Este lunes se desarrolló una sesión extraordinaria del Consejo de Seguridad de la ONU en Nueva York, a propósito de la operación de Estados Unidos en Venezuela.

En la instancia, la embajada de Chile en la ONU, Paula Narváez, condenó la incursión estadounidense y planteó que la situación que afecta a Venezuela debe abordarse mediante “procesos pacíficos” y no vía militar.

“Chile desea expresar su profunda preocupación, y firme condena por las acciones militares unilaterales de los Estados Unidos sobre el territorio de la República Bolivariana de Venezuela. Asimismo, reiteramos consistentemente nuestro firme compromiso con el respeto al derecho internacional, la soberanía y la integridad territorial, la solución pacífica de las controversias, la prohibición de la amenaza o el uso de la fuerza, y el pleno respeto de los derechos humanos”, dijo.

Luego agregó: “Ya lo dijimos en nuestra intervención del 23 de diciembre, y lo reiteramos hoy, Chile no reconoce el régimen de Maduro, pero las graves violaciones a los derechos humanos que enfrenta Venezuela no tienen una solución militar, y solo pueden abordarse mediante procesos pacíficos, graduales e inclusivos, que consideren las legítimas aspiraciones del pueblo venezolano”.

“El respeto del derecho internacional no admite excepciones, incluso cuando se trata de abordar la ilegitimidad de un presidente”, defendió Narváez.

“El futuro de Venezuela debe construirse con elecciones libres, participación ciudadana y acompañamiento internacional, y no con acciones que puedan abrir precedentes peligrosos o escalar tensiones en la región con consecuencias graves para la población”, continuó.

“Chile, como testigo de la historia, desde su propia experiencia en la pérdida de la democracia, donde existió injerencia extranjera que causó profundo daño y dolor en el pueblo chileno, logró recuperar la democracia en un proceso de transición llevado adelante con apoyo de la comunidad internacional, la fuerza de la ciudadanía organizada y la vía institucional”, añadió.

Finalmente, subrayó: “Como fue recientemente señalado por los jefes de Estado de Brasil, Chile, Colombia ,México, Uruguay y España, manifestamos nuestra preocupación ante cualquier intento de control gubernamental, de administración o apropiación externa de recursos naturales y estratégicos, lo que resulta incompatible con el derecho internacional y amenaza a la estabilidad política, económica y social de la región”.