Matthei y Orellana se enfrentan por término de convenio entre Providencia y el Ministerio de la Mujer

La alcaldesa de Providencia apuntó al gobierno por el término de la medida -que permitía a la comuna representar a mujeres víctimas de violencia-, denunciando que 140 de ellas quedarían "sin absolutamente ninguna representación legal". La secretaria de Estado replicó contrarrestando la versión de la jefa comunal y asegurando que "no hay ninguna mujer que vaya a requerir atención".


La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, realizó un punto de prensa en La Moneda la tarde de este jueves para responder a las declaraciones que hizo la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, sobre un cierre “arbitrario” de un convenio entre ese municipio y la cartera de gobierno.

“Ante las declaraciones de la alcaldesa de Providencia lo primero que queremos hacer es un llamado a la responsabilidad hacia las mujeres que viven violencia. No hay ninguna mujer que vaya a requerir atención, de Providencia, en nuestro Servicio Nacional de la Mujer, que no la vaya a a tener. No hay ninguna de estas 140 mujeres cuya atención jurídica dependa del Servicio Nacional de la Mujer, pero si lo llegan a necesitar vamos a estar para ellas”, expresó la secretaria de Estado.

Durante la mañana, Matthei había cuestionado el término de un convenio entre el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) y la municipalidad, que permitía a la comuna representar de manera legal a mujeres víctimas de violencia. La alcaldesa afirmó que 140 mujeres de Providencia y otras comunas de la Región Metropolitana quedarán sin representación legal en distintos casos de violencia y riesgo grave vital.

De acuerdo a los antecedentes entregados por el municipio, hasta el año 2021 SernamEG aportaba más $200 millones a la Municipalidad de Providencia para la atención de mujeres víctima de violencia. A partir del año pasado la municipalidad renunció al aporte financiero para que así esos fondos se pudieran entregar a otras comunas que lo necesitaran, y de esta forma, los recursos pasaran a ser cubiertos de manera íntegra por el municipio. Además, se mantuvo la facultad para representar de manera legal a las víctimas.

El año pasado, según esa versión del municipio, enviaron la renovación del convenio -con fecha 17 de febrero de 2022-, y luego de ello, renunciaron al traspaso de fondos. El día 10 de enero habrían oficiado a SernamEG, solicitando continuar el trabajo el conjunto y miércoles a las 17.00 horas se les habría comunicado el término del convenio. Luego, a las 18.00 horas, les habrían derivado un caso de riesgo grave vital.

“Aquí no hay ninguna animadversión a ningún municipio en particular. El mandato del Servicio Nacional de la Mujer y del Ministerio de la Mujer es hacia todas las mujeres. Trabajamos con municipios de todos los colores políticos y de todas las regiones con más de 60 mil mujeres atendidas al año”, replicó la titular de la Mujer.

Orellana recordó que el año pasado la alcaldesa anunció que devolvería los dineros que le eran entregados desde el gobierno central para el funcionamiento de la oficina de la Defensoría de la Mujer de la comuna. Según la versión de la cartera, con la finalidad de no salir de forma abrupta, se estableció entonces un convenio de asesoría técnica que finalizó el 31 de diciembre. La ministra afirmó que cuando el municipio, fuera del plazo, solicitó extender la asesoría se les informó que “no se cumplieron los términos” del convenio que consideraban información que no les hicieron llegar.

“Queremos descartar que haya arbitrariedad o algún tipo de discriminación o mala voluntad hacia la comuna de Providencia, porque esto va más allá de su alcaldesa. El convenio que se cerró es un convenio de asesoría técnica, no de revisión caso a caso y ese convenio fue nuestra forma de salir amablemente del municipio luego de que la misma alcaldesa, en abril de 2020 nos cerró unilateralmente el convenio”, aseguró la ministra Orellana.

“Este lamentable episodio de mala información respecto a cómo funciona el circuito de atención a las mujeres que sufren violencia nos vuelve a reiterar la importancia de que aprobemos de una vez la ley integral de violencia contra las mujeres, porque no puede ser que por diferencias de opinión de una alcaldesa, o porque cambia un gobierno municipal, pueda estar en peligro la continuidad del servicio”, agregó.

El SernamEG, por su parte, también emitió un comunicado contrarrestando la versión de Matthei.

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