A través de la Cámara de Diputados, el gobierno ingresó este viernes el proyecto de ley que fortalece las facultades fiscalizadoras de la Contraloría General de la República.

La necesidad de robustecer a la entidad que dirige la contralora Dorothy Pérez, surgió tras la detección de casos de funcionarios públicos que se ausentaban irregularmente de sus trabajos para viajar al exterior, valiéndose de licencias médicas.

Fue precisamente la contralora la que planteó dotar de mayores atribuciones a la entidad administrativa, ya que la fiscalización no fue del todo expedita por trabas burocráticas y ciertas restricciones legales.

Acogiendo ese llamado, bancadas de parlamentarios presentaron proyectos de ley, entre ellos los senadores y diputados de RN, aun cuando existían dudas de la constitucionalidad de esas mociones, debido a que se inmiscuían en facultades exclusivas del Presidente de la República para determinar funciones de servicio públicos, lo que eventualmente podría irrogar más gasto fiscal.

Sin embargo, para superar ese debate, La Moneda presentó una nueva propuesta, elaborada conjuntamente entre el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que encabeza la ministra Macarena Lobos (indep.), con la Contraloría, y que eventualmente podría fusionarse con algunas iniciativas parlamentarias.

Nuevas facultades

Una de las novedades de este nuevo mensaje presidencial es que plantea una potestad especial para que la institución administrativa pueda levantar el secreto bancario de aquellas cuentas institucionales dentro del Estado.

A diferencia del proyecto de Inteligencia Financiera que -ante investigaciones criminales o sospechas de lavado de dineros-, busca abrir el secreto bancario para personas naturales o entes privados, en este caso solo se aplicaría a cuentas de servicios públicos.

El proyecto del Ejecutivo señala que la Contraloría podrá solicitar directamente a cualquier institución bancaria o financiera información de operaciones o de actividades de inversión que realicen entidades sujetas a su fiscalización.

En caso de incumplimiento en la entrega de la información, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) podrá aplicar sanciones.

A su vez, los órganos sujetos a la fiscalización de la Contraloría deberán reportar mensualmente los saldos de todas las cuentas bancarias institucionales y de cuentas de depósito de cualquier naturaleza. Igualmente deberán poner a disposición esta información cuando se hagan inspecciones e investigaciones.

Corporaciones y alcaldes

Otro de los ejes del proyecto será dotar a la institución fiscalizadora de una potestad sobre corporaciones y asociaciones municipales y regionales, para transformarlas en órganos fiscalizables.

Además, en caso de constatar una vulneración grave al principio de probidad o un notable abandono de deberes por parte de un alcalde o gobernador regional, la Contraloría podrá requerir al Tribunal Electoral Regional o al Tribunal Calificador de Elecciones que determine si procede aplicar la remoción en el cargo.

El Consejo de Defensa del Estado podrá asumir el patrocinio de remoción de la autoridad respectiva. En caso contrario, le corresponderá a la Contraloría asumirlo.

“Hemos estado trabajando con la contralora y presentamos el proyecto de ley para efectos de fortalecer algunas facultades de la Contraloría en términos de acceso a la información, la posibilidad del levantamiento del secreto bancario de las cuentas de los servicios, algunos temas en materia de responsabilidad administrativa y la facultad de los sumarios”, dijo la ministra Lobos.

“Nosotros estamos haciendo una modificación en Ley Orgánica de la Contraloría, recogiendo parte importante de la de las propuestas que realizó la propia contralora en la lógica de fortalecer una cuestión que a nosotros nos parece importante y, que desde que llegamos, establecimos en la Estrategia Nacional de Integridad Pública”, añadió la titular de la Segpres.