Por estafa de más de $800 millones a la institución bomberil, la Fiscalía Local de Iquique formalizó al expresidente del Consejo Regional de Bomberos de Tarapacá, Fernando Ruiz Moraga, durante el pasado jueves.

Por delitos de estafa y administración desleal, el imputado quedó con arraigo nacional y firma mensual, en torno a una investigación que lo vincula a la adjudicación de proyectos millonarios a empresas relacionadas con él o incluso de su propiedad.

“Se ha acreditado que el imputado, desde el año 2017 hasta su destitución de la institución, intervenía en licitaciones, en las cuales las empresas designadas estaban vinculadas directamente a él”, explica el fiscal de delitos ecónomicos, Juan Zepeda.

Con información privilegiada y ventajas indebidas, Ruiz logró adjudicar más de 10 proyectos a empresas con las que mantenía vínculos directos o participación societaria, por lo que recibía finalmente recursos que se asociaban a los concursos. Esto, siendo presidente de la entidad, además de formar parte del Directorio de la Junta Nacional de Bomberos.

Además, ciertas adjudicaciones se efectuaron con valores sobre el precio de mercado y algunas finalmente fueron inexistentes, deficientes o ejecutadas de manera parcial.

Los hechos fueron detectados luego de una auditoría interna realizada por el Consejo Regional de Bomberos de Tarapacá, a inicios del 2022. El perjuicio a la institución bomberil asciende a $861.800.816.

All Global Services, Ingeniería y Construcción JCL Ltda., Sociedad Constructora Puchuldiza Ltda. y Servicios Cristian Rosas fueron las cuatro empresas que aparentemente competían entre sí y con terceros, lo que simulaba un proceso de selección legítimo. Estas, se adjudicaron proyectos destinados a insumos y reparaciones para las compañías bomberiles de la región.

La Junta Nacional de Bomberos participó como querellante en la audiencia. Instancia en la que el fiscal, para acreditar irregularidades en los procesos de adjudicación y ejecución de los proyectos, presentó antecedentes documentales, como pericias contables de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones de Chile.

Por la complejidad de la investigación y que “es necesario aún realizar varias diligencias”, según señala el fiscal Zepeda, se estableció un plazo de investigación de 180 días.