En un claro golpe a las aspiraciones de las empresas de casinos de juegos, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) descartó que las condiciones especiales que incluyen las licitaciones de los permisos de operación para estos establecimientos de apuestas generen riesgos relevantes para la libre competencia.

En todo caso, sí propuso mejoras para los futuros procesos de adjudicación de licencias que lleve a cabo la Superintendencia de Casinos de Juegos (SCJ).

En una audiencia pública realizada en la tarde del miércoles ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), la coordinadora de la División Antimonopolios de la FNE, Julie Massmann, justificó esta afirmación señalando que tales exigencias están establecidas por la Ley de Casinos, aplican por igual a todos los interesados y son conocidas antes de presentar las ofertas.

La respuesta de la FNE surge a raíz de una consulta de Inversiones Marina del Sol, una de las tres principales operadoras de casinos de juegos del país, controlada por la familia Imschenetzky, del pasado 25 de mayo de 2026 al TDLC, con el fin de que esa corte especializada “se pronuncie sobre la compatibilidad con las normas de defensa de la libre competencia de las Resoluciones Exentas Nº108/2026, Nº109/2026, Nº110/2026 y Nº111/2026, del 23 de enero de 2026, y sus modificaciones, que aprueban las bases técnicas para los procesos de otorgamiento de permisos de operación de casinos de juego en las comunas de Iquique, Viña del Mar, Pucón y Coquimbo”, recordó la FNE en su informe.

Entre las condiciones especiales incluidas en las bases técnicas de las licitaciones se encuentran, por ejemplo, la obligación de presentar una oferta económica mínima garantizada, construir obras de ampliación o mejoramiento de los casinos como salones de eventos, mantener el 100% de las plantas de trabajadores de los casinos, o realizar obras de infraestructura en los alrededores de los establecimientos.

En su exposición, Massmann recordó que las condiciones tienen su origen en objetivos de política pública particulares establecidos en la Ley de Casinos, “como recaudar ingresos municipales y promover el turismo y el desarrollo local, intereses que en este caso en particular deben ser ponderados con la protección a la libre competencia, procurándose que el diseño de las licitaciones resguarde un nivel suficiente de rivalidad competitiva”.

Adicionalmente, la FNE advirtió que el principal riesgo que se presenta es que el conjunto de estas exigencias sea demasiado costoso y que los procesos sean declarados desiertos, como ocurrió en dos de las cuatro licitaciones convocadas.

Recomendaciones para futuros procesos

En las conclusiones de su informe, la FNE expone una serie de recomendaciones para mejorar los procesos licitatorios.

Por ejemplo, para las condiciones de “Construcción o ampliación de infraestructura turística” y de “Traspaso de activos al municipio sin indemnización”, plantea la necesidad de “realizar un análisis de impacto de las condiciones propuestas por las municipalidades, para que resulten proporcionales y compatibles con la viabilidad económica de los proyectos ofertados”.

En cuanto a la continuidad laboral del personal del casino, la FNE sugiere “proporcionar información clara y suficiente sobre aspectos que podrían generar costos para el futuro adjudicatario”.

Respecto a la oferta económica mínima exigida, recomienda que el “modelo utilizado para su cálculo debe incorporar requerimientos financieros derivados de otras condiciones” y que el “monto fijado debe mantenerse reservado por la SCJ hasta la apertura de las ofertas económicas”.

Y finalmente realiza una sugerencia específica para el proceso licitatorio del casino de Viña del Mar. Sobre el plazo de emplazamiento para operarlo, recomienda “adoptar medidas o impartir instrucciones para facilitar el acceso del futuro adjudicatario al inmueble municipal y la realización de actividades para preparar el inicio de la operación”.