Profesor de derecho penal en la Universidad de Roma UnitelmaSapienza y vicepresidente de la Asociación Italiana de Profesores de Derecho Penal, Vincenzo Mongillo se encuentra de visita en Chile, invitado por la Universidad Diego Portales como primer titular de la cátedra UDP de Derecho Penal Francisco Muñoz Conde, que cada año distingue a una figura de relevancia internacional en el derecho penal invitándolo a presentar un trabajo de investigación inédito.

En este caso, ese trabajo será la cátedra “¿Populismo penal o ejercicio democrático? La relación conflictiva entre el derecho penal y el uso político del poder punitivo”, que Mongillo ofrecerá este martes. Y este miércoles el académico también participará en el coloquio “Influencia política en decisiones judiciales: desde la mirada italiana a la realidad chilena”.

En el marco de esta visita, Mongillo comenta a La Tercera su visión del complejo vínculo entre la política y la justicia, de conceptos como el populismo penal y el lawfare y su impacto en el juego democrático.

A su juicio, ¿qué impacto está teniendo la política en los fallos judiciales hoy? ¿Es un fenómeno en ascenso?

La relación entre política y justicia es siempre delicada: son funciones esenciales de las que dependen tanto la calidad de la democracia como la estabilidad del Estado de derecho. En Italia, desde hace más de 30 años, vivimos tensiones permanentes: la política puede ceder a la tentación de influir en las decisiones judiciales –por ejemplo, mediante el nombramiento de una parte de los miembros del Consejo Superior de la Magistratura, órgano de autogobierno de los jueces encargado de decidir sus traslados y promociones, de los jefes de gabinete de los ministerios, de los jueces constitucionales, o a través de presiones más sutiles–, mientras parte de la magistratura corre el riesgo de sustituir a la política con interpretaciones demasiado creativas o con un protagonismo mediático excesivo. Es un equilibrio frágil, que puede desembocar tanto en la subordinación de la justicia a la política como en lo que se ha llamado el “gobierno de los jueces”.

¿Qué puede decir del caso chileno?

En Chile se observan dinámicas semejantes: casos mediáticos recientes han generado una fuerte presión sobre los magistrados y un debate público muy polarizado. Esto demuestra que el riesgo no es exclusivo de Italia ni de Chile, sino característico de muchas democracias contemporáneas. El desafío común es claro: preservar la independencia judicial y, al mismo tiempo, evitar que la jurisdicción se convierta en un actor político paralelo.

¿Cree que en la actualidad existe un populismo penal excesivo? ¿Hasta qué punto afecta a la democracia?

Sí, el populismo penal es un fenómeno en ascenso en todas partes. Se traduce en la tendencia de los gobiernos a responder a cualquier problema social con nuevas figuras delictivas o con el endurecimiento de las penas, buscando enviar una señal inmediata a la opinión pública. Pero aumentar las dosis de poder punitivo no resuelve los problemas reales: funciona más bien como una especie de “ansiolítico social” en sociedades atravesadas por miedos e incertidumbres cada vez más intensos. Pesa en estas dinámicas también el papel de los medios de comunicación, que tienden a espectacularizar la justicia penal: parafraseando una aguda observación de Nietzsche sobre los suplicios públicos de otros tiempos, podríamos decir que en el proceso mediático-judicial todavía se respira un “aire de fiesta”. Una fiesta que, sin embargo, corroe la justicia penal y la democracia.

A ello se suma la influencia de las redes sociales, que penetran en capas prerreflexivas, pulsionales y emotivas del comportamiento. El efecto es doblemente negativo: por un lado, se debilita la racionalidad del derecho penal, que debería ser un instrumento de contención racional del poder punitivo al servicio de la tutela de bienes jurídicos reconocidos; por otro, se deteriora la calidad de la democracia, porque se utilizan las emociones y los miedos de los ciudadanos para legitimar políticas penales más simbólicas que efectivas. En lugar de reforzar la confianza en las instituciones, este camino termina generando frustración y desafección hacia el Estado de derecho.

En esta época se habla mucho del lawfare, especialmente de parte de presidentes que culpan a sus detractores de utilizar este recurso en su contra. ¿Cuál es su percepción al respecto?

El concepto de lawfare se ha difundido en América Latina como sinónimo del uso instrumental del derecho penal para neutralizar adversarios políticos. Es una forma de abuso del poder punitivo que, combinada con los medios de comunicación, puede vaciar de contenido la competencia democrática. Me parece importante subrayar dos cosas. Primero, el Papa Francisco en su momento advirtió sobre los riesgos de la instrumentalización de la justicia: sin jueces libres y sin justicia social, la democracia no puede sostenerse.

Segundo, no todo juicio a un político es lawfare: hay que distinguir el legítimo enforcement anticorrupción, de la persecución judicial. Indicadores como la selectividad de las investigaciones, el “timing” electoral sospechoso o las filtraciones mediáticas pueden ayudar a reconocer un verdadero lawfare.

En conclusión, el lawfare es un riesgo real, pero no debe convertirse en una etiqueta automática. Lo esencial es que la justicia mantenga independencia y respeto de las garantías; si se pierde este equilibrio, se erosiona la legitimidad de los jueces y, con ella, la salud del Estado de derecho.

Chile enfrenta elecciones presidenciales. ¿Qué consejos podría dar a los candidatos para hacer frente a temas como la influencia política en las decisiones judiciales o el lawfare?

No conozco en profundidad la realidad chilena. Sin embargo, mi auspicio -que podría valer como un llamado a todas las fuerzas políticas en democracias más maduras- es, ante todo, no instrumentalizar el derecho penal con fines de consenso electoral. En particular, evitar la creación de nuevos delitos o el endurecimiento simbólico de las penas como herramienta de campaña.

En lo específico del lawfare, lo más sensato es respetar siempre la independencia del Poder Judicial, garantizar reglas claras y estables para las investigaciones y asegurar un debate público informado, libre de manipulaciones mediáticas. Solo así se puede preservar la confianza ciudadana en la justicia y en la democracia. Porque si el ciudadano pierde la confianza en un poder del Estado, es muy probable que termine perdiéndola también en los demás y, en última instancia, en el Estado de derecho como tal.

¿Cómo ve fenómenos como el de Donald Trump, que utiliza la justicia para transformar el poder presidencial en EE.UU.?

Son cuestiones que se sitúan en el corazón mismo de una democracia. Trump surge de un amplio consenso popular, y este es un dato político que no puede ignorarse. Sin embargo, de ese consenso no se debe abusar nunca, porque los daños que pueden infligirse a las instituciones van mucho más allá de las personas o de los presidentes de un momento histórico determinado. La tentación de transformar la justicia en un instrumento de poder personal puede dejar cicatrices muy difíciles de sanar en el Estado de derecho.

Como profesor universitario, me preocupa la relación de Trump con las universidades, porque el saber académico autónomo e imparcial es un pilar de la democracia. Si se debilita este espacio crítico, la sociedad pierde una defensa clave frente al autoritarismo. La universidad es también una garantía institucional de pluralismo y debe ser defendida por todos los ciudadanos, ya que proteger el conocimiento equivale a proteger la democracia misma.