La mañana de este martes, la Comisión de Hacienda de la Cámara vivió una sesión marcada por los reproches y la tensión. En la cita comenzó la discusión del proyecto que modifica los aportes de algunas comunas al Fondo Común Municipal (FCM) -iniciativa que ingresó al Congreso el 28 de octubre con urgencia de discusión inmediata-.

Resumidamente, el proyecto de ley para reformular el sistema tributario para las pymes también incluye modificaciones al FCM, mecanismo de distribución de ingresos entre municipios y que ha sido diseñado para reducir las desigualdades existentes entre ellos.

En su proyecto original, el Ejecutivo sumó a Lo Barnechea dentro de aquellas que suben del 60% al 65% su aporte de lo recaudado por concepto de contribuciones, sumándola también a aquellas que aportan ingresos por patentes comerciales. Además, se incrementó también el aporte de Las Condes, que pasa de un 65% a un 80%, en un plazo de tres años en el impuesto territorial, y de un 65% a un 70%, por concepto de patentes comerciales.

Por eso la sesión de este martes era tan esperada, con varios alcaldes invitados a aportar su mirada, como los ediles de Lo Barnechea, Las Condes, La Reina y Zapallar, además de representantes de asociaciones municipales. El encuentro también contó con la presencia del ministro de Hacienda, Nicolás Grau. Desde el inicio de la cita, los jefes comunales expresaron su molestia por no haber sido consultados previamente por el proyecto y advirtieron un fuerte impacto financiero en sus presupuestos si el proyecto avanza en los términos propuestos.

El alcalde de Lo Barnechea, Felipe Alessandri (UDI), abrió las intervenciones con una crítica frontal: “Recibimos con sorpresa este mensaje presidencial. Es la lápida para comunas como Lo Barnechea y Las Condes. Bienvenida la solidaridad, pero esto nos parece más bien un populismo sin nombre”.

Según sus cálculos, solo en su comuna la rebaja al impuesto territorial implicaría una merma de $ 6.500 millones, cifra que podría llegar a $ 8.500 millones si se considera la caída proyectada por concepto de patentes comerciales.

Su par, la alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín (Ind.), reforzó los cuestionamientos técnicos. Señaló que apenas 10 comunas concentran el 40% del impuesto territorial, mientras 253 municipios dependen en más de un 50% del FCM, lo que, dijo, genera una “dependencia crónica” y desincentiva la recaudación propia.

“El mensaje presidencial no entrega luces sobre el impacto real que tendrá en las comunas afectadas. Incluso el informe financiero reconoce que ‘no es posible conocer el efecto para las arcas municipales’. Fantástico: generan un mensaje y no saben cómo nos va a afectar”, ironizó.

Desde la Asociación de Municipalidades de Chile (Amuch), su presidente y alcalde de La Reina, José Manuel Palacios (UDI), lamentó -vía online- haberse enterado del anuncio “por la prensa” y acusó falta de coordinación: “Hace tiempo que estamos trabajando en propuestas para aliviar el pago de contribuciones de los adultos mayores, incluso con el Servicio de Impuestos Internos, y esta iniciativa no pasó por ninguno de esos espacios”.

El alcalde de Zapallar y presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades (Achm), Gustavo Alessandri (RN), planteó que el proyecto “maquilla un problema de fondo” y llamó a un trabajo “colaborativo y realista” sobre la autonomía financiera de los municipios.

“Hoy tenemos una crisis donde nos autofinanciamos con permisos de circulación y contribuciones. El impuesto territorial se volvió expropiatorio para muchos adultos mayores que han debido vender sus viviendas. Además, entregar hasta el 80% de esos recursos al Fondo Común y quedarnos con solo el 20% es injusto”, advirtió.

Críticas transversales

Desde el Congreso las críticas fueron transversales. El diputado Diego Schalper (RN) acusó al Ejecutivo de “hacer que dos comunas paguen su inoperancia en el Fondo Común Municipal” y anunció que llevará el caso al Tribunal Constitucional por afectar “la justicia tributaria y el derecho de propiedad en su esencia”. En tanto, Miguel Mellado (RN) calificó el proyecto como “inconsulto” y advirtió que “el informe financiero viene vacío sobre el efecto real para las municipalidades”.

Las críticas también pesaron desde el propio oficialismo. El diputado Jaime Sáez (FA) reconoció que el texto requiere “mucho más diálogo” y pidió incluir en la discusión a las comunas que dependen casi totalmente del FCM. “Este Congreso y el gobierno debemos estar abiertos a una conversación seria sobre descentralización fiscal. Lamentablemente ha faltado voluntad política para avanzar hacia regiones más fuertes”, sostuvo.

En respuesta a los cuestionamientos, el ministro Nicolás Grau defendió el proceso de tramitación y aclaró que “no es del todo correcto decir que el proyecto lleva pocos días o semanas en preparación”.

Explicó que, por la naturaleza jurídica de los municipios, la iniciativa no requiere un informe financiero tradicional, aunque el ministerio incluyó una minuta complementaria con antecedentes económicos. “Algunas preguntas que se han planteado acá van a tener respuesta de nuestro lado”, afirmó.

Sin embargo, los alcaldes insistieron en que no existió diálogo previo. La jefa comunal de Las Condes replicó al ministro: “Estuvimos profundamente atentos cuando se ingresó el mensaje anterior. Pero se metió de contrabando una reforma sobre las pymes que terminó afectando nuestro aporte al Fondo Común. Lo único que pedimos es que se converse con nosotros”.

La sesión finalizó sin acuerdo y con la percepción general de que no existen aún condiciones para votar el proyecto. Diputados y alcaldes coincidieron en que el texto, tal como está, deja incógnitas sobre su impacto financiero y real efecto redistributivo.