La negociación del reajuste salarial para el sector público siempre es compleja. Las discusiones se extienden hasta última hora en busca de acuerdo entre el gobierno y los representantes de los funcionarios del sector público. Pero seguramente esta negociación será quizá más friccionada que años anteriores.

Al menos eso es lo que se anticipa luego que la oposición haya señalado que los recursos para el alza salarial no estaban incorporados en el Presupuesto 2026 debido a que en el proyecto de ley el gobierno estableció que los recursos en salarios del sector público se mantendrán “en valores nominales 2025”.

Y por lo mismo, fue uno de los temas que marcó la discusión del Presupuesto 2026 en la Comisión Mixta Especial de Presupuestos y fue uno de los argumentos que llevó a la oposición a rechazar este miércoles prácticamente la totalidad de las partidas en bloque, situación inédita desde 1990.

Todo esto generará un ingrediente adicional en esta negociación, puesto que pese a que el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, hizo varios llamados a la tranquilidad señalando que los recursos para un reajuste del sector público “está debidamente asegurado en el Presupuesto”, eso no convenció a los legisladores.

En medio de ese debate presupuestario, la mesa del sector público integrada por 16 asociaciones de funcionarios afinan la propuesta que presentarán al gobierno. Fuentes al tanto de las conversaciones entre los gremios del sector público afirman que la construcción de la cifra considera la inflación acumulada entre noviembre de 2024 y noviembre de 2025, la cual se espera esté en 3,7%. A ello le suman un factor por crecimiento económico.

Entre enero y agosto la actividad acumula un 2,4%, pero se espera que el año termine en 2,5%. Con esos dos factores se logra una cifra de 6,2% y se le agrega un “extra” para recuperar el poder adquisitivo, por lo que la cifra que hoy está sobre la mesa es del orden de 7% nominal.

La cifra está en línea con el 7,5% nominal que se solicitó en un comienzo en la negociación del año pasado. Luego de varias tratativas, la oferta final del gobierno fue de 4,9% nominal. Esta alza se aplicó en tres tramos: un 3% en diciembre de 2024, un 1,2% en enero de 2025 y un 0,64% final en junio de 2025.

Los 16 gremios que integran la mesa del sector público se reunirán el martes para ir concretando la propuesta que esperan entregar a mediados de noviembre.

Esto porque tradicionalmente, la negociación del reajuste del sector público se inicia durante la última semana de noviembre, aunque este año, los trabajadores públicos pretenden partir antes, dado el contexto electoral. El nuevo monto debe comenzar a regir el 1 de diciembre del 2025.

La mirada de los expertos

Entre los expertos la propuesta que piensa presentar el sector público está desajustada de la realidad fiscal del país. Y por ello, plantean que se debe aspirar a un registro más cercano a la inflación.

En ese sentido, Ingrid Jones, economista de LyD plantea que “un incremento nominal de esta magnitud significa un aumento de 3% real, que es por sobre la inflación y por sobre el reajuste real de la ley anterior”.

En ese sentido dijo que “hoy más que nunca se debe ser muy cauteloso en cuanto a la magnitud del reajuste, por la gran cantidad de recursos fiscales que significa y la debilitada situación fiscal de la economía, por lo que el gobierno debe asumir responsablemente esta negociación”.

Para la experta, “se debiese evaluarse un reajuste en torno a 4%, similar a lo que se proyecta de inflación. De esta manera se hace más sostenible el financiamiento y no se suma un gasto adicional para el próximo año, que además es punto referencia para negociaciones futuras”.

Mientras que para el director del OCEC-UDP, Juan Bravo, “es un valor que está bastante por sobre la inflación. Al mismo tiempo, la productividad laboral ha estado estancada en los últimos 4 años, por lo que existen pocos fundamentos para un reajuste salarial por sobre la inflación, más aún en el actual contexto de estrechez fiscal”.

En la discusión por el reajuste del sector público también se espera que se aborden temas en materia legislativa laboral. Acá se debe volver a analizar el proyecto de ley de 40 horas para el sector público y el teletrabajo, entre otras materias.