Defensoría Penal Pública representará a nueve sacerdotes de "La Cofradía"

Una vez que se hizo público el llamado caso de "La Familia" o "Cofradía" de Rancagua en mayo pasado, dando cuenta de un grupo de 14 sacerdotes de la Región de O'Higgins que estarían presuntamente vinculados a abusos sexuales, la fiscalía ha realizado una serie de pasos para aclarar estos hechos.

Para el Ministerio Público, es clave esclarecer los dichos de las víctimas, quienes declararon al programa Contacto de Canal 13 que en más de una ocasión habían dado a conocer estas situaciones a las autoridades eclesiásticas de la zona. En el marco de esta denuncia es que el entonces obispo de Rancagua, Alejandro Goic, ordenó la suspensión de sus funciones de 14 sacerdotes.

Pasaron pocas semanas y el 28 de junio el Papa Francisco aceptó la renuncia de Goic. El clérigo había puesto su cargo a disposición junto a todos los miembros de la Conferencia Episcopal, medida que adoptaron en Roma cuando se reunieron con el Sumo Pontífice.

Eso sí, antes de partir, Goic sostuvo una reunión con el defensor penal público de O'Higgins, Alberto Ortega. Fue este último, quien al ver en la prensa los alcances del caso, fue a ofrecer sus servicios al obispo emérito, preocupado "por las consecuencias y los riesgos de que la investigación avanzara desformalizada", cuenta una fuente familiarizada con las diligencias.

Goic transmitió la propuesta a los presbíteros investigados y así fue como la Defensoría, hace poco más de 30 días, asumió la defensa de nueve de los 14 sacerdotes que pertenecerían a la llamada "Cofrafía". La defensa de los otros cinco fue asumida por defensores privados, que no serán pagados por el obispado, "sino de su propio bolsillo", señala un cercano a los clérigos de Rancagua.

Estas acciones son interpretadas como un alejamiento de la Iglesia respecto de estos imputados. En esta línea, el vocero de la Conferencia Episcopal, Jaime Coiro, indicó este miércoles desde Punta de Tralca que "la mayoría de los sacerdotes que han sido acusados y han tenido abogados los han financiado sus propias familias. El bien de la Iglesia es ayudar a que los denunciantes y que las víctimas tengan acceso a un adecuado apoyo jurídico".

La Defensoría Pública solicitó una audiencia de cautela de garantías al Tribunal de Pichilemu, la que se desarrollará este jueves a partir del mediodía. En esta ocasión, se pedirá al Ministerio Público tener acceso a los antecedentes de la investigación que comanda el fiscal regional de O'Higgins, Emiliano Arias.

Mientras estos movimientos ocurren en sede penal, en Punta de Tralca los sacerdotes de la Conferencia Episcopal continuaron reunidos en torno a la 116 Asamblea Plenaria Extraordinaria.

Los casos de abuso sexual en la Iglesia, en especial la situación del cardenal Ricardo Ezzati, citado a declarar como imputado por presunto encubrimiento, ha cruzado las jornadas de reflexión. Así lo confirmó Coiro, quien señaló que se hizo un "primer abordaje del actual escenario jurídico, canónico y pastoral respecto de los abusos. Se ha profundizado en algunas de las causas y raíces en el fondo de estos (casos)".

Sara Romero, secretaria ejecutiva de la Conferencia de Religiosos y Religiosas de Chile, señaló que "es penoso y triste vivir esta realidad dentro de la Iglesia, pero pensamos también que como vida consagrada femenina tenemos que reflexionar respecto a nuestra formación humana, antropológica y cristiana, para que estas realidades no se continúen dando".

Respecto del caso del sacerdote Renato Toro Medina, sentenciado por la justicia canónica por abusos sexuales a menores cometidos en Chillán entre 2012 y 2015, el obispo de esa diócesis, Carlos Pellegrin, aseguró que las nuevas denuncias corresponden a hechos de antigua data. "Estas acusaciones se remontan al años 1982, 1983 y 1984". Agregó que se continúa en investigación previa y que los antecedentes serán entregados a la fiscalía local.

A través de un comunicado, la Iglesia informó que "el sacerdote encargado de realizar la investigación ha informado al obispo del término de ella, concluyendo que los hechos denunciados son verosímiles". Añadió que los antecedentes fueron serán remitidos a la Congregación para la Doctrina de la Fe, en Roma.