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Mayor seguridad supera a elecciones libres entre las prioridades de los chilenos

Un estudio de la Universidad Diego Portales revela que la ciudadanía sigue respaldando la democracia, pero la entiende principalmente por sus resultados concretos. Quienes enfrentan mayores dificultades económicas muestran una mayor disposición a aceptar medidas que impliquen retrocesos democráticos.

Andres Perez

Durante décadas, las elecciones libres fueron consideradas el símbolo más visible de la democracia. Sin embargo, una nueva investigación comparada realizada en Chile, Costa Rica y El Salvador, muestra que, para una parte importante de la ciudadanía, la calidad democrática hoy se mide menos por las urnas y más por la capacidad del sistema para resolver problemas concretos, como la inseguridad, la desigualdad y el acceso a servicios públicos.

Los datos corresponden a una encuesta aplicada el año pasado, en el marco de la investigación doctoral en Ciencias Sociales de Jesús Guzmán, de la Universidad Diego Portales (UDP). El estudio buscó responder qué entienden las personas por democracia, cuánto valoran sus distintos componentes y hasta qué punto estarían dispuestas a tolerar medidas que la debiliten para enfrentar los principales problemas del país.

En el caso chileno, los resultados muestran una ciudadanía que sigue valorando la democracia, pero cuya concepción está cada vez más asociada a sus resultados prácticos que a sus mecanismos de funcionamiento.

Cuando se pidió a los encuestados seleccionar hasta cinco características fundamentales para definir una democracia, la opción más mencionada en Chile fue la igualdad ante la ley, con un 60,3%. Le siguieron la existencia de servicios públicos eficaces (55,3%) y la seguridad (51,8%).

En contraste, las elecciones libres obtuvieron apenas un 21,1% de menciones, ubicándose entre los atributos menos relevantes para definir el régimen democrático.

Según el análisis de Guzmán, los chilenos tienden a asociar la democracia con aspectos institucionales, como la independencia de los jueces, la transparencia o la separación de poderes, y con resultados comprobables. Mientras que, por otro lado, los componentes estrictamente electorales ocupan un lugar secundario.

Elecciones Presidenciales en Estacion Mapocho. Andres Perez

“Lo que más me sorprendió es que la ciudadanía entiende la democracia principalmente por eso y no tanto por sus procedimientos. En Chile esto es especialmente marcado”, señala el investigador.

La huella generacional

Uno de los hallazgos más relevantes del estudio aparece al observar las diferencias entre generaciones. Las personas mayores de 45 años otorgan una importancia significativamente mayor a las instituciones democráticas. Para este grupo, elementos como los contrapesos al poder, la independencia judicial o el funcionamiento del Estado tienen un peso central en la definición de democracia.

Entre los menores de 24 años, la situación es distinta. Los jóvenes distribuyen de manera más equilibrada su valoración entre instituciones, derechos y libertades, y resultados palpables.

Según el investigador, las experiencias históricas ayudan a explicar esta brecha. Mientras las generaciones mayores vivieron la dictadura militar o la transición democrática, los más jóvenes crecieron en un contexto donde las elecciones y las instituciones democráticas han sido una realidad permanente.

“Las personas mayores tienden a anclar su concepción de democracia en las instituciones, probablemente porque vivieron en carne propia lo que significa perderlas. Los menores de 24 años la entienden desde los derechos y los resultados”, sostiene Guzmán.

La encuesta también preguntó cuánto valoran distintos componentes democráticos en la vida cotidiana. Los resultados muestran un respaldo generalizado a todas las dimensiones evaluadas, pero existe una categoría que sobresale claramente por sobre las demás.

Servicios públicos eficientes y una menor desigualdad aparecen como los aspectos más importantes para los encuestados, superando a dimensiones relacionadas con elecciones, competencia política o controles institucionales. En otras palabras, para una parte importante de la ciudadanía la democracia se legitima no solo por cómo funciona, sino también por lo que entrega.

El patrón vuelve a repetirse entre generaciones. Los jóvenes muestran una valoración más baja de los aspectos institucionales, aunque coinciden con los grupos mayores en la relevancia otorgada a los derechos y a los resultados concretos.

El temor a la inseguridad

La investigación también exploró cuál es el principal problema que enfrentan los países analizados. En Chile, la respuesta fue contundente: el 50,6% identificó la inseguridad y el crimen organizado como la principal preocupación nacional.

A partir de esa respuesta, los participantes fueron consultados sobre distintas medidas que un gobierno podría adoptar para resolver el problema, incluyendo algunas conductas incompatibles con principios democráticos, como suspender partidos políticos, ignorar resoluciones judiciales o gobernar sin controles institucionales.

Andres Perez

La mayoría rechazó estas alternativas. Sin embargo, el apoyo registrado no es irrelevante. Dependiendo de la medida, entre un 10% y un 30% de los encuestados manifestó algún nivel de acuerdo con acciones que implicarían restringir derechos o debilitar instituciones democráticas.

La investigación detectó además que quienes consideran la inseguridad como el principal problema muestran una disposición algo mayor a aceptar restricciones de derechos, aunque no necesariamente a suspender elecciones o concentrar poder político.

Contrario a lo que podría suponerse, la edad no aparece como un factor determinante para explicar la tolerancia a medidas antidemocráticas. La variable que mejor predice esa disposición es otra: la situación económica.

Los datos muestran una relación directa entre dificultades materiales y aceptación de medidas que impliquen retrocesos democráticos. Mientras peor es la percepción de la situación económica personal, mayor es la disposición a tolerar restricciones institucionales o de derechos para resolver problemas considerados urgentes.

El nivel educacional también influye. Las personas con menor educación presentan una mayor apertura a aceptar medidas excepcionales que debiliten la democracia.

Para Guzmán, este hallazgo representa una señal de alerta para la región. “El principal riesgo para la democracia no viene necesariamente de un golpe clásico, sino de un debilitamiento gradual desde adentro, impulsado por el descontento ciudadano con los resultados del sistema”, afirma.

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