En noviembre de 2023, ProCultura, anunció el cierre de sus operaciones.

La fundación venía acusado una “brutal discriminación basada en una mera coyuntura política”, en una arremetida judicial para evitar el freno en la entrega de fondos públicos por sus contratos con gobernaciones.

La “coyuntura” a la que se refería la fundación que encabezaba el psiquiatra Alberto Larraín se conoció como el caso Convenios y estalló con las revelaciones de los contratos de Democracia Viva en Antofagasta.

¿Qué es ProCultura?

En su sitio oficial, ProCultura se definió como “una fundación sin fines de lucro”.

“A través de acciones identitarias, patrimoniales y culturales generamos oportunidades de desarrollo para las comunidades con el fin de potenciar la calidad de vida de las personas y que alcancen mayores niveles de bienestar físico, mental y social”, aseguraban en su web.

ProCultura fue creada en 2009 por el Larraín y la fotógrafa Ilonka Csillag.

La entidad aumentó en más de 10 veces sus ingresos desde reparticiones públicas entre 2021 y 2022 (pasó de $316.849.723 a $3.282.841.556 cuando asumió el actual gobierno).

Son cerca de $6 mil millones en convenios con organismos públicos que se adjudicó la fundación ProCultura que están bajo la lupa del Ministerio Público.

Dos fiscales apartados de la investigación

A fines de 2023, se sabía de contratos de ProCultura en las regiones de Antofagasta, Valparaíso, Ñuble, Biobío y Magallanes. Por entonces, esas indagatorias quedaron radicadas en la Fiscalía Regional de Aysén, la que era liderada por Carlos Palma.

En junio de 2024, con Palma vinculado al caso Audio, por revelaciones de contactos inapropiados con Luis Hermosilla, el fiscal nacional, Ángel Valencia, determinó el traspaso de la causa a otro persecutor.

Palma fue formalizado por revelar secretos de una causa por ley de drogas al cuestionado abogado.

El fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, asumió el caso y también terminó fuera, cuando, según aseguró, estaba a punto de formalizar a 14 imputados.

En mayo de 2025, Valencia decidió sustituirlo ante un fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta que declaró ilegal la intervención del teléfono de la psiquiatra Josefina Huneeus, expareja de Larraín.

En ese “pinchazo” se habría accedido a una conversación entre la psiquiatra y el Presidente Gabriel Boric que levantó sospechas ante un presunto financiamiento irregular de la campaña presidencial de 2021.

También fue indagada y terminó figurando como testigo la expareja de Boric, Irina Karamanos, que alcanzó a trabajar de forma remunerada en la fundación.

Las figuras políticas involucradas y los “pinchados”

Otra figura de gobierno que se investigó es Miguel Crispi, el exsubsecretario de Desarrollo Regional y exjefe de asesores de Presidencia.

En el transcurso de la indagatoria, el Ministerio Público ha solicitado autorizaciones de escuchas telefónicas de 80 personas.

Además de los funcionarios de ProCultura, se pidió “pinchar” el celular de Cristi, de su tía Verónica Serrano, que fue jefa nacional del Programa de Asentamientos Precarios, del exgobernador del Biobío Rodrigo Díaz, del gobernador de Magallanes Jorge Flies, del de Ñuble, Óscar Crisóstomo, y el de Valparaíso Rodrigo Mundaca, entre otros políticos.

También, figuró como sujeto de interés el exministro de Desarrollo Social Giorgio Jackson, que estuvo en el listado de “alerta” por eventuales salidas del país que pidió la Fiscalía a PDI.

El imputado Orrego y las sospechas por el programa Quédate

Luego de más de dos años de investigación, el viernes 30 de enero, Larraín fue detenido por una arista vinculada al Gobierno Regional (GORE) de Santiago.

Se le formalizó por fraude al fisco junto a María Constanza Gómez, representante legal de ProCultura; María Teresa Abusleme, exdirectora de estudios; Evelyn Magdaleno, exjefa de la División de Desarrollo Social Humano del GORE; y Gabriel Prado, que fue contratado por el GORE para contactar con la fundación.

El gobernador Claudio Orrego figura como imputado y se solicitó su desafuero.

El fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, busca esclarecer la transferencia de 1.600 millones de pesos en el contexto del plan Quédate, un programa de prevención del suicidio.

El ente persecutor estima que el contrato se concretó por la cercanía entre Larraín y Orrego.