La trama del millonario fraude que sufrió el factoring Primus Capital tuvo un nuevo hito el viernes, cuando la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) notificó una sanción en contra de Deloitte y su socio Roberto Leiva Casas-Cordero, a quienes multó en 2.000 UF y 1.000 UF, respectivamente.

Leiva es uno de los históricos socios de la auditora, ya que forma parte de esta “big four” desde hace 25 años: su principal función es dirigir las auditorías de determinadas compañías que contratan los servicios de Deloitte.

El caso Primus comenzó en marzo de 2023, cuando el directorio presidido por el empresario Raimundo Valenzuela detectó un error administrativo que terminó destapando todo un esquema defraudatorio. Primus intentó cobrar una factura vencida que supuestamente había sido emitida por un prestador de servicios a la minera Gaby (Codelco). Al momento de ordenar el protesto y cobro del dinero, el factoring se percató de que el identificador tributario del documento era incorrecto. Al revisar los antecedentes, confirmaron que la factura era falsa.

Hoy, la Fiscalía mantiene a 99 personas imputadas por esta causa, que dejó un perjuicio total de US$100 millones al factoring. Los cuatro prinicipales imputados son: Francisco Coeymans, exgerente general de Primus; Ignacio Amenábar, exgerente comercial; Marcelo Rivadeneira, técnico en cocina; y Antonio Guzmán, abogado. Todos ellos, según la Fiscalía, habrían urdido un plan para defraudar a Primus Capital a través de la creación de sociedades de papel, consiguiendo millonarios fondos.

En el marco del proceso sancionatorio instruido por la Unidad de Investigación de la CMF —originado por la denuncia de los accionistas Inmobiliaria Estrella del Sur e Inversiones Estrella del Norte el 31 de julio de 2024—, Roberto Leiva, socio de Deloitte y responsable de las auditorías de Primus Capital entre 2020 y 2022, defendió su gestión. El profesional declaró en dos ocasiones ante la CMF: el 17 de abril de 2024 y el 5 de septiembre de 2025.

En ambas ocasiones, Leiva sostuvo que las técnicas estándar de auditoría enfrentan límites técnicos insalvables cuando se ven confrontadas con actos delictivos concertados directamente por la alta administración de una compañía.

“La propia AU 240 (norma técnica de auditoría) reconoce que cuando existe colusión de la alta gerencia, es posible que los procedimientos de auditoría no detecten la manipulación (...) La evidencia de pago podía ser igualmente manipulada o fabricada, de modo que el fraude habría pasado inadvertido incluso aplicando esa prueba”, declaró Leiva.

Leiva declaró que no se revisaron pagos individuales al analizar la trazabilidad: “Verificamos la trazabilidad de las operaciones de facturas a través de la documentación de soporte de la transacción. Sin embargo, no se revisaron pagos de facturas individualmente como procedimientos sustantivos”, aunque indicó que “se efectuaron procedimientos de auditoría asociadas al control interno del proceso de recaudación y cobranza”.

Leiva afirmó que que el equipo sí auditó el 100% de los cheques: “Participamos en los arqueos de 2.240 cheques... Se revisó la existencia de los cheques y que la información coincidiera con el listado obtenido”.

Al respecto, agregó: “Hasta el día de hoy yo no he visto los cheques falsos, solo conozco la información pública que la compañía señala... al parecer eran falsificaciones de buena calidad porque ellos no fueron capaces de identificar en sus procesos internos”.

Arqueo

La resolución sancionatoria también incluye el testimonio de un ex trabajador de Deloitte, Ángel Ñancuán, quien en julio de 2025 expuso a la CMF cómo se llevó a cabo el arqueo (revisión) de cheques en Primus Capital por parte de auditora, entre el 4 y 5 de enero de 2023.

Su relato describe un proceso de auditoría apresurado, ejecutado por personal sin experiencia previa en este tipo de tareas y con un método de revisión altamente vulnerable, lo que podría explica en cómo las irregularidades con los cheques en Primus pudieron pasar el filtro de la empresa auditora.

“El arqueo era dos días, y el arqueo lo hice en un día... fuimos medio día al día siguiente”, dijo.

“Al principio... se verificaba de a uno... por tiempo... no recuerdo de haber mirado todos los cheques, sino más del 50%... Cuando revisaba un cheque, miraba todos los datos... si yo quería lo tocaba, pero no había necesidad de tocarlo”, añadió.

Ñancuán admitió que este fue el primer arqueo de su vida, tanto dentro como fuera de Deloitte. También señaló que no recibió un protocolo detallado sobre cómo hacer el trabajo y solo recibió un correo genérico de asignación.

Otra ejecutiva de Deloitte que también declaró ante la CMF fue Soledad Fernández Jiménez, asistente, quien había ingresado a Deloitte en noviembre de 2020, y dijo que “antes de este procedimiento yo no había realizado otros arqueos”.

La ejecutiva contó al regulador que la revisión de los más de 2.200 cheques se hizo en dupla con Alejandro Huerta, ejecutivo de Primus. Según su relato, Huerta manipulaba los documentos y dictaba los datos en voz alta (“cantaba la data”), mientras ella se limitaba a buscar y cotejar la información (nombre, monto, fecha, serie, banco) en una planilla Excel en su computador.

Fernández reconoció expresamente que no tocó los cheques, argumentando que “por procedimiento no podemos manipular los documentos”.

Defensa

Deloitte señaló que si bien la firma respeta el rol de la CMF y sus procesos institucionales, discrepa de las conclusiones de la sanción, ya que no se ajustan a la normativa que regula la labor de auditoría. Lo anterior resulta evidente en cuanto pretende atribuir a un auditor deberes de autenticación de cheques, en circunstancias que no forma parte de los deberes del auditor detectar fraudes al interior de la compañía auditada, indicó.

La firma reiteró que, como ha sido públicamente informado, este fraude habría sido diseñado y ejecutado por altos ejecutivos de la compañía, lo que pone en cuestión la falta de control y supervisión de sus órganos internos, incluyendo a su propio directorio.

Deloitte informó que evaluará las opciones legales que contempla el proceso para impugnar la resolución.