El caso de platas públicas e influencias políticas que sacude a Revolución Democrática (RD) y, en particular, a la diputada Catalina Pérez sigue en escalada.

Tras desistir de su censura la mesa -una vez que la diputada Pérez suspendió su cargo en la vicepresidencia de la testera-, este jueves la bancada gremialista fue más allá y presentó una querella criminal en contra de quien resulte responsable por la trama de los convenios entre el Serviu de la región de Antofagasta -liderado, hasta el fin de semana pasado por Carlos Contreras (RD)- y la Fundación Democracia Viva, presidida y fundada por la pareja de la diputada, Daniel Andrade (RD).

En concreto, la acción judicial fue presentada por los diputados UDI Juan Antonio Coloma, Cristián Moreira y Juan Manuel Fuenzalida, quienes buscan imputar los delitos de fraude al fisco, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos.

Si bien la acción judicial se presentó contra quien resulte responsable de un eventual ilícito, en el escrito los legisladores aluden directamente a los protagonistas de la trama y argumentan que existió un “empleo indebido de bienes públicos por parte de quienes ostentan cargos de responsabilidad pública como lo son los funcionarios o empleados públicos”.

El caso que complica al oficialismo surgió a raíz de la denuncia de la asignación directa de $426 millones desde la Seremi de Vivienda de Antofagasta, dirigida por el exseremi Carlos Contreras (RD), a Democracia Viva, organización sin fines de lucro presidida por Daniel Andrade, pareja de la diputada Catalina Pérez, quien presidió a RD entre 2019 y 2022.

Desde la oposición han acusado a la diputada Pérez y a RD de haber favorecido indebidamente a sus militantes con recursos estatales, al suscribir de manera arbitraria y por trato directo tres convenios de “transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de habitabilidad primaria” y “organización de la demanda habitacional” en campamentos de la región de Antofagasta.

“Resulta al menos cuestionable, y de ahí que se investiguen los hechos en sede penal, que se hayan desvirtuado fondos relativos a las funciones propias del Ministerio de Vivienda y Urbanismo en la Región de Antofagasta, en una fundación cuya naturaleza propia es de carácter político, y con sede en Santiago”, acusa el escrito presentado por los parlamentarios UDI.

Para la ofensiva penal, la UDI designó a cargo a los abogados Teresita Santa Cruz, directora del área legislativa de la Fundación Jaime Guzmán, y a Carlos Oyarzún Concha, asesor legislativo del partido.

“No es posible que a una fundación que no tiene trayectoria se le entregue en forma directa una cuantiosa cantidad de dinero. Eso tiene que cambiar y además tiene que haber una fiscalización real para que los dineros que se entregan sean usados de acuerdo a lo que ellos se comprometieron. Esto es muy grave”, acotó el diputado Moreira.