A dos años de la entrada en vigor de la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor (REP), el sector privado ha dado señales claras de compromiso. Según el informe “Ley REP en Acción: Radiografía del Cumplimiento Empresarial, Desafíos y Oportunidades para Chile”, elaborado elaborado por el Grupo de Empresas Líderes por el ODS 12 de la Red Pacto Global Chile, un 79,5% de las empresas adheridas ya está incorporada a sistemas colectivos de gestión como ReSimple, PROREP o GIRO, mientras que un 87,2% declara interés en participar en redes colaborativas para acelerar la implementación. No obstante, un 50% señala dificultades en la complejidad de las declaraciones, y un 45% en los costos asociados a la implementación.

El estudio, basado en una encuesta aplicada entre diciembre de 2024 y abril de 2025, ofrece un registro del estado actual de la ley que busca fomentar la economía circular y reducir la generación de residuos en Chile. Entre sus hallazgos destacan la amplia adhesión empresarial a los sistemas de gestión, pero también altas brechas técnicas, costos operativos y falta de claridad normativa que dificultan su implementación.

“La Ley REP ofrece una oportunidad concreta para que las empresas transformen su gestión de residuos en valor económico, social y ambiental”, destacó Margarita Ducci, directora ejecutiva de Pacto Global Chile. El informe destaca que el 87,2% de las empresas manifiesta interés en participar en redes colaborativas, “lo que demuestra una fuerte disposición del sector privado a compartir conocimientos y experiencias para enfrentar el desafío que significa la implementación de la Ley REP”, afirmó.

Para Ducci, plataformas como el Grupo de Empresas Líderes por el ODS 12 o sistemas colectivos de gestión como ReSimple son esenciales, ya que “transforman el cumplimiento normativo en un proceso de aprendizaje compartido y de cooperación intersectorial. Es así como, en el marco del ODS 12, estas plataformas cumplen tres funciones estratégicas: aceleran la transición hacia la economía circular, disminuyen los costos y la complejidad individual del cumplimiento, y fomentan una cultura de corresponsabilidad”.

Sin embargo, advierte que muchas empresas todavía entienden la sostenibilidad como un ámbito separado del negocio. “La Ley REP, y en general las metas del ODS 12, requieren que las empresas alineen sus procesos productivos, decisiones de inversión y gestión de residuos con objetivos ambientales medibles y verificables. Integrar sostenibilidad y productividad es clave porque refuerza la competitividad, aumenta la resiliencia y fortalece la reputación”.

Desde el sector empresarial, Juan Carlos Corvalán, gerente de Sostenibilidad y Cumplimiento de Sodimac, indicó que como empresa, han enfrentado estos desafíos mediante “su participación en sistemas colectivos de gestión y la digitalización de procesos internos”.

“Sodimac ha implementado una plataforma de gestión de datos de empaques para recopilar y estandarizar información de más de 30.000 SKU (Unidad de Mantenimiento de Stock), lo que permite automatizar reportes y detectar oportunidades de mejora en materialidad y diseño de envases”, explicando, que esto no solo reduce los residuos que van a disposición final, sino que genera sinergias con los sistemas REP, aumentando los volúmenes recuperables y facilitando su trazabilidad.

Por su parte, Daniela Bertoglia, gerente corporativa de Sostenibilidad de Grupo Falabella, indicó que, “más allá del cumplimiento normativo, el valor de esta ley reside en las oportunidades que ofrece para transformar nuestro negocio. La Ley REP no es solo una obligación, es una plataforma para innovar, diferenciarse y generar ventajas competitivas”.

Desde la perspectiva de los sistemas de gestión, Macarena Palma, gerente de Marketing y Asuntos Públicos de ReSimple, destacó el valor de la colaboración: “El trabajo con el sector público-privado debe ser de un espíritu y práctica colaborativa. Actuando de forma alineada es la única forma en que avanzaremos en la correcta implementación de la ley y, por consecuencia, en la creación de una cultura del reciclaje en el país”.

ReSimple reúne 1.115 empresas socias, 125 convenios municipales y cerca de 2 millones de viviendas cubiertas con recolección domiciliaria. “Números que dan cuenta de los avances en la responsabilidad de las empresas con cumplir la normativa, pero hay que continuar la tarea de sensibilizar mediante espacios de conversación entre el sector público y privado sobre la importancia de cumplir con las obligaciones que establece la Ley REP”, dijo Palma.

Complementando el diagnóstico del informe, el Foro REP 2025, realizado entre el 14 y 16 de octubre, reveló trabas estructurales en implementación de la ley. Entre ellas destacan la baja valorización reportada por los GRANSIC (Gran Sistema de Gestión Colectivo), que no considera residuos valorizados por fuera del sistema; altos costos logísticos en regiones sin centros de acopio; falta de transparencia en licitaciones; y escasa educación ambiental ciudadana, responsabilidad asignada por ley a los municipios, pero sin los recursos necesarios.