En un verdadero dolor de cabeza para el presidente del Senado, Manuel José Ossandón (RN), se ha transformado el futuro del secretario general de la corporación, Raúl Guzmán.

Esto, porque al interior de la Cámara Alta existen dos grandes posiciones respecto al futuro del funcionario: respaldar a Guzmán o, derechamente, que termine sus funciones el 10 de marzo, tal como lo establece su contrato.

Esto ha tensionado el clima al interior del Senado, desde donde reconocen que abordar el tema públicamente podría generar un debate de alto calibre que deje a varios heridos.

Por lo mismo, en la última reunión de comité que se desarrolló en las dependencias del Congreso de Santiago, se definió que la comisión de Constitución elabore un informe en derecho en el cual sugiera a la sala cómo deben proceder.

Pese a los ruidos que existen por la posibilidad de que a Guzmán se le prorrogue por 30 días -una posibilidad que siempre estuvo sobre la mesa y que estas semanas se volvió a reactivar- Ossandón ratificó la decisión adoptada por los comités.

“Después de que llegue la respuesta de la comisión de Constitución se tomarán las decisiones”, afirmó el timonel del Senado al ser consultado por este medio.

De hecho, la instancia que preside su colega de bancada, Paulina Núñez (RN), está citada para el próximo lunes 2 de marzo -la primera sesión que tendrán luego del receso- para que se aboque a lo solicitado por los comités.

La duración que tendrá esta sesión da cuenta de lo complejo de la decisión que adoptará este espacio legislativo. En una inusual programación, la instancia sesionará durante cuatro horas, de 09.00 a 13.00 horas.

Aliados y detractores

De acuerdo con lo que se ha conversado entre los senadores, no se apostaría por un concurso público tradicional, que puede demandar meses y un alto costo presupuestario, sino más bien un procedimiento abreviado y abierto al que se podría nominar a abogados del Congreso o bien a juristas de trayectoria que gocen de reconocimiento transversal.

La salida no es sencilla: salvo la bancada de siete senadores del Partido Socialista, que ya le declaró su pleno apoyo a Guzmán, la mayoría de los comités están divididos. En contra del abogado y exfiscal pesan las quejas por el clima laboral.

Por ejemplo, en el PPD el principal aval del secretario es el senador Jaime Quintana, pero su par Pedro Araya ha sido un crítico de su gestión. En la DC la mayor detractora del alto funcionario es la senadora Yasna Provoste, pero su postura no es seguida completamente por sus pares de bancada. En RN, Ossandón es el opositor más visible, pero los senadores Francisco Chahuán y Paulina Núñez apoyan la continuidad del abogado.

La situación de Guzmán ya había generado un round en reuniones de comités anteriores a la última. En una de ellas, los socialistas se quejaron con Ossandón por su negativa a someter a votación de la sala la permanencia del secretario.

De hecho, fuentes del Senado señalan que el timonel de la corporación sigue en esa misma postura y no pondrá en tabla la continuidad de Guzmán.

Fórmula intermedia

Por términos contractuales, el mandato del secretario general “expira” el 10 de marzo de este año, por lo que su continuidad depende de que exista una votación que prolongue su administración como jefe de servicio.

Con esa interpretación, Ossandón, en su calidad de presidente del Senado, tiene la potestad de poner en tabla o no el asunto, pero ya le comunicó a Guzmán que la actual mesa no apoyará su continuidad.

El argumento del presidente de la Cámara Alta es que no debiera quedar amarrado un alto cargo y que es responsabilidad del próximo Senado decidir quién será su secretario en un proceso abierto, en el que podría volver a postular Guzmán.

“El secretario será elegido y podrá ser removido por la mayoría del Senado en votación secreta”, dice el reglamento de la institución, pero en vista de que en este caso existe un contrato con un mandato, la lectura que existe en la mesa es que no sería necesaria esa votación. Basta que el tema no se ponga en tabla.

Para sortear ese nudo, la fórmula intermedia sería la mencionada prórroga por 30 días. Sin embargo, el propio Ossandón ya la desechó.

Esto, pues tomar este camino significaría con contaminar todo el proceso de negociaciones para conformar un nuevo pacto de gobernabilidad, que implica acordar la rotación en la presidencia y la vicepresidencia del Senado, como también el control de las comisiones legislativas y de otros espacios del Poder Legislativo.