El proyecto de ley que modifica el trabajo nocturno de mujeres embarazadas y personas que tengan bajo cuidado a menores de dos años genera preocupación en la industria de salud privada. Así lo expresó el pasado 16 de septiembre, la Asociación de Clínicas ante la Comisión del Trabajo de la Cámara de Diputados. La agrupación alertó que la iniciativa “implica una significativa contracción del empleo de esas personas, ya que existen 270 mil menores de dos años, en forma rotativa”.

El gremio -por medio de una minuta enviada a la Comisión- reflotó el recuadro que incluyó el Banco Central en su último Informe de Política Monetaria (Ipom), en el que calcula los impactos de las políticas laborales impulsadas por el Ejecutivo en el empleo. El ente emisor señaló que las leyes de salario mínimo y 40 horas han encarecido la contratación, reduciendo el empleo formal y acelerando la automatización.

“Siguiendo la línea de análisis del Banco Central, en lo relativo al empleo, esta nueva restricción al empleo de un grupo de trabajadores, insiste en medidas que se contraponen a la contratación de trabajadores de un grupo de terminado, ya que se restringen las facultades de organización y administración (crear turnos nocturnos) del empleador”, consignó la presentación del gremio y la minuta.

“Insistimos, que si se ha generado un conflicto en alguna institución de salud, ello se resuelve por vías de negociación y mediación, pero no es posible resolverlo con medidas restrictivas de aplicación general”.

Durante la sesión, el presidente de Clínicas de Chile, Javier Fuenzalida, realizó una exposición remota de 15 minutos. Si bien su presentación y minuta incluían una crítica al Banco Central, esta no fue mencionada verbalmente, ya que, debido al tiempo limitado, solo alcanzó a presentar las primeras diapositivas de su PowerPoint.

Clínicas de Chile agrupa a 49 prestadores acreditados en todo el país. El 53,4% de las prestaciones corresponde a pacientes de Fonasa. Cada año, 11 millones de personas se atienden en el sistema privado, donde se realizan 1,2 millones de intervenciones quirúrgicas y 83,2 millones de exámenes de diagnóstico. En total, 285 mil personas trabajan en clínicas privadas.

El proyecto nace de una moción de los diputados Ana María Gazmuri, Claudia Mix, Camila Musante, Carolina Tello, Andrés Celis, Juan Santana, Héctor Ulloa y Andrés Giordano, presidente de la Comisión del Trabajo. Segun el informe de los diputados que promueven la iniciativa, “la pandemia que azotó Chile dejó una grave brecha en los avances de inclusión laboral femenina, en políticas de corresponsabilidad y en medidas de conciliación de la vida laboral, familiar y personal”.

Agregan que “nuestro país, hasta 2020, tenía una nutrida agenda legislativa y desarrollo de políticas públicas en materias de género, entre ellas, aquellas relativas a la incorporación femenina en el mercado, regulación de la violencia de género, interrupción voluntaria del embarazo en tres causales, incentivos a la participación electoral, fortalecimiento en políticas de género en el sector público y privado, entre otras, aun estando al debe en materia de corresponsabilidad y reconocimiento del trabajo de cuidados”.

Sin embargo, para el gremio de Clínicas el proyecto viene a generar más problemas que beneficios. “El proyecto elimina la posibilidad de consentimiento individual, entregándose exclusivamente al sindicato, por lo que si no existe uno, no se podrá optar a jornada excepcional. Adicionalmente, se reduce el rol fiscalizador de la DT como ente especializado, sustituyéndolo por la sola autorización sindical, lo que restringe derechos ya reconocidos y desestima la institucionalidad laboral existentes”.

Asimismo, El proyecto impone exclusivamente a los prestadores de salud institucionales privados, una carga que no se aplica a ningún otro sector económico ni de servicios, generando un trato desigual y carente de justificación razonable.

“Se establece una diferenciación, discriminación y carga arbitraria, pues trabajadores de otros rubros que también operan con turnos nocturnos (transporte, seguridad, minería, etc.) no quedan sujetos a la misma restricción. Se produce un gravamen regulatorio concentrado en un sector específico, distorsionando la igualdad jurídica que debe imperar entre empleadores y prestadores de distintos ámbitos”.

Según el gremio la aplicación práctica de esta propuesta puede llegar a ser imposible o en extremo compleja, puesto que se entrecruzan al menos tres elementos a considerar como la complejidad de los turnos ya pactados, tanto diurnos, como nocturnos y mixtos; las remuneraciones asociadas al cumplimiento de turnos nocturnos y horas extraordinarias; y los acuerdos que al haber sido pactados en forma colectiva, no pueden retrotraerse mediante anexos individuales por tratarse de una cláusula en la que la parte es el sindicato y no el trabajador, implicando ello abrir nuevamente las negociaciones cerradas en las que se han llegado a acuerdos sobre jornada y turnos.

“Incumplirlos podría constituir una práctica antisindical y desencadenar los juicios, indemnizaciones y sanciones respectivas”, agregó el gremio.

A raíz de este artículo, Clínicas de Chile A.G, señaló que “asistimos la semana pasada a la comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, para entregar nuestras consideraciones y puntos de vista técnicos respecto del proyecto de ley que busca modificar el cuarto turno. Esto, debido a que la norma podría implicar efectos sanitarios y afectar aspectos relevantes en la continuidad de atención de los pacientes, como también la variable laboral”.

Apoyo

La presidenta de la Federación Nacional de Sindicatos de la Salud Privada, Gloria Flores, expuso ante la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, donde manifestó su respaldo al proyecto impulsado por parlamentarios.

Durante su intervención, la dirigenta señaló que “proteger la maternidad y la infancia no es un beneficio individual, sino una inversión en el futuro del país. Garantizar condiciones laborales compatibles con el cuidado temprano es clave para la salud de las familias y para revertir la tendencia de baja natalidad”.

Asimismo, expresó que apoyan la iniciativa y solicitaron ampliar su cobertura a padres, tutores y adoptantes, con el objetivo de evitar discriminación indirecta y promover la corresponsabilidad en el cuidado, avanzando hacia un sistema laboral más justo e inclusivo.

“Proteger a las trabajadoras de la salud es también proteger a sus hijos y a los pacientes”, subrayó.

“Este Congreso tiene la oportunidad de avanzar hacia un país que no obligue a las mujeres a elegir entre la maternidad y su vocación profesional”, concluyó.