Fiscal nacional abre investigación de oficio por presunto fraude en gastos de campaña de Karina Oliva

Para encabezar dicha indagatoria fue asignado el fiscal regional Metropolitano Sur, Héctor Barros.




Esta tarde, el Ministerio Público informó que el fiscal nacional, Jorge Abbott, ordenó la apertura de una investigación de oficio contra Karina Oliva, por presunto delito de fraude de subvenciones en su declaración de gastos de campaña a gobernadora. Para encabezar la indagatoria fue asignado el fiscal regional Metropolitano Sur, Héctor Barros.

Esto, luego de que el miércoles se diera a conocer -a través de un reportaje de Ciper- que el equipo asesor de la excandidata a gobernadora por la Región Metropolitana y actual candidata a senadora por la misma región, Karina Oliva (Comunes), presentó ante el Servicio Electoral (Servel) boletas de honorarios por un total de $137 millones. El monto, según lo informado al Servel, correspondería al trabajo de siete integrantes del núcleo cercano de Oliva durante su campaña para gobernadora, todos ellos de su mismo partido, incluyendo el presidente de la tienda, Jorge Ramírez, quien el miércoles renunció a su cargo.

Durante este jueves Karina Oliva salió al paso de las críticas y señaló que no había sobresueldos en su equipo de campaña y que “solicitamos lo que gastamos”. Agregó que su campaña, al pasar a segunda vuelta, se extendió por seis meses. “El sueldo, si tú corroboras las personas que están acá, y lo divides por esos seis meses, ninguna gana más de dos millones y medio de pesos. Hay dos casos que son distintos (...) hay dos personas que puede ser más, uno es mi jefe de campaña (Martín Miranda)”.

En tanto, y aunque el miércoles el candidato presidencial del bloque, Gabriel Boric, había salido a criticar la situación de la candidata de Comunes y señaló que ameritaba una investigación, este jueves el abanderado de Apruebo Dignidad endureció el tono y dijo que Oliva “no cuenta con mi apoyo”, al tiempo que respaldó la decisión de partidos del FA de llamar a votar por otras candidaturas al Senado por la Región Metropolitana.

La investigación del Ministerio Público

Según informaron desde el Ministerio Público, la decisión de abrir una investigación de oficio se fundó en las recomendaciones de un informe de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional (UNAC), la que tras analizar los antecedentes revelados por la prensa “concluyó que podría configurarse el delito de fraude de subvenciones, en la medida que, según se ha publicado, ‘se habrían rendido gastos electorales mendaces’, de boletas y facturas por bienes y servicios que no habrían sido prestados, existiendo documentos ideológicamente falsos”.

De acuerdo a esta resolución, esto “sería indiciario de una conducta fraudulenta, con la finalidad de obtener los aportes fiscales regulados en los artículos 13 y siguientes de la Ley de Gasto Electoral”-

El Ministerio Público informó que el delito en cuestión, es de carácter común y de acción penal pública, “por lo que la Fiscalía puede perseguirlo de oficio, a diferencia de los delitos electorales en los que para abrir una causa requiere la presentación de una denuncia o querella del Servel”.

La decisión de Abbott también tuvo en cuenta la denuncia presentada este jueves por los diputados UDI Jorge Alessandri (UDI) y Guillermo Ramírez, junto a su par de Evópoli, Luciano Cruz-Coke, en contra de Oliva, por hechos que calificaron como constitutivos del delito de fraude de subvenciones, previsto en el artículo 470 N°8 del Código Penal.

Sobre el nombramiento del fiscal Barros, el escrito indica que “teniendo en consideración la gravedad y complejidad de los hechos relatados, la investigación penal que deberá abrirse, deberá estar a cargo de un Fiscal Regional”.

Sin embargo, un eventual panorama favorable para Oliva en las elecciones parlamentarias modificaría el escenario de la investigación. Si es electa como senadora este domingo contará con fuero desde ese día para enfrentar la investigación penal en su contra. Es decir, para solicitar medidas cautelares o detención, la Fiscalía deberá desaforarla antes en tribunales.

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