De los 33 artículos que tiene el Proyecto de ley Para la Reconstrucción Nacional y el Desarrollo Económico y Social presentado este miércoles por el gobierno, cinco -tres permanentes y dos transitorios- tienen directa relación con los municipios chilenos: los referidos a las zonas afectadas por los incendios de enero, la eliminación de contribuciones y la consiguiente afectación al Fondo Común Municipal (FCM), y otro de regularización de deudas municipales. Las medidas, inmediatamente, alertaron a diversos alcaldes.

Resumidamente, el artículo 12 incorpora la exención del 100% del impuesto territorial (contribuciones) en favor de personas naturales de 65 años o más, respecto de su vivienda principal. El beneficio se limita a una sola propiedad y se establecen multas para quienes incurran en irregularidades: 300% del impuesto eludido e inhabilitación para gozar del beneficio por 10 años. También hay una norma para evitar transferencias de propiedad con fines meramente elusivos entre familiares o sociedades relacionadas.

El menor pago de contribuciones impacta directamente en las municipalidades, que usan esos dineros para financiar gran parte de los gastos municipales. Parte de esos dineros, además, se destina al Fondo Común Municipal, un arca donde las comunas más ricas suplen a las más vulnerables. Según cálculos del gobierno, eliminar este pago implica US$ 200 millones menos de recaudación. De ese total, US$ 130 millones van al FCM, lo que deja unos US$ 70 millones que los municipios efectivamente dejarían de recaudar. Esta falta de dineros ya había sido advertida por diversos alcaldes, tanto oficialistas como de oposición.

En razón de ello, el artículo octavo transitorio del megaproyecto dispone que la Ley de Presupuestos deberá contemplar aportes adicionales para compensar la disminución de ingresos en el FCM derivada de esta exención. La iniciativa del Ejecutivo, eso sí, no especifica que la compensación deba ser del 100% de lo que se dejará de percibir por contribuciones ni qué ocurre con los dineros recaudados que no iban al FCM. Y, además, lo deja en manos del Congreso.

El presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), Gustavo Alessandri, es fulminante: “Con el municipalismo no se juega”, agregando que “se considera inaceptable que una medida que impacta directamente el financiamiento de los municipios contemple una restitución incompleta al Fondo Común Municipal, mecanismo esencial de redistribución solidaria entre las comunas del país”. Y cierra: “Si el costo estimado de esta decisión es de US$ 200 millones al año, la reposición al Fondo Común Municipal no puede ser de US$ 130 millones. La restitución tiene que ser del 100%”.

En tanto, Mario Desbordes, alcalde de Santiago recientemente renunciado a RN, dice estar “absolutamente de acuerdo con la iniciativa, es justo y es correcto lo que se está haciendo”. En ese contexto, eso sí, asevera que pese a que el proyecto no lo contempla, está “tranquilo respecto de que sí se va a compensar 100% a los municipios, porque si no se nos compensa nos produce un daño enorme en términos presupuestarios. No me cabe duda que se va a incorporar una fórmula que evite que los municipios perdamos ingresos que son claves en una serie de programas y proyectos”.

El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic (Frente Amplio), dice que “nos parece que esta medida es una barbaridad y la más regresiva que ha impulsado un gobierno desde el retorno a la democracia, porque pone en riesgo la prestación de servicios básicos en más del 80% de las comunas de Chile. Estamos disponibles para discutir mejoras y ampliar beneficios para personas mayores, pero eximir del pago de contribuciones a personas que tienen cuatro o cinco propiedades, en desmedro de las comunas más pobres, es un profundo sin sentido que daña la cohesión del país”.

“En Estación Central esta medida nos vuelve a golpear”, señala de entrada el alcalde Felipe Muñoz (ind.), quien suma que “de más de 120 edificios construidos en los últimos años, cerca del 70% de los departamentos se utiliza como inversión, con inversionistas con más de 20 departamentos, que en su mayoría no pagan contribuciones, por lo que una nueva exención sin compensación total al Fondo Común Municipal significa menos recursos para seguridad, limpieza, servicios básicos y equipamiento en general. Esto significaría menos capacidad para responder a los vecinos en una comuna que ya enfrenta un importante déficit de equipamiento”.

El edil suma que en su comuna están “preocupados por las señales que está dando el gobierno del Presidente Kast en materia de desarrollo urbano. Pretender, por ejemplo, modificar la Ley General de Urbanismo y Construcciones sin una discusión en el Congreso, para aumentar la densidad, pasando por encima de los planes reguladores y utilizando la reconstrucción como excusa, es una decisión que no podemos respaldar ya que puede hipotecar la calidad de vida por décadas”.

