El canciller venezolano Jorge Arreaza además entregó cartas de protesta a diplomáticos de Francia, Alemania, España y Países Bajos donde les pidió “revaluar” la posición del bloque europeo y sus miembros frente a Caracas.
24 feb 2021 00:53 PM
El canciller venezolano Jorge Arreaza además entregó cartas de protesta a diplomáticos de Francia, Alemania, España y Países Bajos donde les pidió “revaluar” la posición del bloque europeo y sus miembros frente a Caracas.
La sanción para el líder disidente al régimen chavista abarca un período de 15 años por la presunción de negarse a realizar la declaración de patrimonio. Guaidó ya había sido inhabilitado en marzo de 2019 por, supuestamente, ocultar datos sobre la misma materia y recibir dinero sin justificar, según un dictamen del ente contralor en aquel momento. Dos años después, el organismo impone nuevas acciones contra una mayor cantidad de opositores.
El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, dijo al fin de la reunión que los cancilleres alcanzaron “un acuerdo político para imponer medidas restrictivas contra personas responsables por el arresto y enjuiciamiento” de Navalny.
La crisis migratoria cerró la semana pasada con la imagen de 87 extranjeros expulsados en un avión Fach, en una puesta en escena con la que el gobierno quería mandar un mensaje. Uno que Yerkin Cardozo, un venezolano separado de su madre, y el de su compatriota Siul Huerta, que regresó derrotado donde su familia, experimentaron en carne propia.
“El Gobierno de Pedro Sánchez hereda el extremismo de Trump, cobija a connotado terrorista y extremistas en España (en referencia al opositor Leopoldo López) y articula con Iván Duque planes golpistas y desestabilizadores contra Venezuela”, escribió la vicepresidenta de ese país, Delcy Rodríguez en su cuenta de Twitter.
“Existen razones de peso para creer que al menos 14 de las muertes en La Vega entre el 6 y 9 de enero fueron probables ejecuciones extrajudiciales” expresó la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas.
La semana pasada el gobierno colombiano anunció que otorgará un estatus legal de protección temporal por 10 años a migrantes venezolanos para intentar alivianar la crisis humanitaria que padecen.
En medio de críticas por parte de gremios docentes y apoderados, algunas zonas de Argentina y Colombia retomaron las clases presenciales esta semana, mientras que en países como Perú y Venezuela aún hay dudas sobre cómo se llevará a cabo el proceso.
El canciller venezolano utilizó su cuenta en Twitter para responder al senador estadounidense Rick Scott, quien aseguró que “levantar las sanciones de Estados Unidos y la UE contra Maduro y sus socios solo haría una cosa: garantizar que accedan a cuentas bancarias para enriquecerse mientras los venezolanos mueren de hambre”.
El 26 de febrero de 2020, Brasil confirmó el primer caso positivo de coronavirus en la región. Desde entonces, los resultados alcanzados por los gobiernos en la lucha contra el Covid-19 son desiguales.
Luis Eduardo Thayer, académico de la Universidad Católica Silva Henríquez, identifica dos maneras en que los países han enfrentado con su legislación el fenómeno migratorio en la región
Los sueños y buenas intenciones de la izquierda han destruido vidas y países en todos lados. Venezuela es el último. Es hora de hablar y pensar en realidades.
En entrevista con La Tercera, la especialista elogió la medida de Colombia de regularizar a más de un millón de venezolanos en situación migratoria irregular, porque “es la mejor manera de que un gobierno sepa quién está en el país, para que los migrantes no sean relegados a una subclase”.
A juicio de Alena Douhan, estas penalizaciones solo han “exacerbado” las crisis que ya existía en el país, que ha visto como los niveles de pobreza se disparaban en los últimos años.“El devastador efecto de las sanciones ha afectado de manera adversa al sector público y al privado, a los ciudadanos venezolanos, las oenegés, y las empresas y ciudadanos extranjeros”, aseguró.
Ante el colapso de la producción de petróleo el año pasado, Venezuela vendió reservas para mantener a flote su frágil economía.