Diputados del PDG presentan acusación constitucional contra exministro Allamand por “haber comprometido gravemente el honor o la seguridad de la nación”

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Legisladores cuestionan viaje del excanciller a España durante crisis migratoria en el norte.




Un grupo de diputados presentó este miércoles en el Congreso una acusación constitucional contra el exministro de Relaciones Exteriores Andrés Allamand.

Se trata de legisladores del Partido de la Gente, independientes, de izquierda y de oposición.

Yovana Ahumada Palma, Roberto Arroyo Muñoz, Karen Medina Vásquez, Rubén Oyarzo Figueroa, Víctor Pino Fuentes, Francisco Pulgar Castillo, Gaspar Rivas Sánchez, aparecen entre los firmantes, además del diputado independiente integrante del comité de Evópoli Enrique Lee Flores y la diputada Pamela Jiles, del desaparecido Partido Humanista y actual integrante del comité parlamentario Ecologista Verde e Independientes. De ese comité parlamentario firma también Viviana Delgado.

El grupo de diputados cuestiona el viaje de Allamand a España, que precipitó su salida del gobierno, en momentos en que se desarrollaba una crisis en la zona norte asociada a protestas por inseguridad relacionada a la migración irregular desde Bolivia y Perú.

En la presentación de los legisladores se acusa al excanciller de “haber comprometido gravemente el honor o la seguridad de la nación”.

En noviembre de 2021 el exministro fue electo secretario general iberoamericano. El jueves 3 de febrero de este año, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación del Gobierno de España, José Manuel Albares, difundió en sus redes sociales fotografías de la primera “reunión de trabajo” con Allamand, entonces secretario general electo de la entidad que agrupa a 22 países.

La Cancillería entonces informó que la autoridad estaba “haciendo uso de su feriado legal desde el lunes 31 de enero” y que retomaría sus funciones el lunes 14 de febrero.

El 6 de febrero, sin embargo, Allamand presentó su renuncia al Ministerio de Relaciones Exteriores en medio de la polémica. A los dos días estaba asumiendo su nuevo cargo en España.

“Jamás hubo ni asomo de abandono de deberes”, afirmó el excanciller ante los cuestionamientos en entrevista con La Tercera.

Diez diputados bastan para presentar el libelo hasta tres meses después de que un ministro deje el cargo. La acusación ya se había barajado apenas renunció. El plazo estaba apunto de cumplirse.

Los diputados buscan que la acusación sea acogida por la Cámara de Diputados y elevada Senado de la República, para que en caso de ser aprobada la exautoridad quede inhabilitada para desempeñar cualquier función pública, sea o no de elección popular por el término de cinco años.

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