
Prisión preventiva para dos de los detenidos por torturas a compañero de labores en hospital de Osorno
La fiscal jefa de Osorno, María Angélica de Miguel, se mostró conforme con la decisión que priva de libertad a dos de los cuatro imputados por los delitos registrados entre 2018 y 2020, mientras estudia impugnar las cautelares de los otros implicados, que quedaron con arresto domiciliario total.

El Juzgado de Garantía de Osorno decretó este viernes la prisión preventiva para dos de las cuatro personas investigadas por las agresiones que sufrió un extrabajador del Hospital Base San José de esa ciudad, mientras que los dos restantes quedaron con arresto domiciliario total.
Así lo informó la fiscal jefa de Osorno, María Angélica de Miguel, tras la audiencia de formalización de los cuatro acusados por delitos de tortura que afectaron a su compañero de labores entre 2018 y 2020, en hechos que fueron divulgados esta semana con registros de video, donde se ve a los imputados atar, rapar y quemar al afectado.
Tras la audiencia, la persecutora dijo estar conforme con la prisión preventiva de dos de los implicados, e indicó que el Ministerio Público analizara la posibilidad de recurrir las medidas cautelares de los otros dos detenidos, que recibieron arresto domiciliario total, arraigo nacional y prohibición de acercarse a la víctima y su familia.
Al respecto, indicó que el tribunal aplicó cautelares menores a dos de los imputados “en atención a que la misma víctima sustrae al imputado de esta responsabilidad, señala que él no tiene responsabilidad sino que él lo protegía. Y, respecto al otro imputado, declaró y, obviamente, colaboró con la investigación y eso es lo que el juez consideró”.
Sobre los implicados que quedaron en prisión preventiva, la autoridad sostuvo que, en estos casos, “los antecedentes y los videos que pudimos observar son bastante más elocuentes, digamos, y decretan una participación bastante activa en los hechos”.
Agregó que “además, tenían una calidad de superioridad jerárquica respecto de los otros participantes y respecto a la víctima, que, por lo tanto, le dan un matiz distinto y eso es lo que consideró el juez también para decretar la prisión preventiva”.
Denuncia previa
Consultada por versiones de las defensa de uno de los imputados, que indicó que los videos conocidos se habían entregado a la Fiscalía en años anteriores, la fiscal De Miguel lo desmintió.
“Quiero aclarar que en 2020 se realizó una denuncia en la cual la víctima participó en realizar, digamos, constatación de lesiones. Y esa denuncia fue por lesiones específicamente del año 2020, respecto de uno de los imputados que fue formalizado el día de hoy”, sostuvo, al relevar que en esa ocasión se aplicó una suspensión condiciona de la causa.
Así, lo calificó como “un hecho totalmente distinto a lo que es hoy. Por lo tanto, nosotros jamás tuvimos acceso (a los videos)”.
“El video que se habla es un video en que, efectivamente, la víctima aparece forcejeando con el imputado que en ese entonces fue formalizado y se le aplicó una suspensión condicional en el procedimiento por lesiones menos graves. Esa era la denuncia, jamás fueron estos videos”, destacó la persecutora, tras lo cual agregó que la Fiscalía tomó conocimiento de las imágenes el mismo día en que fueron publicados por medios de prensa.
Investigación del hospital
En tanto, la fiscal jefa de Osorno afirmó desconocer si el Hospital Base de la ciudad tuvo conocimiento de las imágenes antes de que se hicieran públicas.
“Sí tenemos una denuncia al año 2024, en que ellos hablan de tratos degradantes. Esa es la figura que usan tratos degradantes respecto a esta misma víctima. Pero jamás acompañan ningún video, jamás acompañan ninguna otra evidencia, ningún aporte”.
Así, declaró que en esa oportunidad, los tratos degradantes no se pudieron acreditar, pero relevó que la causa está vigente y que se adjuntó al proceso que se lleva adelante en la actualidad.
Delitos de tortura
Asimismo, la fiscal María Angélica de Miguel afirmó que los delitos imputados esta jornada a los formalizados se basan en el artículo 150, letra A, del Código Penal, que indica que “el empleado público que, abusando de su cargo o sus funciones, aplicare, ordenare o consintiere en que se aplique tortura, será penado con presidio mayor en su grado mínimo”.
“Se estableció que el delito de tortura del 150 letra A, por lo cual formalizó el Ministerio Público, sí concurre en este caso. Se formalizó por el 150 letra A básicamente porque creemos que estos actos son de los más degradantes que hay respecto de una persona, lo más intimidante, actos intimidatorios a esta persona y aparte de ello también denigrantes como ser humano”, sostuvo.
Detenidos y destituidos
Los cuatro formalizados fueron detenidos entre jueves y viernes por funcionarios de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales (Brisex) de la PDI Los Lagos.
Asimismo, el jueves el Ministerio de Salud solicitó la destitución de los cuatro funcionarios involucrados, quienes se mantenían trabajando en el recinto.
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