cosas se pueden mejorar. Hay que ver bien las indicaciones del Ejecutivo en qué mejoran lo de la Cámara y no lo modifican sustancialmente”, indicó.

Frente a los reparos de la oposición, que eran previsibles para La Moneda, desde este jueves en la mañana el Ejecutivo inició un fuerte despliegue para explicar los problemas de origen que tenía la ley Naín-Retamal.

El ministro de Justicia, Luis Cordero, en Radio Infinita dijo que “el proyecto que acaba de pasar de la Cámara de Diputados al Senado adolece de un gran defecto, y es que dispone de la legítima defensa privilegiada en el Código Penal y eso tiene varios problemas. Uno de ellos es que omite que Carabineros tiene reglas específicas de uso de la fuerza, incluida la legítima defensa, en un lugar distinto que es el Código de Justicia Militar”.

“El Ejecutivo considera que las normas aprobadas son defectuosas y, por el contrario, generan condiciones de riesgo no solo para la policía, sino que también para los ciudadanos”, advirtió Cordero.

Su par de la Segegob, Camila Vallejo, por su parte, sostuvo que “la propuesta tiene que ser mejorada y perfeccionada para que al final de cuentas, si pasan dos años más, no digamos pucha, el Congreso legisló mal, legisló en caliente”.

Por otro lado, el Senado despachó a ley el proyecto que amplía las facultades de Gendarmería, mientras que las otras cuatro iniciativas, que estaban contempladas en la agenda de seguridad exprés (sobre atribuciones policiales en el control migratorio, secuestro, porte de armas en lugares concurridos y sicariato), fueron aprobadas, pero pasaron a tercer trámite.