La administración de Donald Trump derogó esta semana la base jurídica que durante casi dos décadas permitió al gobierno federal regular las emisiones de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero en Estados Unidos.

Según informó The Washington Post, la Agencia de Protección Ambiental (EPA) anuló el llamado “dictamen de peligro”, una opinión legal de 2009 que establecía que estos contaminantes amenazan la salud y el bienestar público.

¿Qué implica esta derogación?

La medida representa un giro estructural en la política ambiental estadounidense.

El dictamen, emitido hace casi 17 años, concluyó que el gobierno tenía una base legal sólida para regular los gases de efecto invernadero bajo la Ley de Aire Limpio.

A partir de esa decisión se implementaron límites a las emisiones de automóviles, centrales eléctricas y otras industrias responsables de gran parte de la contaminación que contribuye al calentamiento global.

En un evento en la Casa Blanca, Trump calificó la decisión como “la mayor desregulación en la historia de Estados Unidos”, y agregó: “Y creo que podemos añadir la frase ‘con diferencia’”.

La derogación elimina de inmediato los estándares federales sobre gases de efecto invernadero en automóviles y camiones, y podría tener efectos más profundos si los tribunales respaldan el nuevo razonamiento legal de la agencia.

La historia de esta política

La política original surgió tras un fallo clave de la Corte Suprema en el caso Massachusetts v. EPA (2007), que determinó que la agencia tenía autoridad para regular el dióxido de carbono y otros contaminantes climáticos bajo la Ley de Aire Limpio.

Desde entonces, el dictamen de peligro se convirtió en la piedra angular de la normativa climática federal.

Durante años, grupos conservadores e industriales intentaron revertirlo sin éxito.

Incluso en enero de 2021, al final del primer mandato de Trump, la propia EPA rechazó peticiones que cuestionaban su base científica y afirmó que la evidencia que lo respaldaba era “sólida, extensa y convincente”.

Tan recientemente como fines de 2023, la Corte Suprema se negó a escuchar un caso que buscaba impugnarlo.

Sin embargo, ahora en el segundo mandato de Trump, la agencia, ahora encabezada por Lee Zeldin, avanzó rápidamente en su eliminación.

Zeldin sostuvo que la medida busca equilibrar el crecimiento económico con la protección ambiental y ha argumentado que las políticas climáticas implican costos de hasta un billón de dólares (millón de millones).

Las reacciones del cambio

Conservadores y grupos industriales celebraron especialmente el fin de las restricciones a las emisiones vehiculares, señalando que permitirá a los fabricantes producir automóviles que los consumidores “quieran comprar”, en lugar de incentivar la transición hacia vehículos eléctricos.

Organizaciones ambientalistas anunciaron acciones legales inmediatas.

“Es imposible conciliar la decisión de la EPA con la ley, la ciencia y la realidad de los desastres que nos afectan cada año con más fuerza”, declaró Abbie Dillen, presidenta de Earthjustice.

Dan Becker, del Centro para la Diversidad Biológica, afirmó que eliminar las normas sobre emisiones de escape perjudicará a las familias estadounidenses “para que las gigantescas compañías automotrices y petroleras puedan obtener ganancias a corto plazo”.

Si los tribunales validan el nuevo enfoque legal, advierten analistas citados por The Washington Post, futuras administraciones podrían quedar impedidas de volver a regular las emisiones de CO2 bajo la Ley de Aire Limpio, cerrando una era en la política climática federal de Estados Unidos.