Fue el primer tema que afloró en el inicio de la discusión del megaproyecto del Presidente José Antonio Kast.

En la sesión de la Comisión de Hacienda del miércoles pasado, en la que comenzó a discutirse esta iniciativa, inmediatamente tras la cuenta el diputado Daniel Manouchehri (PS) fue el primero en hacer uso de la palabra.

Aunque el legislador socialista no es integrante de la instancia, que preside el diputado Agustín Romero (republicano), acudió especialmente a hacer varios “puntos” (críticas en la jerga parlamentaria) al proyecto misceláneo que contempla desde rebajas tributarias, fortalecimiento del empleo formal, facilitación regulatoria medioambiental, medidas de contención del gasto público, hasta fondos para reconstrucción de Valparaíso y el Biobío.

Su primer punto, que ya lo había hecho en la mañana en la sala de la Cámara, fue anunciar que presentaría una enmienda para que beneficios tributarios “a los más ricos no se aplique a los ministros y parlamentarios”, planteamiento que fue secundado por los diputados Boris Barrera (PC) y Jorge Brito (Frente Amplio).

Aunque el tema incomodó a Quiroz, ya que Manouchehri deslizaba una presunta falta de probidad de los ministros que poseen un alto patrimonio, minutos después el diputado Jaime Coloma (UDI) planteó algo parecido, limitado exclusivamente a la rebaja de contribuciones.

En vista de que este flanco comenzaba a crecer -de hecho, la oposición concurrió a la Contraloría y ratificó su voluntad de ir al Tribunal Constitucional para impugnar este y otros puntos-, este jueves la UDI dobló su apuesta.

El mismo Coloma anunció que su indicación abarcaría todos los beneficios fiscales del megaproyecto.

La jugada buscaba matar de raíz uno de los argumentos que estaba enarbolando la oposición, y en particular Manouchehri, para declarar su rechazo a la emblemática propuesta gubernamental con la que Kast pretende poner en marcha su “gobierno de emergencia”.

“Vamos a legislar de forma seria, y desde ese punto de vista vamos a presentar una indicación para que de los beneficios contenidos en esta ley se excluya a las máximas autoridades del país, incluidos los parlamentarios y los distintos ministros”, comentó el diputado Coloma, integrante de la Comisión de Hacienda.

“Así como estamos absolutamente disponibles para apoyar todas las medidas que impulsen la reactivación económica, también creemos que es fundamental evitar cualquier tipo de cuestionamiento público por los eventuales conflictos de interés que podrían existir. No nos parece prudente que las altas autoridades, partiendo por el presidente de la República, hasta los propios parlamentarios, nos podamos ver beneficiados directamente por las medidas en las que vamos a tener incidencia”, agregó la jefa de bancada de la UDI, Flor Weisse.

Incluso, la diputada junto a sus pares Sergio Bobadilla y Daniel Lilayu decidieron inhabilitarse cuando haya que votar la norma que busca eximir del pago de contribuciones a los mayores de 65 años, al verse directamente beneficiados en caso de aprobarse. Para ello, acordaron enviar durante esta semana una carta al presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri, informando dicha decisión.

Esta contraofensiva gremialista destinada a anular un punto a la oposición fue comunicada personalmente al ministro Quiroz, quien -tras la sesión de la Comisión de Hacienda del miércoles- concurrió a la oficina del comité de la UDI. Según algunos presentes, el jefe económico les transmitió que estudiaría la medida.

Según fuentes parlamentarias, desde el equipo de Quiroz se contactaron con la bancada UDI para informar que estaban evaluando la idea, ya que en vista de que se trata de un tema impositivo podría requerir patrocinio constitucional del presidente de la República.

Este hecho también fue informado a otras bancadas aliadas, incluso la del Partido Nacional Libertario, cuyos diputados se declararon completamente en contra, incluso durante el debate en la mencionada comisión.

Por ejemplo, el diputado Pier Karlezi (libertario) lo consideró como un acto poco serio. Este viernes, en el programa Desde la Redacción, de La Tercera, ratificó esa crítica y calificó esa medida como populista.

No obstante, el eventual patrocinio para excluir a autoridades con el fin de eliminar elementos controversiales de una tramitación ya se ha aplicado en el pasado.

En la reforma tributaria de 2014, tramitada durante la segunda presidencia de Michelle Bachelet, el gobierno accedió a patrocinar una indicación del entonces diputado Pablo Lorenzini (DC, fallecido en 2025), que sacaba a parlamentarios, ministros y al presidente de la República de la rebaja de impuestos a las personas. La idea era ahorrarse una polémica pública.

Siguiendo con ese mismo criterio, los impulsores de los retiros previsionales, aprobados entre 2020 y 2021, también excluyeron a los legisladores, a modo de anular las críticas de sus detractores de estar empujando una acción para autobeneficiarse.