Tensión en la Convención Constitucional por Consulta Indígena: Victorino Antilef renuncia a cargo de coordinador de comisión

El constituyente Victorino Antilef.

El convencional constituyente Victorino Antilef. Foto: Sebastián Beltrán Gaete / Agencia Uno.

El representante mapuche señaló haberse encontrado “ante la encrucijada de coordinar una comisión que pretende impulsar un proceso de consulta que ha adquirido contornos que significan un peligroso precedente para los futuros procesos de consulta y un retroceso en la lucha de los pueblos en búsqueda de su dignidad”.


Mediante un comunicado dado a conocer este lunes el convencional Victorino Antilef renunció al cargo de coordinador de la Comisión de Derechos de los Pueblos Indígenas y Plurinacionalidad de la Convención Constitucional, instancia que debe resolver aspectos vinculados al proceso de participación y consulta indígena contemplado en los reglamentos del órgano constituyente.

Antilef, independiente que representa en un escaño reservado al pueblo mapuche, leyó el comunicado en la sesión de la comisión, detallando los motivos de su renuncia.

“En ningún momento dentro de este proceso constituyente estuvo entre mis planes asumir un rol cuya obtención me obligase a negociar con conglomerados políticos para alcanzar dicho objetivo, no obstante, se me encomendó la tarea de coordinar esta comisión de manera unánime, la cual asumí con la mayor responsabilidad y con la plena confianza en la palabra que quienes me expresaron su apoyo y respaldo tanto como mapuche y como hermanos indígenas en el desafío de trabajar por lograr el pleno reconocimiento y garantía de los derechos de nuestros pueblos y naciones en el futuro texto constitucional. Lamentablemente dicha palabra no se ha respetado a cabalidad”, manifestó el directivo de la Asociación Mapuche Kallfülikan de Lanco.

El representante indígena señaló haberse encontrado “ante la encrucijada de coordinar una comisión que pretende impulsar un proceso de consulta que ha adquirido contornos que significan un peligroso precedente para los futuros procesos de consulta y un retroceso en la lucha de los pueblos en búsqueda de su dignidad”.

A su juicio, se estaría buscando “transformar flagrantemente la obligación del Estado de consultar las medidas administrativas y legislativas susceptibles de afectar a los pueblos indígenas en un mero proceso de participación mediante fichas que -por muy didácticas que se pretendan- no cumplen con los estándares internacionales ni en forma ni en su contenido”.

Antilef, constituyente que compartía el rol de coordinador con la representante kawésqar Margarita Vargas, expuso que “la pretensión de consulta mediante el documento base de las fichas didácticas aludidas y que sustituyó completamente el presentado por esta coordinación”, vulnera el reglamento de consulta y participación indígena “por cuanto las fichas didácticas no contienen la forma en que se concretizan y garantizan en el texto constitucional los derechos de los pueblos indígenas”.

A principios de diciembre la presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncon, advirtió que estaba en “riesgo la participación y consulta indígena” porque se carecía de los recursos para concretar el proceso. El diseño de la instancia ha generado una fuerte tensión entre los representantes de los pueblos originarios. Los convencionales han polemizado sobre aspectos de forma y fondo, con cuestionamientos, quejas y recriminaciones cruzadas, cuya mayor evidencia se dio en la votación de una enmienda sustitutiva al documento base que la coordinación de Antilef y Vargas elaboró para llevar adelante el proceso, cuestión en la que -incluso- se solicitó la intervención de la mesa ampliada de la Convención.

Respecto al tema de financiamiento, en su comunicado de este lunes Antilef cuestionó que “ante la presunta falta de recursos se ha intentado impulsar por parte de ciertos equipos de constituyentes la entrega absoluta de este proceso de consulta a entes privados como fundaciones, soslayando la obligación de Estado de implementar y ejecutar la consulta indígena, dejando tanto el procedimiento, resultados e información propia de las comunidades y territorios en manos de agentes que no necesariamente cuentan con la pertinencia cultural requerida, ni la confianza de las comunidades y de todos los territorios”.

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