Para el Ministerio Público, Eduardo Lagos es uno de los principales imputados en la trama bielorrusa. Sin embargo, tanto él como su defensa han desplegado una serie de acciones para derribar las imputaciones por los delitos de lavado de activos y soborno que pesan en su contra y por los que se mantiene en prisión preventiva en el anexo penitenciario Capitán Yáber.

De hecho, recientemente el abogado que lo representa, Marcelo Abujiar, presentó un escrito ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago donde requirió se fije audiencia para discutir su sobreseimiento definitivo. O sea, busca que se ponga fin al procedimiento penal que se sigue en su contra de manera irrevocable y así quedar libre de la indagación en cuestión.

“Vengo en solicitar se fije audiencia para efectos de discutir el sobreseimiento definitivo respecto de mi representado, en virtud de lo visto y dispuesto en el artículo 250 letras A y B del Código Procesal Penal”, se lee en el escrito que presentó la defensa la jornada del 14 de abril.

Pero eso no fue todo. A través del mismo documento y en caso de no tener éxito con la mencionada petición, también requirieron que se habilite la audiencia para discutir sobre la modificación de la medida cautelar. Desde el 15 de noviembre de 2025, se mantiene privado de libertad, al igual que los imputados Mario Vargas y Gonzalo Migueles.

Lo anterior, porque de acuerdo con las evaluaciones que han hecho, la defensa estima que hay elementos que han hecho variar las circunstancias ponderadas cuando se dispuso esta medida cautelar.

“Por medio de este acto vengo en solicitar se fije audiencia de revisión de medidas cautelares, con la finalidad de evaluar la medida cautelar de prisión preventiva que pesa sobre mi representado, el señor Carlos Eduardo Lagos Herrera, toda vez que a la fecha existen nuevos antecedentes, los cuales serán expuestos en la audiencia que en este acto se solicita”, se detalla en la petición.

Por determinación del juez Mario Cayul, la audiencia en que se discutirán los puntos señalados quedó programada para el 2 de junio a partir de las 9.00 horas, en la Torre C del Centro de Justicia de Santiago.

Devolución de objetos incautados

Aunque la mayor apuesta de Lagos es lograr su sobreseimiento definitivo, su abogado también ingresó un segundo escrito donde pidió una audiencia de cautela de garantías, por hechos que también serán objeto de discusión en la cita programada para inicios de junio.

Ahí mismo, además, requerirán la devolución de parte de especies que le fueron incautadas. Específicamente, su teléfono celular y dineros confiscados el 3 de noviembre en el marco del procedimiento de entrada y registro a su oficina.

Requirió, igualmente, que se le entreguen los elementos que fueron requisados desde la casa de su asistente, María Pía Peñaloza, y que son de propiedad de su estudio de abogados. Se trata de elementos que fueron incautadas el 23 de febrero de 2026 y entre los que se cuenta un computador y un teléfono, los cuales estaban en dicho domicilio ya que Peñaloza estaba con postnatal.

“La cautela de garantías, consagrada en el artículo 10 del Código Procesal Penal, es el mecanismo idóneo para solicitar al juez de garantía la adopción de medidas que aseguren el respeto a los derechos fundamentales del imputado cuando estos puedan verse afectados por diligencias de investigación, como la incautación y análisis de dispositivos electrónicos”, mencionó Abujiar en el requerimiento.

La defensa busca proteger, como precisó el abogado, datos personales ajenos a la investigación, el secreto profesional con el que debe cumplir Lagos por su rol de abogado, y datos de clientes o empresas que no forman parte del proceso penal.

“En dichos dispositivos existe información de terceros que pueden verse afectados (...) La revisión indiscriminada de un dispositivo por parte de la Fiscalía o las policías puede vulnerar la estrategia de defensa y la confidencialidad abogado-cliente”, argumentó la defensa.

Para Lagos “resulta del todo plausible restringir el acceso a información sensible o ajena al caso, para lo cual es menester limitar a términos de búsqueda (palabras clave) o rangos de fechas específicos vinculados estrictamente al hecho punible, como también se establezca límites respecto de la extracción de datos para asegurar que no se acceda a carpetas personales o amparadas por secreto profesional".