Camila Nieto (FA), alcaldesa de Valparaíso, cree que “detrás de una medida que suena justa, como eliminar las contribuciones, hay un efecto que no se está diciendo con claridad: esos recursos financian directamente a los municipios a través del FCM y permiten sostener servicios básicos en nuestras comunas”.

“En Valparaíso el FCM significa un aporte de cerca de un cuarto de nuestro presupuesto anual. Son fondos que van a seguridad, aseo y recuperación de espacios públicos. Además, este sistema permite redistribuir recursos desde las comunas más ricas hacia las que más lo necesitan. Acá se está dejando fuera una mirada regional con sentido local”, añade, argumentando que hoy ya existen exenciones y rebajas para adultos mayores con menores ingresos. Por eso, suma, “eliminar las contribuciones sin compensación no es una solución, es debilitar un mecanismo clave de equidad territorial. Y mientras se reducen estos recursos se propone bajar impuestos a las grandes empresas. Esa es una decisión que tiene consecuencias, y que termina afectando directamente la calidad de vida en nuestras ciudades”.

El alcalde de Renca, Claudio Castro (ind.), afirmó en Radio ADN que “es una realidad que el resultado de este proyecto implica menos recaudación para el Estado. Y por lo tanto, cuando tú generas una reforma que lo que hace es disminuir ingresos precisamente, con reducción a empresas, se reducen contribuciones a las personas más ricas. La pregunta fundamental para mí es cómo el Estado va a sostener un nivel de trabajo de $90 millones de servicios y de apoyos para las personas. Esta es una reforma compleja”. También consideró reparos de “reserva constitucional, si se puede hacer o no, meter cuestiones que claramente están en la línea de una reforma tributaria, con muchas medidas, y otros elementos tan variados como apoyar la reconstrucción”.

La alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, ya había advertido que “me preocupa no ver una hoja de ruta sobre cómo se implementarán los cambios al Fondo Común Municipal. Los municipios estamos planificando el futuro sobre una realidad incierta. Aún cuando comparto la idea de liberar del pago de contribuciones a las personas mayores, me parece necesario conocer los mecanismos de compensación cuando ese cobro se deje de hacer”.

Y quizás mirando esto de reojo, el megaproyecto incluye en su artículo décimo transitorio un procedimiento extraordinario de regularización de deudas municipales -patentes, permisos de circulación y derechos de aseo-. El beneficio consiste en la condonación por parte de la municipalidad del 100% de los intereses y multas, otorgando además la posibilidad a la municipalidad de renunciar a la acción de cobro. La idea de esto es que ingresen recursos que hoy están resultando incobrables.

Reconstrucción en Ñuble y Biobío

Por otro lado, hay medidas sobre la reconstrucción por los incendios de enero. El artículo 1 modifica la ley que crea el Fondo de Emergencia Transitorio por Incendios, aumentando el máximo marco presupuestario hasta los $1.200.000.000 de pesos para dar respuesta a los afectados de Ñuble y del Biobío. Del mismo modo, el artículo 2 modifica la Ley de Rentas Municipales con el objeto de incluir a las mismas regiones en las zonas habilitadas para la aplicación de medidas de excepción, dado que la habilitación legal incluye solamente a Valparaíso.

Al respecto, el alcalde de Penco, Rodrigo Vera (ind.), contextualiza que la discusión que viene “no es un gallito de un bando o el otro. Son chilenos que lo perdieron todo, más de 3.540 hogares que están totalmente destruidos. Necesitamos los recursos para la reconstrucción; sin este proyecto no hay reconstrucción (...) No estamos hoy para los gustitos, sino para reconstruir y demostrar que cuando somos chilenos y somos capaces y nos unimos con visión de Estado podemos sacar lo mejor de nosotros. Este proyecto es una gran oportunidad para demostrar que somos capaces”.

Mientras, Italo Cáceres (ind.), alcalde de Tomé, primero reseña que desde ocurrido el incendio el Serviu ha entregado 16 viviendas definitivas, pero que tuvieron 526 viviendas completamente destruidas.

En ese contexto, asevera: “El ministro Poduje ha planteado la necesidad urgente de contar con 500 millones de dólares para avanzar en la reconstrucción de la Región del Biobío. Valoro ese compromiso con nuestra comuna, porque es imprescindible seguir avanzando en esa línea. Aquí no solo se perdieron viviendas; lamentablemente, también se perdieron vidas, y una escuela en Punta de Parra que aún no alcanzaba a ser inaugurada”.