El director del Instituto Libertad, Michael Comber, valoró el articulado del proyecto de Escuelas Protegidas, pese al pronunciamiento del Tribunal Constitucional (TC) en favor de los requerimientos que legisladores de oposición presentaron contra la norma que establece medidas de seguridad, orden y respeto para la comunidad educativa.

En su resolución, por ejemplo, el TC declaró inconstitucional la inhabilidad para acceder a la gratuidad que se establecía como una de las sanciones asociadas al incumplimiento de la normativa despachada por el Congreso a mediados de junio.

Comber defendió el proyecto en las audiencias que se realizaron en el Tribunal Constitucional antes de la resolución.

El director del centro de pensamiento oficialista valoró igualmente el contenido de la ley, pues, a su juicio, pese a los artículos que el TC consideró que no son constitucionales, entregará herramientas a los colegios para prevenir la violencia.

“La ley sigue entregando herramientas a los colegios para la revisión de mochilas, de lo cual se cae el apoyo de las policías (en la revisión). Así, las escuelas podrán establecer un protocolo claro: pedir que los estudiantes abran las mochilas, si no lo hacen, se podrá llamar a los padres y luego tener un plan específico para atender esos casos”, explicó.

Michael Comber expuso que se aprobó otro aspecto que ellos consideraban importante en esta ley y que es que los alumnos no podrán taparse la cara ni estar encapuchados.

A su juicio, eso “permitirá buscar más fácilmente a los responsables de la violencia escolar”.

Por otro lado, manifestó su preocupación por un aspecto que quedó fuera de la ley que es la sanción a la interrupción de clases.

“Sin duda es un problema para velar por el derecho de educación de la comunidad escolar en su conjunto”, advirtió.