El pleno del Tribunal Constitucional (TC) se demoró 45 días, desde que tomó el acuerdo, para redactar y despachar la sentencia de la reforma al sistema notarial y registral.

La ley, que tuvo que pasar por el control de constitucionalidad obligatorio, pasó sin ningún problema el examen del TC. Esto quiere decir que todo el proyecto de ley -iniciado por mensaje del Ejecutivo cuando el exministro Hernán Larraín estaba al mando del Ministerio de Justicia- podrá publicarse en el Diario Oficial.

De esta manera, tal como lo había adelantado La Tercera, el pleno del TC dio un portazo a los notarios, archiveros y conservadores que habían pedido que se impugnara una norma especialmente sensible.

Se trata del artículo que termina con la excepción que permite que puedan seguir en sus cargos quienes tienen más de 75 años. Los que se verán afectados por esta regla habían acusado discriminación arbitraria solo por razones de edad. Pese a todos los informes en derecho ingresados, ninguno prosperó. De esta manera, casi 50 profesionales deberán jubilarse cuando esta norma entre en vigencia, un año después de ser publicada.

La reforma, cuya recta final tuvo como protagonista al ministro de Justicia, Jaime Gajardo (PC), implicará un verdadero terremoto. No solo por el jubilazo para los mayores de 75 años, sino que también por una serie de otras modificaciones que darán vuelta el tablero.

Uno de los cambios más potentes es la inhabilidad que incluyó Gajardo cuando la reforma se tramitó en el Senado. Esta consiste en que no podrán aspirar al cargo de notarios, archiveros y conservadores los parientes de una larga lista de autoridades, entre ellos jueces, diputados y senadores. Según datos de la Fundación América Transparente de 2021, el 40% de los notarios tiene parientes en el Parlamento o en el Poder Judicial.

Otra de las modificaciones más potentes tiene que ver con que el gobierno logró cambiar el sistema de nombramientos. El Ejecutivo eliminó la participación del Poder Judicial en la selección de las ternas y los nombramientos de notarios, archiveros y conservadores. Al quitarle esta responsabilidad a la judicatura, el asunto se trasladará al Sistema de Alta Dirección Pública.

Esto romperá de inmediato con el vínculo espurio que se había tejido con las cortes de Apelaciones y terminará con la endogamia del sistema, porque además se exigirá considerar la experiencia de los postulantes más allá de lo que hayan trabajado en notarías o conservadores.

El Presidente deberá escoger un nombre dentro de la terna -que seguirá un orden decreciente de puntaje-, y si no lo hace dentro de los 20 días hábiles siguientes, se entenderá escogido el postulante que tuvo el mejor puntaje. Excepcionalmente, si el número uno se encuentra en el 10% del máximo puntaje de la escala de evaluación, y quienes le sigan se encuentren bajo el 80%, ese candidato será seleccionado de manera automática.

Para Justicia otro aspecto clave de su reforma fue que, por primera vez, se creará un sistema para fijar las tarifas máximas a través de un “procedimiento objetivo y técnico”.

Si bien actualmente los precios son fijados por un decreto que data de 1998, con la reforma se logra que el Sernac vigile los problemas de atención, servicio y cobros irregulares. Junto con eso, la fiscalización disciplinaria será labor exclusiva de los fiscales judiciales.

Además, estos auxiliares de la justicia deberán hacer declaración de patrimonio e intereses, y existirán horarios laborales más rígidos y las vacaciones quedarán sujetas a autorizaciones del Ministerio de Justicia.