Desde enero a septiembre de este 2025 la Superintendencia de Educación recibió 14.931 denuncias ciudadanas, un incremento del 21% respecto al mismo período del año anterior.

Según detallaron, de ese total, 11.091 casos (74,3%) corresponden al ámbito de convivencia escolar. Sumando todas las áreas existentes, hay un incremento de 2.244 casos en relación al año pasado.

Desde el ente fiscalizador detallan que esta cifra no necesariamente refleja un empeoramiento de la convivencia, sino también una mayor disposición a denunciar, “impulsada por campañas institucionales, nuevas normativas y mejores canales de atención”, así como también una señal de confianza en la institucionalidad.

Así, las datos arrojan que este fenómeno es transversal, ya que se observa en todos los tipos de establecimientos: en el sector público (Municipalidades y Servicios Locales de Educación Pública) creció un 25,2%, mientras que los particulares subvencionados y pagados lo hicieron en un 25,5% y 27,7%, respectivamente.

Este aumento, además, ha sido más acelerado en el resto de las regiones (un crecimiento del +41,7%) en comparación con la Región Metropolitana (+32,2%), lo que plantea nuevos desafíos de gestión territorial, según plantea la superintendenta de Educación, Loreto Orellana.

“Esta descentralización de las denuncias obliga a fortalecer las capacidades regionales de atención y resolución, reconociendo que los conflictos en espacios educacionales no se viven igual en Arica que en Aysén, ni en una escuela rural que en un liceo urbano”, sostuvo.

Entre las áreas que impulsan esta alza, se encuentra el maltrato a párvulos y estudiantes (+943 casos), la discriminación (+564 casos) y las medidas disciplinarias (+295 casos). En conjunto, estas tres categorías explican el 80% del aumento en denuncias de convivencia.

En esta área, si bien el maltrato a estudiantes sigue siendo la principal causa de denuncia, “su peso relativo ha disminuido (de 64,8% en 2022 a 55% en 2025)”, mientras que la discriminación ha aumentado sostenidamente (de 9,5% a 16,6%).

“Este cambio revela una evolución en la sensibilidad de las comunidades: hoy se denuncia no solo la agresión directa, sino también las exclusiones sutiles, los prejuicios y las prácticas que vulneran la dignidad de los estudiantes. Es decir, situaciones que antes se silenciaban o normalizaban, hoy son enfrentadas a través de una denuncia, lo que habla también de un fortalecimiento del marco legal en este frente”, explicó la superintendenta.

Otra cifra que destacan desde el organismo es el crecimiento del 49,7% en las denuncias por maltrato a miembros adultos de la comunidad educativa. Esto, con agresiones provenientes de apoderados (+86%), estudiantes (+64,2%) y entre el propio personal (+73,2%).

Al respecto, detallan que si bien esto representa un segmento muy menor del total de denuncias -con un 4.2%- este tipo de violencia afecta el clima escolar y requiere respuestas institucionales “claras y oportunas”.

Ante estas situaciones, desde la Superintendencia de Educación detallan que han implementado nuevos procesos de atención ciudadana, como la Gestión Colaborativa de Conflictos, orientados a entregar respuestas más rápidas, pertinentes y colaborativas.

En este sentido, desde el ente fiscalizador hacen hincapié en que el aumento de denuncias no necesariamente refleja un empeoramiento de la convivencia, sino también una mayor disposición a denunciar, “impulsada por campañas institucionales, nuevas normativas y mejores canales de atención”, así como también una señal de confianza en la institucionalidad.