La noche de este viernes, al filo del cierre de las sesiones extraordinarias del Congreso, el Senado de Argentina aprobó la controvertida reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei que introduce profundos cambios en la legislación laboral y en la relación entre empleado y empleador.

La denominada Ley de Modernización Laboral fue sancionada por 42 votos a favor, 28 en contra y 2 abstenciones y, junto con La Libertad Avanza (LLA), fue apoyada por la Unión Cívica Radical (UCR), el Propuesta Republicana (PRO) y bloques independientes y de fuerzas provinciales.

En contra votaron las representantes de las distintas facciones en que se divide el peronismo en la Cámara Alta transandina.

La iniciativa ya había obtenido media sanción en el Senado el 12 febrero pasado y regresó a la Cámara Alta tras la validación de la modificación al proyecto realizada la semana pasada por Diputados, que eliminó el conflictivo artículo sobre licencias médicas.

De acuerdo a este, se aplicarían descuentos en los salarios de los trabajadores de acuerdo a si la enfermedad o la dolencia declarada fuera involuntaria o producto de una actividad extracurricular del empleado.

Al iniciarse el debate, el senador y miembro informante Juan Cruz Godoy (LLA) destacó que el tratamiento del proyecto contempló aportes de trabajadores, empresas, gremios y otros actores sociales.

Además, señaló que la norma mantiene los derechos previstos en la Ley de Contrato de Trabajo e incorpora definiciones sobre la naturaleza laboral, el salario y los beneficios sociales, con el objetivo de reducir la litigiosidad.

Como consignó La Nación, previo a la votación de la nueva ley, la exministra de Milei y actual senadora, Patricia Bullrich, realizó una enfática defensa de la reforma laboral, asegurando que viene a crear empleo y a terminar con las rigideces de la legislación que, según su óptica, fomentan la informalidad laboral.

“Estamos discutiendo una ley que va a desmontar una de las mayores mentiras, que es la de la ley de Contrato de Trabajo, un sistema que hace que nadie contrate a nadie”, afirmó Bullrich, quien responsabilizó al peronismo porque “en nombre de los trabajadores se mandó durante años a la informalidad a millones de argentinos”.

En sus más de 200 artículos, de acuerdo a La Nación, la norma introduce profundos cambios en la legislación laboral, en la relación entre empleado y empleador e incluso en materia fiscal, porque contempla la reducción de los aportes monetarios que deben realizar los empleadores a la seguridad social de los trabajadores.

El texto también reduce las indemnizaciones al acotar la base de cálculo, eliminando la consideración de las vacaciones, propinas, bonos o aguinaldo, e introduce cambios en las condiciones laborales.

Así flexibiliza la jornada laboral, permitiendo turnos de hasta 12 horas con igual plazo para descanso obligatorio antes de retomar las tareas y se crea el banco de horas extra, por el que el trabajador podrá acordar con su empleador la posibilidad de compensarlas con días libres.

La reforma laboral se hará efectiva apenas el Poder Ejecutivo la promulgue y publique en el Boletín Oficial, para lo cual tiene 10 días hábiles. Milei ya adelantó su intención de firmar cuanto antes la promulgación, de modo de presentarse el domingo en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso con la ley en vigor.

Senado aprueba ley de imputabilidad juvenil

En la misma sesión especial, presidida por la vicepresidente de la Nación y titular del Senado, Victoria Villarruel, la Cámara Alta también convirtió en ley el proyecto de modificación del Régimen Penal Juvenil, con 44 votos a favor, 27 en contra y 1 abstención.

La iniciativa, que ya había sido tratada previamente por la Cámara de Diputados, reduce la edad de imputabilidad de 16 a 14 años y establece un nuevo marco normativo, fundamentado en principios como la legalidad, la proporcionalidad, la especialidad, la excepcionalidad de la privación de la libertad, la celeridad procesal y la resocialización.

Los jueces ahora podrán optar por castigos que van desde la amonestación hasta el monitoreo electrónico, pasando por la prohibición de salir del país o la prestación de servicios comunitarios cuando el o los delitos tengan penas de hasta 3 años de prisión.