Fue tras las cuestionadas elecciones de julio de 2024 que el régimen de Nicolás Maduro ordenó la expulsión de una serie de embajadores, entre ellos, del representante de Chile en el país caribeño, Jaime Gazmuri (PS). Maduro, quien afirmó haber ganado dichos comicios, optó por la expulsión luego de que los países cuestionaran los resultados de su reelección.

Luego de dejar el país, Gazmuri arribó a Santiago desde donde, según informó el gobierno en aquel entonces, seguiría desarrollando sus labores diplomáticas. Dicha labor en territorio nacional se extendió por cinco meses, hasta que el 7 de enero de 2025 cuando el gobierno cesó sus funciones. Durante ese periodo, el exsenador continuó recibiendo su remuneración, que ascendía a cerca de $ 21 millones, lo que fue cuestionado y denunciado por parlamentarios de oposición y la Fundación Fuerza Ciudadana -que dirige el también republicano Raimundo Palamara- ante la Contraloría.

Este jueves, el organismo encabezado por la contralora Dorothy Pérez, finalmente resolvió dicho requerimiento y determinó que el Ministerio de Relaciones Exteriores debe devolver parte de los recursos que recibió el exrepresentante de Chile en Venezuela, ya que su remuneración no se ajustó a la normativa.

La denuncia de la fundación que lidera Palamara y el requerimiento de los diputados José Miguel Castro (RN), Christian Moreira (UDI) y Cristián Labbé (Libertario), apuntaba a que el entonces embajador no debió recibir su remuneración tipo “Planta ‘A’” del Servicio Exterior, que se paga en moneda extranjera, ya que él ejercía sus funciones en Chile.

En su resolución, el ente persecutor determinó que basándose en la Convención de Viena, en julio de 2024 los representantes extranjeros fueron declarados “personas non gratas”, al ser expulsados y que su salida no se debió a un “llamado” de Cancillería a Gazmuri, como lo planteaba el Ejecutivo.

“En nuestro ordenamiento jurídico no está definida la expresión ‘llamado’ -que a nivel consuetudinario es conocido como ‘llamado en consulta’-, ni tampoco se establece cuál es su finalidad”, sostiene Contraloría en su resolución.

La resolución

La resolución de la Contraloría determinó que aquello “no puede sostenerse que el retorno del señor Gazmuri se produjo como consecuencia de haber sido llamado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, sino que ello se debió a la ‘solicitud de retiro’ realizada por la República Bolivariana de Venezuela”.

Además concluye que “el contexto excepcional en el que se produjo el retorno a Chile del señor Gazmuri permite sostener que se trata de un caso calificado en los términos del precepto legal recién citado, por lo que, en la especie, correspondió que aquel hubiese sido destinado, como cargo adscrito, en su misma categoría, pero perteneciente a la Planta ‘B’, a partir del 2 de agosto de 2024, fecha de su retorno y, por tanto, percibir las remuneraciones correspondientes al grado 3° de la EUR, en moneda nacional".

Ante aquello, el ente fiscalizador resuelve que “el Ministerio de Relaciones Exteriores deberá revisar la situación que afecta al señor Jaime Gazmuri, determinar el monto de la diferencia que se ha producido como consecuencia de habérsele pagado sus remuneraciones en moneda extranjera y no en moneda nacional y notificar al afectado para que proceda al reembolso de las sumas percibidas erróneamente, informando de ello a esta Contraloría en el plazo de 20 días hábiles contado desde la notificación de este oficio”.

Consultado respecto a esta resolución, Gazmuri afirmó a La Tercera que no tiene más que agregar, ya que él se remitió a lo que determinó Cancillería en su momento.

Por parte de los denunciantes, Palamara destacó que Gazmuri “fue expulsado por la dictadura venezolana y no fue llamado a informar como falsamente se informó por las autoridades, y es por eso que fue acogida la denuncia por la Contraloría de manera categórica. El embajador Jaime Gazmuri no podía seguir percibiendo remuneraciones por tal cargo, ya que su retorno no fue un ‘llamado en consulta’, fue una expulsión que puso término a su destinación en ese país”.

“En virtud del principio de legalidad y el buen uso de recursos públicos es que le ordenan restituir lo pagado en exceso, porque cuando el Estado paga indebidamente, lo que corresponde es que el dinero sea restituido, sin más trámite”, concluyó el abogado.